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Papeles y Derechos Denontzat, Iruñea Harrera Hiria / Ciudad de Acogida, Karabana Mugak Zabalduz, Salhaketa Nafarroa y SOS Racismo Nafarroa han mostrado su alegría ante resolución del Defensor del Pueblo sobre la queja presentada por estos colectivos  frente al Ayuntamiento de Iruñea. En ella, el Defensor recomienda al Ayuntamiento de la capital navarra para que en los casos en los que se ha producido un “mero incumplimiento de la limitación de circulación” durante el Estado de Alarma “sin que exista desobediencia a ninguna orden directa e individualizada dada por una autoridad o agente no se sanciones a los ciudadanos por el tipo de “desobediencia a la autoridad o sus agentes”. Según indica el Defensor, “el mero incumplimiento de las limitaciones que prevé la declaración del Estado de Alarma motivada por la crisis sanitaria derivada del Covid-19, no es, por sí solo, un elemento suficiente a los efectos del tipo infractor señalado: para que exista este tipo de desobediencia a la autoridad o a sus agentes se requiere un mandato expreso, concreto y determinante, una individualización de ese mandato y, sobre todo, la oposición clara a dicho mandato, y que así haya quedado reflejado en el escrito de denuncia y que luego lo haya confirmado el agente denunciante”, indica en su resolución.

Los colectivos antirracistas valoran que durante el estado da alarma “el estado ha tomado una estrategia de control de la movilidad basada en el miedo y castigo” y que los agentes policiales han propuesto más de un millón de multas y han realizado más de 8.000 detenciones en todo el Estado español. En Navarra la cifra ronda las 15.000 multas. Creen que  se ha dado una clara discriminación con la población racializada (personas con apariencia de ser migrante o gitana), con imposición de multas y paradas policiales discriminadas, basadas en los rasgos fenotípicos (“apariencia”). Los colectivos que han presentado esta queja cuestionan la utilización de Ley Mordaza como base legal de estas multas y la aplicación de su artículo 36.6 para poder imponer las multas, considerandolo “una aberración jurídica”.

Por ello piden al Ayuntamiento de Iruñea que acepte la resolución del Defensor del Pueblo, que no incoe expedientes sanciones por el tipo de “desobediencia a la autoridad o a sus agentes” y que anule los incoados, que devuelva las cantidades recaudadas de las multas emitidas por este concepto y abonadas en el periodo de pronto-pago y que se disculpe ante la ciudadanía “por la acción indebida llevada a cabo”. También se dirigen en los mismos términos al Gobierno de Nafarroa. Así mismo, instan al Parlamento foral para que presione a los ayuntamientos navarros en esta misma dirección.

A todas aquellas personas que han abonado las multas impuestas con este criterio, les animan a reclamar la devolución de la cantidad abonada y a presentar una queja ante el Defensor de Pueblo. A las  que ya hayan recibido notificación de multas impuestas por este criterio, les animan a recurrir solicitando el archivo definitivo del expediente y se ofrecen a asesorarles para realizar los trámites señalados.