El Gobierno español reconoce haber colocado al menos 404 controles de la Guardia Civil en Nafarroa en 2017

El Gobierno español, en una respuesta parlamentaria a EH Bildu, reconoce que a lo largo de 2017 la Guardia Civil realizó un total de 943 controles de carretera en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.

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A lo largo de 2017 en Hego Euskal Herria hubo una media de 2,6 controles de la Guardia Civil al día. Enero fue el mes con más «dispositivos operativos en vías públicas», con 196 controles, triplicando los instalados en junio y julio y cuadriplicando los de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Son datos extraídos de las informaciones solicitadas por EH Bildu al Ministerio del Interior. Tras la pregunta de la diputada Marian Beitialarrangoitia sobre el accidente provocado el 31 de enero por un control de la Guardia Civil en Argantzun, el Gobierno español ha informado de que durante 2017 la Guardia Civil realizó un total de 539 controles en la CAV y 404 en Nafarroa.

En el citado accidente se vieron implicados tres coches y un camión, y fue necesaria la presencia de equipos de emergencia para atender a los heridos. Los testigos indicaron que la Guardia Civil retiró el control tras el siniestro. Inmediatamente, la diputada de EH Bildu registró una batería de preguntas para conocer más detalles de lo ocurrido y saber cuál fue el motivo concreto por el que se instaló un control de carretera a pocos metros de la salida de Argantzun, y si estaba debidamente señalizado.

«¿Toma la Guardia Civil las debidas precauciones y medidas de seguridad para que sus controles sean visibles para los coches y no originen situaciones de peligro? ¿Considera que el punto en el que se instaló el control suponía un riesgo para los vehículos?», cuestionaba la diputada soberanista, a lo que el Gobierno ha respondido que tanto el estado de la vía como la ubicación y la visibilidad fueron «adecuadas», si bien admite que desmontó el dispositivo nada más producirse el accidente para auxiliar a los afectados.

En ese sentido, el Gobierno español justifica el dispositivo diciendo que «su finalidad era combatir de forma integral el tráfico de hachís» y asegura que en los despliegues de la Guardia Civil sobre las vías públicas «prima garantizar la seguridad vial».

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