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Las organizaciones, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Sare Herritarra, Esculca, Iridia, Oteando, Salhaketa Araba, Caxpou, ICA Ourense, Asociación Libre de Abogadxs de Zaragoza, Marcha Contra la Macrocárcel de Zuera, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón , Federación Andaluza Enlace, Asociación Libre Abogadxs de Madrid, Federación Provincial de Drogodependencias Liberación, Comisión Legal Sol y AVV Arrebato, alertan de que “de un plumazo y con el argumento de blindar las prisiones se justifica una medida tan cruel y poco humana como esta”.

Han mostrado públicamente su preocupación sobre las últimas medidas con relación a la pandemia aprobadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este organismo recomendó, el pasado 2 de febrero, “blindar las prisiones contra la COVID-19” hasta al menos el próximo 18 de febrero, lo que supone, para estas 18 entidades de defensa de los derechos humanos “eliminar el único contacto cercano a lo físico que les quedaba a las personas presas desde hace casi un año”.

Apenas unos días más tarde del anuncio de esta recomendación, la mayoría de las cárceles dependientes del Ministerio del Interior suspendieron sus comunicaciones. Miles de personas llevan desde que comenzó la pandemia sin poder tocar a sus parejas, amigxs y familiares y viceversa, ya que desde el pasado marzo se suspendieron las comunicaciones especiales, es decir, todos los vis a vis íntimos y familiares, con alguna tímida reanudación que en seguida llegó a suprimirse nuevamente. Debido a las restricciones en las comunicaciones, Instituciones Penitenciarias ofreció “a cambio” un mayor tiempo para las llamadas telefónicas (pagando) y un nuevo sistema de videollamdas al objeto de sustituir este contacto.

Instituciones Penitenciarias informó -dándolo como dato muy positivo- que de marzo a mayo se habían realizado 54.000 videollamadas. Si se divide ese número de llamadas entre el número de presos y presas (descontando las de tercer grado), que son 33.500, la media resultante es de un 1,6 por persona presa. Es decir, una videollamada y media en dos meses. Además, a pesar de que las limitaciones en las comunicaciones se han extendido en el tiempo la utilización de las videollamadas como forma de suplir los contactos eliminados no se han mantenido en el tiempo para todas las personas presas y mucho menos las han ampliado.

El derecho a comunicar viene garantizado en la Constitución española no sólo como expresión el art. 18.3, sino también y primordialmente del art. 25.2 CE pues este precepto constituye la norma específica aplicable a derechos fundamentales de las personas presas. Este derecho tiene una incidencia en el desarrollo de la personalidad de las personas presas y adquiere, por lo tanto, una gran importancia para el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Gracias a las comunicaciones las personas presas no quedan reducidas únicamente al mundo carcelario y se les permite relacionarse con el exterior.

Desde el inicio de esta gestión numerosas asociaciones, y también diversos organismos internacionales, han exigido a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias la adopción de medidas tendentes a la excarcelación de personas presas como mejor forma, y más respetuosa con los derechos de las personas presas, para hacer frente a la COVID-19 dentro de las cárceles. “La no implementación de medidas en este sentido está conllevando la adopción de medidas absolutamente restrictivas y perjudiciales para quienes están cumpliendo condena en el Estado español”, denuncian estos organismos.

Tras la suspensión de las visitas en locutorios se preguntan qué riesgo real de contagio suponen estas comunicaciones en las cuales hay cristales de por medio y por lo tanto no hay contacto directo entre las personas que van a visitar y las personas presas. También ponen en duda el riesgo en las comunicaciones vis a vis, en las que a pesar de que se permite el contacto directo, si se toman las mismas medidas preventivas que se han impuesto en la calle no debería de haber mayor riesgo. De hecho, estas organizaciones ponen de manifiesto que los funcionarios entran y salen diariamente a trabajar en las cárceles de todo el Estado, y que se asume ese riesgo. Por ello concluyen que la Administración “puede y debe” adoptar todas las medidas para evitar el contagio entre el personal funcionario y las personas privadas de libertad sin tener que llegar a la suspensión de las comunicaciones, ya que “supone un ataque directo y brutal contra los derechos de las personas presas, incidiendo directamente en la salud mental de estas personas, así como dificultando su reinserción, en oposición con el mandato constitucional del artículo 25.2”.