15 trabajadores murieron el pasado año en Nafarroa, 46 en toda Euskal Herria

Los alarmantes datos de siniestrabilidad ofrecidos hoy por los sindicatos navarros en la antesala de la huelga general del 30 de enero y con el dramático inicio de año en el que ya son 8 los trabajadores muertos en Euskal Herria, son una muestra de la gravedad de los accidentes laborales a pesar del poco reflejo que tiene esta cuestión en la actualidad económica.

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“Año tras año la siniestralidad laboral está aumentando. La violencia laboral que sufre la clase trabajadora es un grave problema social, un problema estructural que es consecuencia directa de las políticas neoliberales que nos imponen”. Así de contundentes se han mostrado los y las responsables sindicales navarras que hoy han comparecido para dar cuenta del informe de siniestralidad del 2019, precisamente en una jornada teñida de luto tras los dos accidentes mortales de ayer.
Las razones estructurales que están en la base de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son, según los sindicatos, “la precariedad, la escasa calidad del empleo y la falta de medidas adecuadas de prevención: subcontratación, temporalidad, contratos parciales, ritmos de trabajo excesivos, falta de formación y la falta de control estricto de las instituciones en materia de salud laboral”.
“Lo más grave es que la única razón que subyace a todo ello es la avaricia empresarial, ya que se profundiza en la precariedad para rebajar los costes laborales y mantener los márgenes de beneficio. En Navarra 76 personas padecen cada día un accidente laboral o una enfermedad profesional”, han denunciado.
Las estadísticas oficiales muestran que hasta el tercer trimestre de 2019 se han contabilizado 19.657 accidentes de trabajo, de los cuales 9.179 fueron con baja y 10.478 sin baja. De los accidente con baja, los leves suman 19.563, los graves 81 y los mortales 13. Esto supone un aumento del 19,8% del cómputo total de accidentes de trabajo respecto del mismo periodo del año anterior, donde los accidentes leves se han incrementado un 18,4 %, los graves en un 44%, mientras que los mortales han sido 3 más.
La tendencia de los últimos 5 años muestra un constante aumento de los accidentes leves. Esto tiene que ver con que las mutuas minimizan su gravedad. Así, al menos, lo ven desde los sindicatos, que indican que el 99% del total de accidentes se califica como “leve” para evitar que la Inspección de Trabajo investigue los siniestros y que las empresas tengan que adoptar medidas preventivas y asumir responsabilidades.
Pese a ello, los accidentes graves también presentan un un incremento considerable, sobre todo en el último año.
Los accidentes sin baja también muestran una tendencia al alza, ya que desde el año 2015 están aumentando. Este tipo de accidentes es el que más se oculta, ya que las mutuas son las que los califican, y en consecuencia las empresas no notifican los partes de accidente correspondientes.
Por su parte, el índice de incidencia (número de accidentes por cada mil trabajadores) ha aumentado 0.71 puntos en 2019 con respecto al mismo periodo del año anterior, siendo el sector industria el que más impulsa este incremento.
En conclusión, y en base a los registros oficiales de Nafarroa, los accidentes laborales aumentan en 2019 con respecto al año anterior, tanto en términos absolutos como en términos relativos, continuando la tendencia alcista iniciada en 2012.
En relación con las enfermedades profesionales, desde enero hasta septiembre de 2019 se han comunicado 1.375 partes de enfermedad profesional, lo que supone un 17,7% más respecto del mismo periodo del año anterior. Se incrementa la notificación de los partes con baja y sin baja, produciéndose un aumento más significativo en mujeres.
Mención aparte merece la infradeclaración de las enfermedades profesionales, ya que las mutuas las consideran enfermedades comunes y las derivan al sistema público. A pesar de ello los partes de notificación no dejan de aumentar en los últimos años, especialmente entre las mujeres, dato que confirma la división sexual del trabajo, y que las enfermedades relacionadas con trastornos musculoesqueléticos se dan mayoritariamente en los sectores feminizados.
Accidentes mortales: 15 fallecidos en 2019
Durante el año 2019, los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, EHNE e HIRU han contabilizado un total de 15 accidentes laborales mortales en Nafarroa, y un total de 46 en Hego Euskal Herria. Esto supone 6 personas fallecidas menos que el año 2018.
El 40% son traumáticos, por atrapamiento, caída en altura o intoxicación. El 26% no traumáticos, el 20% in-itínere y el 13% en misión. Por su parte, el 13% de las personas fallecidas trabajaban para empresas subcontratadas.
El sector industria, con el 33% del total, es el que más accidentes laborales mortales acumula, seguido del sector servicios, con un 26% de los fallecidos. También han fallecido un agricultor, 2 trabajadores de la construcción y un transportista.
A pesar del descenso de los accidentes mortales con respecto al año 2018, la tendencia al alza en términos globales indica que la situación de la salud laboral en los centros de trabajo no mejora en absoluto.
Lo que ocultan las estadísticas
Los sindicatos denuncian que las estadísticas oficiales muestran solo una cara de la realidad “la punta del iceberg”. Aseguran que no se reconocen todas las dolencias laborales y por otra, se deja fuera a una parte importante de la clase trabajadora, como las trabajadoras del hogar o las personas que trabajan en la economía sumergida. También recuerdan que en el caso de los transportistas los siniestros son considerados accidentes de tráfico.
 
Aflorar la siniestralidad es uno de los mayores retos sindicales. “En la medida que los accidentes laborales y las enfermedades profesionales se escondan, no se podrá hacer frente a las mismas y cumplir con la obligación de mejorar las condiciones de trabajo quedará a un lado”, subrayan.
Además, en los actuales sistemas estadísticos el punto de vista del género no queda reflejado, dicen desde los sindicatos, que informan cómo en el ámbito de la salud laboral una prevención eficaz debería tener en cuenta esta variable por las diferencias biológicas, las consecuencias de la doble jornada, los trabajos realizados en economía sumergida, la situación de las trabajadoras del hogar, etc. “Se suele decir que los trabajos realizados por mujeres tienen pocos riesgos. Pero la realidad nos demuestra que las mujeres tienen peores condiciones laborales, económicas y peor posición social, además deben hacer frente a riesgos diferentes, sufren más las consecuencias de un empleo precario, realizan mayores jornadas parciales no deseadas y tienen sueldos menores. Las mujeres trabajan más tiempo en los “trabajos no pagados“. Las consecuencias en la salud en los trabajos feminizados se manifiestan a largo plazo por lo que los daños quedan invisibilizados”, aseguran los sindicatos.
Propuestas para hacer frente a la siniestralidad laboral
Los sindicatos apuestan por la creación de un marco propio de relaciones laborales y protección social público y garantista “libre de las injerencias de las mutuas patronales, y que incluya la transferencia de la Seguridad Social”.
La transferencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el incremento del personal técnico y sanitario del Servicio de Salud Laboral y de las partidas presupuestarias destinadas a políticas públicas de salud laboral, son otras de sus reivindicaciones. Ademas, piden acciones de control y seguimiento de empresas con exposición a agentes cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción, el establecimiento de registros de empresas con actividades peligrosas y exposición a riesgos psicosociales, la difusión pública de empresas con accidentes graves y mortales por falta de medidas de seguridad, la eliminación de puntos negros de la red de carreteras para reducir los accidentes laborales viales y habilitar fondos de reserva y compensación para el desamiantado y el resarcimiento de las víctimas del mineral cancerígeno. Para acabar, solicitan una serie de requisitos de inversiones mínimas en seguridad y salud laboral a empresas que accedan a contratación pública, con restricciones a entidades con requerimientos en la materia y a la subcontratación.

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