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11 de junio de 1980. Bakunin, así es como se conocía a Naparra, acude a una cita que tenía en Ziburu. Estaba refugiado en Iparralde con tan solo 22 años y supuestamente, el Batallón Vasco Español (organización de extrema derecha ligada a los aparatos del Estado español) reivindicó el secuestro y su muerte mediante cinco llamadas a diferentes a medios de comunicación. En uno de esos comunicados situaban la desaparición cerca de Xantako (Donibane Lohizune) y apuntaban después que el cadáver había sido llevado por dos gendarmes (de los cuales ofrecían incluso su descripción física) a la zona de Dax. La búsqueda de su cueror fue intensa, hasta tal punto que un lago cercano a Xantako fue explorado por amigos buzos de la familia.

Diario 16

hizo sus propias investigaciones en 1985 y concluyó que

Naparra

había sido asesinado por mercenarios del clan Perret. Esas fueron todas las pistas a las que pudo acceder la familia, a pesar del empeño de todos sus miembros que se reunieron con miembros del Comité de Refugiados Políticos Vascos y posibles testigos para saber más y encontrar al menos el cuerpo para poder descansar. Pero poco más se supo, y quienes podían ofrecer más datos, como por ejemplo Julio Cabezas Centeno, Escaleras, infiltrado en los Comandos Autónomos

Anticapitalistas, murió sin revelar nada de lo que podía saber. Años después, el juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno tampoco quiso tomar declaración a mandos policiales como el exgeneral José Antonio Sáenz de Santamaría o el famoso torturador Billy el Niño.

La justicia española y francesa garantizaron la impunidad

Como en tantas otras ocasiones en lo referido a la guerra sucia contra las organizaciones insurgentes vascas, las actuaciones judiciales que deberían de haber tenido como objetivo dilucidar y aclarar qué es lo que había ocurrido e identificar a los responsables de los hechos, miraron para otro lado. En un primer momento, la familia acudió a la justicia francesa que archivó el caso sin avances en 1982. En 1999 se presentó una denuncia en la Audiencia Nacional y la querella fue admitida a trámite para investigar la desaparición. Pese a la esperanza inicial, la familia
constató la falta de interés en resolver el caso al no aceptar los testigos propuestos. Finalmente, en 2004 se archivó la causa y el juez llegó incluso a negar en sus conclusiones que hubiese habido hecho delictivo en su desaparición.

Como en tantas otras ocasiones, la búsqueda de la verdad y de la justicia tuvo que superar las fronteras de los estados español y francés. Así, en septiembre de 2013 dos miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de la ONU visitaron el Estado para ver qué iniciativas estaba llevando a cabo en esta materia. Ariel Dulitzky, miembro del grupo, se reunió con varias asociaciones en Gasteiz y la familia de

Naparra

aprovechó para entregarle un informe sobre el caso. Dulitzky, al conocer los detalles de lo sucedido, animó a la familia a presentar una demanda individual sobre el caso. Con la ayuda de la Fundación Egiari Zor, hicieron oficial la reclamación, que el grupo de la ONU aceptó y comenzó a estudiar.

En septiembre de 2014 el hermano de Naparra Eneko Etxeberria acudió a Ginebra a exponer los detalles del caso a los cinco miembros del grupo de trabajo. Durante los 40 minutos que duró la reunión, Etxeberria puso de manifiesto el olvido por parte de las instituciones que ha sufrido el caso y la ausencia de medidas reparadoras hacia la familia. La comisión tuvo claro que José Miguel es una víctima de desaparición forzosa y que es un delito de lesa humanidad. Las conclusiones se trasladaron a ambos estados y se les solicitó que se lleven adelante las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de la desaparición y para que sean protegidos los derechos de José Miguel. Por ahora no se sabe nada sobre las gestiones, si es que las hubiera, realizadas por estos gobiernos.

“La ONU asume que mi hermano está desaparecido y que fue una situación forzosa. Acepta que el caso sigue abierto mientras no aparezca. Y, en
consecuencia, dice que es un delito de lesa humanidad y no prescribe. O sea, lo contrario que el auto de Ismael Moreno”,  declaraba hace dos años al periódico Gara Eneko Etxeberria.

Los familiares de Naparra fueron recibidos en 2015 por parlamentarios navarros en una comisión especial en el marco de la tramitación de la proposición de ley de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política. Eneko destacaba en aquel entonces  el “abandono total” que han sentido desde que su hermano desapareció.