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Muchos de esos grupos políticos han firmado manifiestos, han suscrito declaraciones de intenciones y han expresado muestras de apoyo a las propuestas de la PAH, ahora es el momento de hacerlo real, es el momento de apostar claramente por el derecho a la vivienda, sin fisuras, con el apoyo económico de partidas presupuestarias que faciliten la realización del derecho. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos, son estos y no aquellas las que cambian la realidad.

A mes de noviembre de 2020, entre la oferta total de vivienda del Gobierno de Navarra y la demanda apremiante de la ciudadanía, hay un desfase de al menos 3.500 viviendas. Dada la situación de deterioro social, esta demanda no va a dejar de crecer, por lo que sería del todo necesario, y urgente, tener esas 3.500 viviendas. Es un mínimo imprescindible.

Y ello pasa por dotar de recursos económicos a las partidas para la ampliación del parque público de vivienda, que permita a las familias navarras a acceder al alquiler en condiciones asequibles y, en última instancia, garantizar de verdad el derecho a la vivienda.

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca lanzamos varias propuestas de cara a los próximos Presupuestos:

A)    Derecho de tanteo y retracto (es la preferencia que tiene la Administración frente a un tercero, por ejemplo un fondo buitre o entidad privada del tipo que sea, de adquirir las viviendas cuando dejan de ser de protección pública): al menos ejercer este derecho en 100 viviendas al año, lo que supondría 15 millones de euros anuales (calculando un coste de unos 150.000 euros por vivienda).

B)    Construcción de vivienda nueva: según los datos que tenemos del coste de construcción de VPO sería de en torno a los 110.000 euros, cifra que no incluye el coste del suelo porque sería público. Dado que sería necesario construir 600 viviendas por año, supondría un coste para las arcas públicas de 66 millones de euros. De lo anterior resulta que se requeriría incluir dos partidas en los presupuestos, una de 15 millones y otra de 66 millones, y en 5 años el problema de la vivienda en Navarra, sin resolverse, sería mucho menor.

De estos gastos habría que deducir el ahorro que supondría en ayudas extraordinarias para la vivienda y en los programas David y Emanzipa, que a día de hoy van a parar a manos privadas. También habría que tener en cuenta los ingresos que se obtendrían de esas viviendas, que como mínimo serían de 1,3 millones de euros anuales si todas las familias tuviesen derecho al 75% de subvención, o de 2,5 millones si la subvención media fuera del 50%.

Con menos de 80 millones de euros anuales, en 5 años, se vería muy paliado o casi resuelto el problema de la vivienda en Navarra. Debemos recordar que el presupuesto de Navarra con el Gobierno de Yolanda Barcina destinaba la mitad de esa cantidad a ayudas a la compra…

Es cuestión de voluntad, sabemos que hay muchos flancos que cubrir y agujeros que tapar, pero sigue siendo cuestión de priorizar necesidades. En estos Presupuestos veremos si realmente existe en los partidos políticos que nos representan, una voluntad real de apostar por el derecho a la vivienda en Navarra.