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Rosa Lluch Bramon, historiadora e hija de Ernest Lluch, asesinado por ETA, Rosa Rodero, viuda del sargento de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea muerto en atentado, Nazario Oleaga, Presidente de la Federación de colegios de abogados de Europa o Margarita Uria, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, son algunas de las personas que han suscrito el manifiesto. También se incluyen entre los firmantes Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la prevención de la tortura de España,  o el alcalde de Iruñea Joseba Asiron y la Presidenta del Parlamento de Navarra Ainhoa Aznarez. Además, desde Galizia y Catalunya han dado su apoyo Xosé Manuel Beiras (Anova), Suso Seixo (Confederación Intersindical Galega), Xosé Luis Méndez Ferrín (filólogo, escritor y ex presidente de la Real Academia Galega), Ana Pontón y Ana Miranda (BNG) y Gaumme Asens (En Comú Podem de Barcelona). Desde el mundo de la cultura el músico Lluis Llach, los filósofos Xabier Antich
y Marina Garces, el escritor Suso del Toro o el actor Sergi Lopez han firmado un documento que ha suscitado también el apoyo de Arcadi Oliveres (economista), August Gil Matamala (jurista), Jordi Armadans (movimiento pacifista), Gemma Calvet Barot (abogada) y Vicent Partal (periodista).

Todas estas personas exigen al Gobierno español “eliminar el régimen de incomunicación que posibilita la práctica de la tortura” y establecer  mecanismos “para hacer imposible la práctica de la misma”. Además, piden al los gobernantes españoles “el cumplimiento de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” de las Naciones Unidas” que el Reyno de España suscribió en 1987.

Más allá del manifiesto, hoy los imputados han comparacido para ofrecer una valoración más amplia del acuerdo suscrito con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, idéntico al que hace unos meses firmaran también los imputados de la operación policial de Segura. “Queremos recalcar que el camino que abrieron ha hecho posible que puedan rubricarse nuevos acuerdos si las partes tienen voluntad. Valoramos positivamente el acuerdo porque sirve para avanzar y evita un nuevo ingreso en prisión. Pero queremos manifestar que a todas luces nos parece una situación injusta. Hemos sido juzgados por nuestras ideas, por ser militantes independentistas”, han recordado. En este sentido han lamentado que “la Audiencia Nacional y las leyes de excepción que la rigen no garantizan derechos” y que este tribunal sigue siendo el de “la política de ilegalización; el juzgado donde se aplica el derecho penal del enemigo; el de las torturas”, por lo que exigen el fin de los juicios políticos y de las leyes de excepción. “Ser independentista y de izquierdas no es delito”, han aseverado.

Tras recordar las palabras del Juez de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada pronunciadas esta misma semana en una conferencia en Tolosa y en las que reconocía que “la tortura se ha producido de manera clara y los tribunales no han dado respuesta”, los imputados han reclamado al Gobierno español y a la Audiencia Nacional reconocimiento, reparación y garantías no repetición. “Exigimos que el Estado reconozca que la tortura ha sido una práctica sistemática contra militantes independentistas en Euskal Herria. Debe depurar y reparar el daño causado y evitar que vulneraciones de derechos humanos vuelvan a ocurrir”, han manifestado.

Antes de terminar han tenido un recuerdo para las personas que en las próximas semanas deberán pasar por la Audiencia Nacional. “Nosotros también somos “Basque lives matter”. Queremos transmitirles toda nuestra fuerza y solidaridad a las 9 personas que a partir del 17 de Mayo serán juzgadas en Madrid y a Hasier Arraiz, que será juzgado a partir del 9 de Mayo. Es necesario terminar con los juicios políticos”.