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Las 218 personas presas vinculados a EPPK (31 mújeres, 187 hombres) continúan sufriendo la excepcionalidad de la política penitenciaria española. En estos momentos, son 165 las personas encarceladas en el Estado español, de ellas 25 en se encuentran en cárceles vascas. Otras 28 personas están en prisiones del Estado francés. De todas ellas, 78 continúan en primer grado (el más restrictivo de los regímenes de vida en prisión), mientras que 100 han progresado al segundo grado, y 11 se encuentran en tercer grado, 5 de ellas en prisión atenuada por sufrir enfermedades graves.

Sin duda, y teniendo en cuenta la situación anterior a 2018, la política penitenciaria del Gobierno español está cambiando, aunque desde el Foro Sozial consideran que este cambio es siendo muy lento, por ejemplo en lo referente a la dispersión. “Se están produciendo traslados que aproximan, que alivian las cargas de las familias, pero aún hay pocos acercamientos a las cárceles de la CAV y Navarra, y queremos volver a subrayar que son estas prisiones las adecuadas para recorrer las vías legales de reintegración”.

Una de las condiciones para progresar del segundo al tercer grado es el reconocimiento del daño causado. Pues bien, la inmensa mayoría de las y los presos políticos vascos han realizado escritos propios de reconocimiento en este sentido desde su propia experiencia personal. Sin embargo, hay un estancamiento en la evolución de grados. La denegación sistemática de permisos, a la aparición en la práctica de una “nueva” clasificación penitenciaria con la aplicación prolongada del artículo 100.2 que posterga el pase al segundo grado de muchas personas o la propia exigencia de requisitos que la legislación no contempla para el segundo grado son las trabas diarias que se encuentran los miembros del EPPK.

Respecto a la evolución de grado, que se analiza en este segundo informe de Behatokia, hay que señalar que juegan o deberían jugar un papel determinante los necesarios programas individualizados de tratamiento. Sin embargo, en muchas cárceles no existen o no son adecuados. Ya en julio de 2018, los representantes de EPPK transmitieron al Foro que muchas personas presas llevaban más de un año planteando recursos por la no progresión de grado. “Cuando se resuelven dichos recursos, es mayoritariamente en sentido negativo, con argumentación de tiempos pasados, generando obstáculos difíciles de salvar”, lamenta el Foro Sozial.

Acabar con la excepcionalidad penitenciaria
Por otra parte, se ha generalizado la aplicación del artículo 100.2 a personas en primer grado, lo cual flexibiliza sus condiciones de vida en prisión, pero les mantiene clasificadas en este grado tan restrictivo de forma indefinida.  Desde el Foro Sozial constatan que la aplicación del art. 100.2 al primer grado nunca se había generalizado tanto y menos aun afectando a un perfil concreto de personas presas. “Desde que se aplicó por primera vez en febrero de 2019, se ha ido convirtiendo en permanente durante más de 18 meses para más de 60 presas y presos, consolidando de hecho una excepcionalidad tratamental”, critican desde FS.

Por lo tanto, los portavoces del Foro Sozial recalcan que a pesar de que se están dando pasos “en la buena dirección que están generando esperanza entre los familiares y allegados, falta una gestión más valiente de esos cambios en materia de acercamientos y en evolución de grados que permita dar por finalizada la fase de la excepcionalidad penitenciaria.”

Reconocimiento del daño causado, empatía hacia las víctimas y pago de responsabilidades civiles
En el informe de Behatokia se hace un análisis sobre los escritos de reconocimiento del daño causado y el abono de la responsabilidad civil. En este sentido, el Foro Sozial indica que la inmensa mayoría de los 190 presos políticos del EPPK encarceladas en el Estado español, independientemente del grado en el que estén, han aportado de motu propio escritos desde su trayectoria vital y su vivencia personal, en los que hacen un reconocimiento expreso del daño causado, un reconocimiento del dolor de las víctimas y/o muestra de empatía hacia el sufrimiento de las mismas. Asímismo, expresan su compromiso exclusivo por las vías pacíficas y democráticas como medios de acción política en el futuro y una voluntad o compromiso de recorrer la vía penitenciaria.

La propia legislación penitenciaria española establece que para progresar de primer a segundo grado no es condición sine qua non el reconocimiento del daño causado. Sin embargo, sí lo es para la progresión a tercer grado y para la obtención de ciertos beneficios penitenciarios.

Así las cosas, que estas personas que fueron condenadas en relación a la actividad de ETA den el paso de redactarlo supone, en opinión del Foro Social Permanente, “una importante contribución a la convivencia democrática”. Además, algunas de estas personas, al acceder a destinos de trabajo remunerado dentro de prisión, están haciendo frente al abono de la responsabilidad civil y, otras, en la medida que son insolventes, han mostrado su disposición a hacerlo.

Para el Foro Sozial todo ello supone “un paso de gran calado que como tal debería ser entendido y valorado tanto por la sociedad e instituciones vascas como por las del Estado español”.