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Francisco Alonso Castillejo contaba con 24 años cuando fue abatido por los disparos que varios miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil le realizaron por la espalda cuando trataban de capturarle. Uno de esos disparos le perforó la espalda a la altura del corazón, lo cual le dejó herido de muerte tendido en el suelo, donde estuvo más de media hora hasta que una ambulancia lo recogió. Mientras permanecía en el suelo herido de muerte, los policías que le custodiaban no permitieron que nadie le asistiera. Francisco fallecería instantes después en la ambulancia que le trasladaba al Hospital de Navarra.

La trágica noticia no tardó en extenderse por Burlada generando una profunda conmoción entre la ciudadanía. Las muestras de dolor y las protestas no se hicieron esperar. Ese mismo día se realizaron en Burlada asambleas, manifestaciones o el cierre de comercios y bares, protestas que fueron reprimidas por la Guardia Civil. También en otras localidades se produjeron actos de solidaridad como manifestaciones en Iruñea o la suspensión de las fiestas de Atarrabia en señal de duelo. Al día siguiente los paros también se extendieron por los principales centros industriales de Iruñerria.

También desde el ámbito institucional aparecieron algunas denuncias. El Consejo de Trabajadores de Navarra hizo público un comunicado, del que enviaron copia al Presidente del Gobierno (Adolfo Suárez) y al Ministro de la Gobernación (Martín Villa), en el que se pedía “se regule el estricto uso y empleo de las armas de fuego por la fuerza pública”. Por su parte el día 11 de octubre de 1976 se reunió en sesión extraordinaria el Pleno del Ayuntamiento de Burlata. En aquella sesión se acordó la siguiente declaración: “Esta corporación municipal entiende que existe una lamentable desproporción entre el delito perseguido y la acción policial de disparar a muerte. En el caso que nos ocupa, un hombre desarmado que huye, nunca debió de ser abatido mortalmente”. Solicitaban así mismo investigar la desasitencia por parte de la Guardia Civil.

Frente a la solidaridad popular y la conmoción generalizada por la gravedad de los hechos, la otra cara de la moneda fueron las notas oficiales. Tanto la nota de la 521 Comandancia de la Guardia Civil como la de la Delegación del Ministerio de Información y Turismo no sólo trataron de justificar la actuación policial, sino que además para ello no tuvieron duda en denigrar el nombre de Francisco Alonso Castillejo relatando exhaustivamente todo su historial policial y judicial.

Represión contra las muestras de repulsa ante el asesinato

El funeral por su muerte, realizado por cuatro sacerdotes el 12 de octubre de 1976 en la Iglesia de San Juan Bautista de Burlada, también fue una muestra de solidaridad y expresión de malestar. La conducción al cementerio se convirtió en una gran manifestación de dolor y repulsa. A su finalización se dieron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Armada. Sin embargo, la represión no acabaría allí. Esa misma semana fueron detenidos Miguel Ángel Portillo Uribarri, sacerdote de la parroquia de San Blas, y el sindicalista José Miguel Ibarrola Martín. Su detención estuvo relacionada con su intervención en el transcurso de una asamblea en la citada parroquia. En el mes de diciembre de 1976 fueron procesados por el Juzgado de Orden Público número 2 de Madrid acusados del delito de propaganda ilegal por aquella intervención en una de las asambleas que se celebraron en la parroquia de San Blas.

Los hechos nunca fueron investigados a pesar de la evidencia del desproporcionado uso de la fuerza policial. Es por ello que el Ayuntamiento de Burlada quiere hacer un reconocimiento público a Francisco Alonso Castillejo y a su familia, por haber sido esta “desatendida y despreciada” por las autoridades de la época, así como “por haber sido olvidados por todas las instituciones”.

El Ayuntamiento de Burlata subraya su intención de “caminar hacia el reconocimiento de la verdad, la reparación y la justicia para Francisco Alonso Castillejo en su condición de vícitima”, reconociendole como “víctima de la violencia policial”.

Del mismo modo exige al Gobierno del Estado español “que respete la voluntad mayoritaria que expresó el Parlamento de Navarra con la aprobación de la denominada “Ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”, requiriéndole que retire su recurso tramitado ante el Tribunal Constitucional.

Por último llama a toda la ciudadanía a participar en los actos de homenaje y reparación que se organizarán el próximo 10 de octubre en memoria de Francisco Alonso Castillejo. El acto principal se celebrará a las 19.00 en la calle Merindad de Sangüesa, al lado de la Peña Karrikagoiti.