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Desde la PLATAFORMA DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA, queremos hacer varias consideraciones sobre  la aprobación de la nueva ley foral de violencia de género. Realizadas desde nuestro continuo trabajo feminista, una clara perspectiva de género y visión de la situación que venimos desarrollando durante todos estos años.

La NUEVA ley  contra la violencia hacia las mujeres se ha aprobado en el último pleno de la legislatura, y por un procedimiento de urgencia.  No ha permitido un debate social y parlamentario necesario y deseable antes de la  aprobación de cualquier ley. Sin embargo estas prisas o trámite de urgencia, no se corresponde con la pausada  actividad que frente a la violencia de género ha tenido el gobierno de UPN. Llama la atención que ha tenido cuatro años para aprobar esta ley y solo en el último pleno de la legislatura y por el trámite urgente la lleva al Parlamento.   

En el texto no se concretan  los derechos que tienen las mujeres que sufren maltrato,   ni las obligaciones que tiene la administración con las mismas.   Se plantea en la ley un plazo de 6 meses para realizar acciones sectoriales y de un año para desarrollar la concreción de todas las medidas a tomar.  Sin embargo la ley anterior del año 2002, no fue desarrollada por decreto hasta el año 2007, pese a que entonces se dio también el plazo de un año. Vemos el peligro de que una vez más se convierta en una ley hueca que no ayude  a avanzar en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. 

Esta urgencia de la ley contrasta con la pasividad del gobierno de UPN en los últimos años:

*Han recortado en ayudas directas  a la mujer maltratada, y en inversión de profesionales con los que tratan.

* Los   Centros de Atención a la Mujer que la ley antigua recogía, solo se creó el de Tudela  y su funcionamiento peligró por motivos económicos. Y el Centro de Estella, carecía de todos  los servicios necesarios.

*Tampoco  se han creado las  Oficinas Forenses De Valoración Conjunta en los Juzgados aunque son obligatorias por  Ley estatal de Violencia de género del año 2004.

*Desde el Departamento de Educación solo se han mantenido migajas en la formación que venían de la anterior legislatura, se elaboró un Plan de Igualdad por exigencia del parlamento,  también hecho deprisa y corriendo cuando caducaban los plazos y de tal calidad que fue rechazado por la mayoría de los grupos parlamentarios. Se han dado situaciones en las que el mismo consejero de educación ha negado la existencia de situaciones de violencia de género en los centros.

Nos  parece una ley floral, para regalarnos en su próxima campaña electoral.  Es una declaración de buenas intenciones, que   no genera derechos exigibles  para las mujeres, ni obligaciones taxativas para la administración.

Entre las medidas  que no se recogen  en la nueva ley:

• Casas de acogida de gestión pública.
• Ayudas directas concretadas.
• Vivienda Pública  destinada a mujeres y menores víctimas de violencia de género. 
• Unidades de Valoración Integral Forense en los Juzgados
• Centros de Atención a la Mujer.
• Obligatoriedad de Formación a todos los profesionales de educación, salud, servicios sociales y justicia.  
• Garantizar a las mujeres  la asistencia psicológica especializada.

El proceso participativo de la ley es muy cuestionable, por la ineficaz metodología. Los grupos parlamentarios se han visto obligados a presentar enmiendas de forma precipitada.

Esperemos que con la nueva configuración que se de en la cámara parlamentariase convierta en prioridad la concreción de la ley que posibiliten realmente dar pasos hacia delante para erradicar esta lacra.