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En realidad, los comportamientos políticos de quienes rechazan el derecho a decidir, son el reflejo de la modernidad reypublicana, que quiere vernos a los ciudadanos, simplemente, como súbditos, entiéndase, como electores.

Los derechos humanos no surgen por ignición espontánea. Todos los pueblos existen por la propia realidad de la historia que se ha vivido. Las nacionalidades son el resultado de una existencia asentada en el poso de la conciencia de identidad que ha forjado la misma solidaridad que soporta los acontecimientos de su propia historia. Si existe un sujeto histórico determinado, tanto lo material como lo inmaterial de esa cultura se substancian en la propia nacionalidad. Los derechos históricos no se sostienen sin una base firme donde lo simbólico adquiera la consistencia de la solidaridad mutua para la supervivencia. Los derechos históricos no son fruta madura que caerá por su peso cuando madure. Los frutales dan frutos, pero la Naturaleza exige cuidados; un cultivo con medios y dedicación para que los árboles sean fecundos hasta recolectar la cosecha provechosa;  la fruta madura cuando se cae del árbol se pudre.

Todos los derechos tienen una base común que es patrimonio y ejercicio del coraje para defender la dignidad de la persona y de los pueblos. El derecho a decidir es un acto libre de la capacidad humana, propio del dominio lúcido de la voluntad personal; una tenacidad que imprime valor para manifestar, como sujeto, anhelos, intenciones y potencialidades. El derecho a decidir es la libertad en acción. La compleja estructura del derecho a decidir contiene en sí misma la materia y los juicios que llevan de los valores de la libertad personal a la validez de la democracia compartida.

El valor del discernimiento, los actos de comprender, de razonar, son situaciones personales que se ajustan a comportamientos sociales comprometidos o no con los derechos humanos. El derecho a decidir resulta para los políticos del sistema ambiguo, desde su punto de vista partidista, porque no aporta progreso alguno según dicen. Los modernos demócratas han deseado tanto romper con la capacidad de crítica colectiva, ante los desmanes de la corrupción, que niegan la libertad de conciencia. En la defensa del bipartidismo y la hegemonía política, el derecho a decidir de las personas es la rebelión de las masas con las demandas del Estado del bienestar. Si democracia significa algo, significa gobierno por el pueblo. Sin embargo, esta premisa ha sido vaciada por el fundamento más liberal de la dirección por personas selectas, que hasta los socialistas se han convertido en reypublicanos.   

En realidad, los comportamientos políticos de quienes rechazan el derecho a decidir, son el reflejo de la modernidad reypublicana, que quiere vernos a los ciudadanos, simplemente, como súbditos, entiéndase, como electores. Han tendido a desdeñar tanto la democracia representativa, utilizándola en propio provecho, que pretenden demostrar que es bueno para el elector engañarse a uno mismo; y seguirles votando porque sí. Los problemas de la corrupción, con una montaña de casos que oscurece la luz del sol para su esclarecimiento, están pasando dominados por discusiones en torno a ¡y tú más! 

El rechazo al derecho a decidir de los próceres de los partidos del Régimen, es el resultado de la tendencia neoliberal dominante, incluso entre los más conspicuos de ellos. La decisión sobre el pago de la deuda adquirida por la banca, también la tomaron ellos; la elevaron a obligación constitucional con los acreedores antes que preguntar si no era una grave lesión al Estado de Derecho devaluado en democracia formal. La crisis del bipartidismo español ha traído al escenario político a nuevos actores que recurren a genialidades bastante vagas acerca de las exigencias de la democracia.

El resultado de la confrontación que salpica un campo embarrado, parece marcar pautas con arreglo a las cuales se juzguen los méritos de promesas y modelos de comportamientos con el caudillismo asegurado. La mayoría de las definiciones que se manejan como soluciones son vagas, y se refieren a un procedimiento peculiar para decidir cuestiones y elegir representantes y gobernantes.

La propuesta de ampliar un modelo de cambio, presentado por personas que piden la mayor confluencia a construir entre todos los partidos, debe fortalecerse con el trabajo en la sociedad. Además del trabajo institucional es necesario poner en valor un denominador común que haga del derecho a decidir el puente que garantiza el entendimiento y el respeto democrático a todos los derechos humanos.

En un mundo globalizado donde los derechos humanos se ahogan en el Mediterráneo, o perecen atrapados en las vallas de las fronteras, se recurre a generalidades. Los derechos humanos de las personas que han ejercido el derecho a vivir con seguridad, lejos de las guerras, siguen dominados por discusiones de los jefes de Estado en torno a las cuotas de acogida reducidas. Los valores de la libertad son el termómetro de las actitudes tolerantes y humanitarias donde se asienta la solidaridad de los derechos humanos. Todos los comportamientos humanos medidos por el derecho a decidir tienen que ser respetuosos con los derechos humanos, sin paliativos ni atenuantes.

Los aspectos axiológicos de los derechos humanos no pueden ser objeto de mercadeo cuando el derecho a decidir de las personas, buscando su seguridad, es primordial. La democracia es la base del respeto hacia todas las personas; un lugar común a todos, donde los derechos colectivos, los derechos humanos, son la suma de las distintas maneras que nuestra naturaleza valora el derecho a decidir con sus consecuencias. Si el derecho a decidir es el principio los derechos humanos son la consecuencia y quien no admite los principios tampoco admite las consecuencias.