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La Red Ciudadana Sare y personas vinculadas al ámbito jurídico han elaborado un manifesto en él que se recogen diferentes consideraciones ante la actual situación en las cárceles, agravada por la pandemia del COVID19.  Expresan que  la actual situación que están padeciendo muchos ciudadanos y ciudadanas vascas y sus familiares es “una crueldad” que solo puede entenderse “como un castigo que no cesa” y que es necesario exigir “justicia y cumplimiento de la ley, porque ambas cosas se les está hurtando”.

Este documento viene respaldado por más de 200 juristas de amplio espectro ideológico y geográfco. Juristas de todo el Estado “que quieren alzar su voz ante tal injusticia”  que califican de “ilegalidad” y de “falta de respeto de los derechos fundamentales” hacia las personas presas y sus familiares.

“Frente a la reivindicación democrática, se sitúa una actuación política que se limita a negar los derechos, inventándose requisitos para el cumplimiento de esos derechos que no están regulados en ninguna norma. Desde el respeto a todas las víctimas de las violencias, sí que hemos de decir que eso no concede patente a ninguna asociación para condicionar la política del Gobierno y en este sentido la política penitenciaria no debe olvidar la condición humana de las personas en prisión” han declarado los juristas Iñaki Lasagabaster y Amaia Goirigolzarri en la comparecencia celebrada en el Colegio de Abogados de Bizkaia.

“La política no puede entenderse sin derechos, sin hablar de derechos, siendo necesario diferenciar ambos ámbitos. La política permite el ejercicio de derechos, por eso se actúa políticamente, con independencia del éxito que se tenga”, han dicho, para añadir a continuación que  cuando se habla de estas políticas, se habla y se piensa en los derechos que tienen los ciudadanos. “Las políticas deben servir para llevar a la práctica los derechos, pero, a su vez, tienen los derechos como límite a su actividad. Por eso, si se habla de política penitenciaria, en esta situación de pandemia, hay, también, unos derechos, que corresponden a las personas internas en prisión, derechos que no pueden desconocerse. La política penitenciaria no puede realizarse negando estos derechos y se está negando”, han denunciado.

Quienes suscriben este manifesto de Sare creen que la Administración no puede decidir a su arbitrio la distribución de los condenados. “Debe respetar determinados límites y obligaciones que la legalidad impone, en desarrollo del principio constitucional de la reinserción social al que deben estar orientadas las penas privativas de libertad. Y todo ello, porque el régimen de vida en prisión, tal como indica el art. 3.3 del Reglamento Penitenciario, ha de tomar como marco de referencia la vida en libertad, persiguiendo reducir al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo para ello los vínculos sociales”, recuerdan.

Ante la situación de alejamiento que sufren los presos y presas vascos, y también, sus familiares, recuerdan que es la Ley Penitenciaria la que, en su art. 59.2, indica que el tratamiento pretende hacer del interno una persona con capacidad de vivir respetando la ley penal, y para ello se debe intentar desarrollar una actividad social en la prisión que propicie el respeto a uno mismo y la responsabilidad individual y social en relación a su familia. Y ello exige que las personas presas estén en cárceles cercanas a su entorno familiar. Y esto está reconocido también por el Convenio Europeo de DDHH, por lo que las personas presas deberían de esta en una cárcel próxima al domicilio de su familia.

Tabla de reivindicaciones

Tras la muerte del preso Igor Gonzalez Sola, subrayan que el respeto del derecho a la salud, el derecho a la progresión de grados y a otros beneficios penitenciarios, el derecho a acceder a la libertad condicional con determinadas situaciones de enfermedad, o el agravamiento de condenas, al no haberse procedido a la debida acumulación de las penas cumplidas en otros estados europeos son cuestiones también a resolver.

Por todo ello demandan el fin de la política de alejamiento, piden que se decrete la libertad, con las medidas cautelares precisas, de las personas con enfermedades graves, que se adopten medidas para combatir la pandemia más respetuosas con los derechos fundamentales de las personas presas así como medidas favorecedoras del derecho a la vida familiar, que se agilice y se facilite los regímenes abiertos, cumplimientos domiciliarios y las libertades condicionales y que se cumplan y respeten los derechos fundamentales de las personas internas en prisión.