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El Foro Social ha elaborado el documento que recoge datos y opiniones de expertos y profesionales conocedores de la actual situación de páctico bloqueo de permisos y terceros grados a los y las presas políticas vascas.

El abogado Juanje Soria y la portavoz del  Foro Social Permanente Expe Iriarte han hecho entrega del documento adjunto al Delegado del Gobierno Jose Luis Arasti y a los grupos parlamentarios que componen el Parlamento Foral. El documento también ha sido remitido a los Consejeros de Justicia y Relaciones Ciudadanas, al Director de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo y al Director del Centro Penitenciario de Iruñea, así como a los siete presos y presas políticas que se encuentran en la prisión de la capital navarra.

Contenedor de personas presas
Desde el Foro Social Permanente destacan “la inmovilista posición” de la cárcel de Iruñea y de su dirección. “Conocíamos su posición por la política de permisos y evoluciones de grado que viene aplicando a las y los presos sociales, ya que en numerosas ocasiones ha chocado con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.  Pero, sin embargo, le presuponíamos un análisis de la realidad social más adaptado al momento actual que vive la sociedad navarra, conocedor de sus mayorías institucionales, políticas, sindicales y sociales favorables a la línea de una aplicación ordinaria de la legislación penitenciaria a las personas presas de motivación política”.

Remarcan que la posición de la mayoría de estas personas presas en Iruñea es “pro-activa y apuestan por un itinerario de reintegración que incluye los requisitos establecidos por la propia Ley”. A pesar de ello, la dirección de la prisión no ha emitido informes favorables a permisos en segundo grado ni favorables a la progresión a tercer grado, recordando que esto ocurre diez años y medio después de la Conferencia de Aiete y cuatro de la disolución de ETA.

“Como conclusión, debemos senñalar que hoy la cárcel de Iruñea se ha convertido en un “contenedor de personas presas” en la que, sin tener en cuenta el tratamiento penitenciario, los pasos que estas personas den en su itinerario de reintegración acaban en una autentica vía muerta que, encima, encuentra el apoyo del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional”.