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El pasado 6 de mayo, un vecino de Ribaforada, Modou Khadim Sow, fue citado en el Ayuntamiento de su localidad para solventar un trámite relacionado con su empadronamiento. En realidad se trataba de una cita trampa, ya que cuando acudió, fue detenido y trasladado a dependencias policiales por agentes de Policía Nacional, y posteriormente expulsado en menos de 48 horas a su país de origen, Senegal, sin que mediara asistencia jurídica, ni ninguna otra actuación. El Colectivo de Senegaleses de la Ribera, Médicos del Mundo, Papeles y Derechos Denontzat y SOS Racismo Nafarroa denunciaron en su día la especial gravedad, “por llevarse a cabo con la connivencia de una Administración pública”. Para más inri el alcalde de la localidad en aquel entonces, el socialista Jose María Rodriguez, es ahora Director General de Administración Local y Despoblación.

Ahora, el Defensor del Pueblo estatal, ha emitido una resolución en la que manifestaba su discrepancia con las actuaciones adoptadas por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Tudela y por el propio Ayuntamiento, afirmando textualmente que “la citación realizada con un pretexto ficticio, con la finalidad de la detención del interesado para facilitar su expulsión, no es acorde con los principios que regulan la actuación administrativa , ni respeta los derechos con los que cuentan los interesados en cualquiera de los procedimientos administrativos en los que se encuentran implicados” y concluye diciendo que “a la vista de la posible irregularidad en la cesión de los datos del padrón a las autoridades policiales, se ha dado traslado del presente asunto a la Agencia Española de Protección de Datos”.

Los colectivos antirracistas han anunciado que van “a continuar exigiendo responsabilidades, haciendo uso de todas las vías posibles, así como la reparación de lo sucedido”, ya que entienden que Modou Khadim “fue expulsado de manera irregular y mediante engaño, por lo que la única reparación es revocar la expulsión y exigir su retorno, hechos como este no pueden volver a producirse”.

“Nos preguntamos con indignación y preocupación, qué principios de igualdad, integración y reconocimiento de la ciudadanía regían la actividad municipal del alcalde de Ribaforada entonces y cuáles de esos principios ha trasladado para el ejercicio de su actual función”  como Director General de Administración Local y Despoblación.

Los colectivos de defensa de los derechos humanos han mostrado su compromiso “por seguir defendiendo la igualdad de derechos y seguir visibilizando y denunciando el Racismo Institucional en todas sus formas, sirvan de ejemplo las identificaciones racistas y citas trampa, que se convierten muchas veces en la antesala de la privación de libertad en los Centros de Internamiento y las expulsiones, o el laberinto jurídico y social creado por la ley de Extranjería que condiciona la vida de las personas, las categoriza y condena a sobrevivir en los márgenes”.