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Colectivos de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y antirracistas se han concentrado hoy frente al Departamento de Derechos Sociales para denunciar “la situación de desprotección en la que se encuentran 4 familias con menores a cargo y señalar a quienes son los responsables últimos de prevenir y reparar situaciones como esta”.

Según han denunciado, se trata de 4 familias migrantes que se encuentran inmersas en un “laberinto burocrático”. Desde el Ayuntamiento de Iruñea se han adoptado medidas provisionales de alojamiento en hoteles para evitar que se quedaran en calle, pero no se les ha ofrecido una solución definitiva. “Es decir, se está infligiendo un sufrimiento extra a estas familias, a través de la incertidumbre y el miedo que genera un sistema que te expulsa, cuestiona tus motivos de llegada y tu existencia, te responsabiliza sobre tu situación de precariedad, y te invita o directamente te amenaza con que te vayas a otro lugar para después y a última hora prorrogar tu estancia”, han denunciado.

Al Gobierno de Navarra le achacan la responsabilidad última ya “que debería estar trabajando para paliar la situación actual y articulando medidas para dar respuesta a las situaciones que se den en un futuro”.

“Estos casos que hoy denunciamos forman parte de una cartografía de la precariedad y se encuandran en un contexto de empobrecimiento generalizado, con un mercado de vivienda cada vez más inaccesible y situaciones laborales cada vez más precarias. Recordemos además, que en muchos casos las personas viven atravesadas por la ley de extranjería, que secuestra su derecho a poder trabajar y residir de manera regular durante una media de 7 años desde que se llega al estado. Parece que nuestro sistema de Protección Social es ajeno a esta realidad y prefiere seguir culpando a las personas de su propia situación de pobreza o falta de vivienda, y de paso responsabilizando a colectivos que les acompañan o atienden”, dicen en el comunicado.

Los organismos solidarios informan de que las unidades de barrio de referencia no han atendido debidamente a estas familias y que incluso el Gobierno Foral ha amenazado con la retirada de custodia de los menores si continúa la situación de falta de vivienda. “Este punto nos parece absolutamente grave e inaceptable. Nos detenemos en el para recordar simplemente que antes de que se declare una situación de desprotección, se han tenido que activar vías para reparar las situaciones de precariedad o falta de vivienda de la familia, para actuar precisamente por el interés último del menor, que es permanecer con su núcleo familiar, lo contrario sería aberrante”.

Al Gobierno de Nafarroa y al resto de administraciones públicas les piden que se hagan cargo y asuman sus responsabilidades garantizando “que todas las personas, especialmente aquellas que son expulsadas a los márgenes por el actual sistema, tengan cubiertas sus necesidades básicas”. Y reclaman “medidas urgentes que reparen las situaciones de falta de vivienda y acceso a recursos de estas familias”.