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Un sistema tributario justo debe estar inspirado "en los principios de igualdad y progresividad y la ciudadanía debe contribuir al sostenimiento del sistema de acuerdo a su capacidad económica", opinan desde las organizaciones que conforman la Plataforma de Entidades Sociales. Denuncian que el sistema fiscal actual no es justo, ya que "contiene importantes sinrazones y no es nada equitativo".

La Plataforma apunta que las personas no contribuyen a sostener el gasto social y servicios públicos de manera progresiva en función de su nivel de ingresos y patrimonio. "Mientras la renta en Navarra se reparte en rentas del trabajo y rentas del capital en una proporción del 50% aproximadamente, cuando se analiza la contribución en el IRPF nos encontramos con que las rentas del trabajo contribuyen 10 veces más que las rentas del capital. Pagan los que trabajan", sentencian.
El sistema fiscal navarro está basado en una imposición indirecta que no tiene en cuenta el nivel de renta de las personas, un tercio de la recaudación total es a través del IVA. "Y las personas asalariadas lo hacen en mayor proporción pues necesitan destinar casi toda la renta al consumo y no se benefician de las ventajas fiscales para los que pueden ahorrar. Y lo mismo ocurre si analizamos los impuestos especiales que gravan el consumo de producto como la gasolina, alcohol, tabaco o electricidad", han concluido.
Por ello consideran que el actual modelo fiscal contribuye "a fracturar más a una sociedad caracterizada por una desigualdad creciente", y en este sentido, las reformas aprobadas en el Parlamento navarro, "no hacen sino mantener el actual estado de las cosas legitimando este atropello a la ciudadanía". Y lo dicen porque las empresas con beneficios contribuirán en un grado cada vez menor, cuando el fraude fiscal se estima en un 20% de la renta y, con datos del conjunto del Estado, el esfuerzo de inspección fiscal se sitúa en la mitad que en el resto de la UE y la mayoría del fraude se concentra en grandes fortunas y empresas. En este contexto, denuncian que "se pretende aprobar una reforma fiscal que acentúa esta estructura impositiva injusta y desequilibrada, desprotegiendo los servicios sociales y el gasto público".

Desde la PES entienden que es "tan urgente como necesario cambiar el rumbo de la política fiscal" para favorecer "la sostenibilidad de las personas, preservar los servicios públicos básicos, abaratar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad y garantizar un nivel adecuado de protección social".