ahötsa_

"Menos armas se lo podrían decir ustedes a ETA acompañado de la petición de disolución" respondió el señor Mariano Rajoy en el Congreso español al grupo político Amaiur para defender las clases de guerra que la Guardia Civil española impartió en un colegio navarro. Institución militar, por cierto, que cuenta con sentencias judiciales que han declarado culpables de torturas y asesinatos a algunos de sus miembros.
Hoy, dos años y medio después de que la organización ETA decidiera poner fin a la lucha armada y haya mostrado su total voluntad de desarme (contrastada internacionalmente) como apuesta firme en favor de la resolución y la paz, la sociedad vasca sigue sufriendo las consecuencias de los ataques del Estado español (gobierno español, poder judicial y fuerzas militares y policiales) a cualquier posibilidad de resolución que nos lleve a la paz.

Así, la sociedad vasca en todo su conjunto es la principal perjudicada del accionar involucionista del Estado español y de quienes, dentro de él, a través de ciertas decisiones políticas, se presentan ante ella como enemigos de la paz.

Su discurso, por la vía de los hechos ya no se sostiene. La sociedad de este país tiene la madurez política suficiente como para valorar que a día de hoy ETA mediante sus decisiones nos sitúa en positivo hacia al futuro y el Estado por el contrario nos acerca al pasado.

Es por tanto el Estado-gobierno español a día de hoy el único al que se le puede interpelar por mantener una posición activa en favor de un conflicto de carácter violento y seguir así profundizando en las consecuencias del mismo, y no al revés.

Su discurso, por la vía de los hechos ya no se sostiene. La sociedad de este país tiene la madurez política suficiente como para valorar que a día de hoy ETA mediante sus decisiones nos sitúa en positivo hacia al futuro y el Estado por el contrario nos acerca al pasado.

El Derecho de Estado español, como no puede ser de otra manera, de naturaleza antidemocrática y fascista, es el marco fundamental en el que se basan todos los ataques del Estado español a los derechos humanos y por ende también a la paz.

A pesar de la sentencia de Estrasburgo que marcó un límite a la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte del Reino de España, el gobierno español mantiene firme su decisión política de mantener la actual política penitenciaria en términos de castigo, venganza, impunidad y muerte. De esta forma ha decidido que los presos políticos vascos/as que padecen enfermedades graves e incurables mueran en prisión y que las personas presas que estén a punto de finalizar sus condenas vean éstas alargadas con el mismo fin. Además de mantener la dispersión con todas sus consecuencias.

Estas son las decisiones políticas que en estos últimos años ha tomado el señor Rajoy, decisiones estas que no tendrían cabida en ningún Estado democrático y de Derecho, con una aplicación estricta de la ley.
La sociedad de manera mayoritaria es firme en su apuesta, Derechos Humanos. Resolución. Paz.