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Durante décadas han vivido en la casa parroquial de Lizoain, inmatriculada al amparo de la legislación franquista el 3 de agosto de 1981, en régimen de alquiler. María Felicia Itoiz, su marido Gregorio Erburu y el resto de la familia, han residido en la casa parroquial de forma permanente. Actualmente Felicia, a sus 88 años de edad, reside en ella de manera estacional, pero su hijo Javier sí que seguía en ella haciendo vida normal.

Sin embargo, el Arzobispado presentó una demanda de desahucio por haber expirado el plazo del contrato suscrito y el juzgado de Agoitz ha dado vía libre a este desahucio. Aun así, en la sentencia la jueza hacía un llamamiento al Arzobispado a “reconsiderar su posición permitiendo permanecer en la vivienda a quien teniendo ya cierta edad considera que está en su casa de toda la vida” aunque fuera solamente por motivos “de caridad”.

La familia de María Felicia Itoiz Zabalza ha realizado reformas y se ha ocupado del mantenimiento de la casa desde 1981, de lo contrario hoy la casa parroquial sería sin duda una ruina. Pero ante la amenaza de desalojo para el 20 de octubre, la familia ha entregado las llaves de su vivienda al Arzobispado. La abogada de Felicia denunció en el juicio el abuso de poder y la mala fe con que había actuado el Arzobispado. “Felicia nunca hubiera imaginado que las autoridades eclesiásticas iban a tratarla así”.

El Ayuntamiento de Lizoain, junto con la familia, ha intentado llegar a algún acuerdo con el Arzobispado para que no tengan que abandonar la casa, pero no ha habido manera. Incluso segundos antes de iniciarse el juicio y a instancias de la jueza, se intentó un último acuerdo con el Arzobispado, pero por teléfono trasmitieron a través de su abogado su negativa a que continuaran con el alquiler “ni un día más”. El Arzobispado tampoco atendió las propuestas de compra que realizó Felicia.

El Ayuntamiento de Lizoain-Arriasgoiti y la población del municipio han mostrado su apoyo y solidaridad con la familia desahuciada y su rechazo a la actitud que ha tenido en todo este proceso el Arzobispado.

Las inmatriculaciones del Arzobispado en Lizoain-Arriasgoiti

El 3 de agosto de 1981 la Diócesis de Pamplona inmatriculó los templos parroquiales de Galdúroz, Zaldaiz, Iloz y la ermita de Aguinaga. En esa fecha, según el artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario, los “templos destinados al culto católico” estaban expresamente excluidos de la inmatriculación. Otra fecha relevante fue el 16 de agosto de 2003: en esta ocasión inmatriculó los templos parroquiales de Zunzarren, Mendióroz, Beortegui, Lérruz, Leyún, Lizoain, Oscáriz, Redín, Uroz y Zalba. Posteriormente les tocó el turno a la Abadía de Zunzarren, a la ermita de San Antonio de Aguinaga y la parroquia de San Martín de Urricelqui. Aún habría que añadir bienes rústicos, inmuebles ya vendidos, etc. No es floja cosecha si tenemos en cuenta que se trata de algunas de las inmatriculaciones realizadas en el municipio de Lizoain-Arriasgoiti, de poco más de 300 habitantes, compuesto por una quincena de pequeñas aldeas, varias de ellas deshabitadas.

“Las inmatriculaciones son la puerta a la usurpación, al abandono, a la venta. En este caso, ha sido de la inmatriculación al desahucio. No es el primer caso. En Mugiro y Arraiz han sufrido agresiones similares”, denuncia la Plataforma de defensa del Patrimonio de Nafarroa, que ha convocado una jornada de protesta para el lunes 23 a partir de las 10.00. Leerán un comunicado, habrá almuerzo y se presenciará el cambio de cerraduras.