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Desde Ahaztuak 1936-1977 teníamos previsto, en el aniversario de la trágica muerte de Jokin Artajo y Alberto Asurmendi (miembros de EGI-Batasuna fallecidos en 1969 cuando preparaban una acción armada contra la dictadura) realizar una concentración para recordar la lucha de todos los antifranquistas vascos y reivindicar su memoria democrática y antifascista.

La Delegación del Gobierno en Navarra deniega el permiso para realizar dicho acto y comunica la prohibición del mismo. Nos vienen a decir que la lucha antifranquista es “terrorismo”.

Parece necesario contextualizar lo sucedido en la década de los 60, época a la que nos referimos, en cuanto a la actividad desarrollada por EGI y en los antecedentes que la motivaron.
Habrá que recordar, nuevamente, que en 1936 hubo un golpe de estado fallido contra el legal y democráticamente elegido gobierno de la II República. Recordar que, a raíz de ello, se soportó una guerra de tres años y una dictadura de casi 40 años, con sus trágicas consecuencias de asesinatos, cárcel, exilio, tortura y represión en general.
Recordar, así mismo, que ya durante la guerra, en 1937, se suprimió la democrática constitución republicana y que, entre otras cuestiones, se ordenó la disolución de todos los partidos, salvo la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Decreto de Unificación), y se prohibió la formación de nuevos partidos.
Esta situación de falta de libertades, que se prolongó durante toda la dictadura, tuvo respuesta desde las organizaciones y partidos políticos, utilizando diferentes instrumentos en la lucha por la restitución democrática. EGI, como las demás organizaciones, es una de esas respuestas desde la clandestinidad.

Es, por todo ello, llamativa, aunque no sorprendente por ser calcada a la de otros años, la argumentación que, desde la Delegación del Gobierno, se utiliza para prohibir el homenaje que teníamos previsto llevar adelante el 4 de abril.
Basándose en un informe de la Policía Nacional, se les considera, a Jokin y Alberto, militantes de la organización política EGI (Euzko Gaztedi Indarra), cercana al Partido Nacionalista Vasco, entonces ilegal.
Pero, ¿quién no era ilegal en el franquismo?, en esa dictadura que perseguía todo lo que oliera a rojo, sindicalista, abertzale, republicano o simplemente demócrata. Donde la libertad de asociación, reunión y expresión en todas sus formas, fueron totalmente prohibidas. Recordar el Sindicato Vertical, el Tribunal de Orden Público y la Dirección General de Seguridad que, junto a cuartelillos y comisarías, fueron lugares de total impunidad.

También, según el referido informe policial, se les incluye entre los militantes fallecidos de la banda terrorista ETA. Cuando es evidente, para cualquier observador que se acerque a la historia sin prejuicios, que EGI y ETA no eran lo mismo. A no ser que se quiera aplicar, con carácter retroactivo, la extendida teoría de “todo es ETA”.

Se considera, así mismo, que la concentración-homenaje favorecería su comportamiento, justificando públicamente sus conductas delictivas, y este hecho, por lo tanto, podría ser constitutivo de los delitos de enaltecimiento o apología del terrorismo.
 
En definitiva, se nos transmite que la lucha antifranquista era un comportamiento delictivo y que las personas que se oponían a un régimen dictatorial eran terroristas.
A la delegada del gobierno, Carmen Alba Orduna, le traiciona el subconsciente. Añoran tanto el franquismo que les cuesta reciclarse en su particular adaptación a los nuevos tiempos. Parece que aún les queda un largo camino por recorrer.

No consideramos de recibo, y queremos remarcarlo con especial énfasis, la utilización de la (i)legalidad franquista para prohibir un homenaje a luchadores antifranquistas. Mostrar, así mismo, nuevamente, nuestra indignación por la denegación del permiso. Entendemos esta prohibición como un ataque a la libertad de expresión, al tiempo que denunciamos la actitud de la delegada del gobierno como apología del franquismo.

Desde el “modelo español de impunidad” para los crímenes del franquismo, lo que se pretende con prohibiciones como esta, es que los nombres y la lucha de personas como Jokin Artajo y Alberto Asurmendi sigan siendo parte de una “historia olvidada”, como garantía de la impunidad franquista. Ellos y ellas, valedores del “modelo español de impunidad”, deciden quién debe ser recordado y quién no. Y todo ello, en este caso, en una ciudad donde todos los meses en la cripta del “monumento a los caídos”, propiedad del arzobispado, se hace apología franquista, homenajeando a Mola y Sanjurjo, cuyos restos ahí continúan.
 
La doble vara de medir se sigue imponiendo. Todo se controla desde la prepotencia, y los medios se encargan de transmitir el mensaje adecuado a una sociedad política y culturalmente castrada. Nos quieren convencer de las bondades de esta democracia que sufrimos, y para ello, prostituyen la palabra y nos imponen un régimen consecuencia directa de la transición del “atado y bien atado”.

“Democracia” como un traje a medida, encargado por quien ostenta el poder político y controla el poder mediático. Ellos deciden quién debe ser recordado y quién no, quién demócrata de toda la vida y quién no. Ejércitos que asesinan a miles de inocentes en Afganistán, Irak,… son defensores de principios democráticos y de una sociedad libre. Pero personas que, incluso con las armas, se enfrentan a dictaduras e injusticias, dependiendo del color y de la afinidad o no con el poder, serán demócratas o terroristas.

Por todo ello, desde el compromiso con la memoria, desde el derecho que tenemos a saber la verdad, a que se haga justicia y a la reparación de los daños causados por el régimen franquista, seguiremos en el camino de la recuperación de la memoria, un camino en el que nos encontramos con Jokin Artajo y Alberto Azurmendi.
 Nosotros y nosotras seguiremos trabajando por recuperar esta parte de nuestra historia y poner a cada uno en su sitio. A Jokin y Alberto sabemos dónde ponerles: fueron luchadores antifranquistas que decidieron enfrentarse a la dictadura y lo dieron todo por la libertad.

En Ahaztuak 1936-1977 consideramos que es un deber rendirles homenaje y lo seguiremos intentando, a pesar de las prohibiciones, con el pleno convencimiento de que al hacerlo no hacemos un “acto de enaltecimiento o apología del terrorismo” sino un claro acto de enaltecimiento y apología de la resistencia antifascista. Y que, por tanto, no cometemos delito, el delito imperdonable sería olvidarnos de ellos.