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El Foro Sozial cree que tras las repatriaciones a prisiones vascas o acercamientos a cárceles cercanas a Euskal Herria de la mayoría de los y las presas políticas, se abre una segunda fase en la que la existencia de mayorías y consensos transversales institucionales, políticos, sindicales y sociales son suficientes para que cuestiones como las progresiones de grado, los permisos carcelarios o las libertades condicionales se contemplen en una fase integral y definitiva de resolución, pese a las trabas que puedan ir surgiendo, contribuyendo así la construcción de la convivencia democrática.

Al caracterizar esta segunda fase, el Foro Social permanente subraya dos cuestiones relevantes. Una: La situación actual, con la mayoría de las personas presas encarceladas en centros penitenciarios periféricos de Euskal Herria y en segundo grado “debe ser una etapa transitoria”; y dos: es previsible que el cambio en política penitenciaria “no sea lineal, si bien la nueva situación política que se vive en el país desde hace diez años demanda avances hacia la superación de esta problemática”.

El Foro Social Permanente destaca para esta segunda fase la necesidad de definir un plan de reintegración “con garantías suficientes de que los itinerarios podrán recorrerse y serán acompañados desde Instituciones Penitenciarias y las autoridades competentes, con los recursos necesarios”. Ese plan debería consensuarse entre los diferentes agentes, incluidas las personas presas, y ser pilotado desde las instituciones.

El Foro opina también que hay otras cuestiones relacionadas con la legislación excepcional puesta en vigor en las últimas décadas que requieren solución urgente, adecuada y acorde con los nuevos tiempos políticos, como la acumulación de penas cumplidas en el Estado francés y las condenas dictadas con aplicación de la ley 7/2003. “Son cuestiones complejas, que requerirán un pensamiento innovador cercano a las fórmulas de la justicia transicional y la desactivación de una legislación que nació como consecuencia de una estrategia antiterrorista ya innecesaria”, dice el Foro.

Lobby involucionista contra la reintregación

La existencia de un ”lobby” contrario a estos cambios y a nuevas medidas penitenciarias en determinados ámbitos judiciales como el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, la Fiscalía y la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es motivo de preocupación para el Foro, que ve “un claro riesgo de bloqueo en procesos que deberían ser fluidos puesto que encajan en los parámetros marcados por la legislación y reglamento penitenciarios”. El Foro observa “claras posiciones involucionistas” en los autos judiciales sobre progresiones de grado, acercamientos o concesión de libertades.

“Cabe hablar de posiciones muy ideologizadas, alentadas desde posiciones políticas definidas en contra de la apertura de nuevos tiempos, que buscan frenar procesos que se derivan de una aplicación normalizada de la legislación penitenciaria ordinaria. En ocasiones, se apoyan en cuestiones jurídicamente interpretables, pero en otros casos resulta evidente que se construyen sobre ciertas interpretaciones de las normas jurídicas que aparecen contrarias a Derecho”, critican desde el Foro.

El Foro pide “criterios muy claros y consensos reforzados” para sostener la reclamación extendida de que se posibilite el tránsito de estas personas presas por los itinerarios de reintegración previstos en la legislación ordinaria “sin requisitos añadidos en sus procesos, descartando definitivamente la imposición de artículos introducidos en momentos históricos afortunadamente superados”.

Siete puntos para la segunda fase
El Foro Sozial ha resumido en 7 las medidas que se deberían de adoptar en el proceso de reintegración de los y las presas políticas vascas. En primer lugar, el traslado cuanto antes de todos los presos y presas a cárceles vascas. En segundo lugar, posibilitar la progresión a tercer grado de las 119 personas que ya han cumplido la mitad de la condena y reúnen los requisitos objetivos necesarios. La tercera medida sería la concesión de los permisos ordinarios de salida de otras 34 personas más que ya han cumplido al menos una cuarta parte de la condena.

En cuarto lugar, definir un plan de reintegración que, pilotado desde las instituciones públicas y consensuado con los diferentes agentes, incluidas las personas presas, permita el acompañamiento a éstas en su itinerario individual de reintegración, tanto en el camino de acceso a libertad condicional como en la posterior reintegración social. Añade el Foro la necesidad de diseñar un itinerario de reintegración con garantías suficientes de que los pasos dados tendrán recorrido y serán acompañados desde Instituciones Penitenciarias y las autoridades competentes.

En sexto lugar, que se proceda a la acumulación de penas cumplidas en el Estado francés, y en el mismo sentido, que a las personas condenadas con aplicación de la ley 7/2003 en el Estado español y cuyos castigos son en realidad una condena perpetua, se les de una solución basada en la justicia transicional aplicada en otros procesos a nivel internacional.