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Las recomendaciones de la Comisión De Seguimiento Del Pacto De Toledo reflejan la presión que viene ejerciendo el Movimiento Pensionista para conseguir un Sistema de Pensiones sostenible y que garantice unas condiciones de vida dignas, pero son claramente insuficientes, por las indefiniciones que contiene, por las cuestiones que silencia, y porque consolidan el actual deterioro de las prestaciones, y proponen empeorarlas en el futuro.

Nos parece positiva la recomendación de desglosar gastos propios e impropios y acabar con el déficit financiero de la SS, y con la política de préstamos, cuestión que tiene que ser efectiva desde los presupuestos del próximo año como también lo es que se concrete la deuda histórica que el Estado tiene con la SS por desviación indebida de cotizaciones sociales a prestaciones no contributivas o servicios de carácter universal. Sin embargo, es inaceptable pretender que “el saqueo” de las cotizaciones y del propio Fondo de Reserva, quede solo en un estudio clarificador sin establecer un compromiso de devolución. Estas recomendaciones rompen el discurso de los poderes financieros y sus voceros, interesadamente catastrofista, pero para garantizar el Sistema Público de Pensiones es imprescindible crear mas empleo de calidad, aumentar salarios y derogar las reformas laborales de 2010 Y 2012, que debilitan la negociación colectiva, incrementan la precariedad laboral y la depreciación salarial y disminuyen las cotizaciones; hay que establecer el SMI en 1200 euros previsto en la Carta Social Europea, y aprobar una profunda reforma fiscal para que realmente paguen más los que más tienen e ingresan.

La recomendación 2.- Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, define el poder adquisitivo de las pensiones como la resultante de aplicar incrementos “según el IPC real” pero, el llamamiento a recuperar el consenso alcanzado en 2011, que introducía indicadores que culminaron con la imposición por el PP del 0,25%, nos obliga a seguir exigiendo que la revalorización de las pensiones sea automática y se consolide por ley. Es urgente la mejora de las pensiones que están por debajo del SMI, y que cada día se alejan mas de él, para alcanzar una pensión mínima contributiva de 1.080 €.

Las recomendaciones 5, 12, 13, 15, y 16 son inaceptables porque ratifican la reforma de 2011 e impulsan los planes privados de pensiones. La 5.- Adecuación de las bases y periodos de cotización, aunque habla de “evaluar la facultad de elegir los años más favorables para determinar la base reguladora de la pensión”, o, en vidas laborales prolongadas; “descartar algún año concreto del periodo de cálculo ordinario”, o “escoger el específico tramo de cotización”, la realidad es que defiende la ampliación de 15 a 25 años el periodo de tiempo para el cálculo de la base reguladora, que culminará en 2022, y supone reducir las pensiones, con especial repercusión negativa en las mujeres. Que el PT evalúe como positivo para el sistema el incremento del período de cálculo, deja abierta la puerta a futuras ampliaciones a toda la vida laboral con lo que los “años más favorables” resultarían ser solo un señuelo temporal. En relación con el impacto de género, sería de interés un análisis de la afectación del período mínimo de cotización de 15 años, sobre los empleos precarios, temporales o parciales que son los habituales en la mujer.

La 12.- Edad de jubilación, plantea restringir y penalizar el acceso a la jubilación anticipada para retrasarla, hasta igualarla con la edad de jubilación real, y refleja la voluntad de acabar por penalización económica, con el derecho adquirido a la jubilación anticipada voluntaria y con el contrato de relevo que es un instrumento eficaz para mantener el empleo, facilitar el acceso de los jóvenes, y transferir conocimiento. La 13.- Prestaciones de viudedad y orfandad, es preocupante, la propuesta de cálculo a la baja, según los años de cotización o limitar el incremento del complemento a mayores de 65 años cuya pensión constituya su principal fuente de ingresos. La edad no puede ser un factor discriminatorio y la realidad es que esta pensión afecta especialmente a las mujeres. Sí nos parece positivo, sin embargo, que se suprima la discriminación por no existir vínculo matrimonial previo, reconociendo así las parejas de hecho. La 15.- Solidaridad y garantía de suficiencia, relega la garantía de unas pensiones mínimas suficientes al plano asistencial, e incumple los criterios de suficiencia recogidos en la Carta Social Europea, que en nuestro caso supone un SMI de 1200 euros y una Pensión Mínima de 1080 euros.

Especial mención merece la 16.- Sistemas complementarios, recomendando impulsar los planes privados de pensiones incentivados con dinero público. Se llamen planes de empleo, EPSV, o individuales, rechazamos que puedan ser bonificados con ingresos públicos. El beneficio fiscal favorece a los salarios más altos y ofrece una excusa a las empresas para exigir reducción de sus cuotas empresariales, o negarse a que aumenten las cotizaciones, beneficia a entidades bancarias y aseguradoras, que son las que los gestionan con altas comisiones.

Otras recomendaciones, sobre Fondo de Reserva (3), Integración y Convergencia de Regímenes (4), Incentivos al Empleo (6), Mutuas (9), Lucha contra el Fraude (10), Mujeres y SS (17), Juventud (17.B), Personas con discapacidad (18), o Trabajadores migrantes (19), son genéricas o sin objetivos concretos ni plazos de implementación por lo que no suponen ninguna garantía; incluso algunas se contradicen, al limitar la contributividad del sistema, al aumento de las cotizaciones mediante el incremento de la vida laboral y al mismo tiempo se hable de solidaridad del sistema, lo que revela, entre otras cosas, la no aceptación de una contributividad indirecta por quienes realizan actividades que ni se pagan ni cotizan pero que sí generan riqueza, y que un sistema basado en la solidaridad, intergeneracional debe considerar también la suficiencia, que exige unas pensiones mínimas dignas, justas y suficientes.

Especialmente grave nos parece que en las recomendaciones no haya mención alguna a la derogación del factor de sostenibilidad articulado en la reforma de pensiones de 2013 y 2011; un Factor de Sostenibilidad que, reduce las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida, y que entrará en vigor en enero de 2023 si no lo suprimimos. Al mismo tiempo, se consolida la reforma de las pensiones de 2011, retrasando la edad de jubilación hasta los 67 años, alargando hasta los 25 años el periodo de cálculo, aumentando los años cotizados necesarios para lograr el 100% de la pensión, modificando, a la baja, el cálculo de la base reguladora y restringiendo las jubilaciones parciales y anticipadas. Incluso plantean ampliar, tras evaluación, algunas de estas cláusulas cuando haya finalizado su despliegue en 2027.

El aumento de la edad de jubilación no incrementa las cotizaciones y es un freno para la incorporación de jóvenes al Sistema, y conlleva un endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada que penaliza, además, a trabajadores que pasan a depender de prestaciones de desempleo cuando ya han generado el 100% de su pensión contributiva.

Es alarmante la falta de iniciativas concretas en favor de aumentar los ingresos al sistema, cara a necesidades próximas como la jubilación del baby boom. Se asume el discurso de los poderes económicos basado en analizar el futuro del sistema de pensiones desde la perspectiva del gasto y la demografía y se relegan cuestiones trascendentales, del capítulo de ingresos, como la creación de empleo estable y de calidad y la redistribución justa de los incrementos en la productividad de la economía.

Aspectos esenciales, como el incremento de las pensiones contributivas mínimas hasta alcanzar los 1080 €, la derogación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados o en situaciones de merma evidente de condiciones e incluso riesgo laboral, medidas concretas para acabar con el 37% de la brecha de género en salarios y pensiones, incluido el aumento hasta el 100% de la base reguladora en la pensión de viudedad, como única fuente de ingresos, o la equiparación de las empleadas de hogar, o la supresión de ayudas fiscales a planes privados de pensiones, quedan pendientes a expensas de que algún grupo político las incluya en sus votos particulares.

La última recomendación de la Comisión Del Pacto De Toledo, la 20.- Control parlamentario, seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo, propone establecer su carácter como permanente, con reuniones anuales, pero sólo plantea como interlocutores sociales a organizaciones sindicales y empresariales, olvidándose nuevamente del Movimiento Pensionista que tanto tenemos que decir y aportar.

Es por tanto necesario seguir luchando, socializando nuestras propuestas ante la sociedad, ganando en legitimidad, y consiguiendo que el desarrollo normativo de estas recomendaciones se ajuste a las necesidades de los pensionistas y de la clase trabajadora, beneficiaria directa de las mejoras que estamos consiguiendo y debemos ampliar. La lucha por un sistema público de pensiones que garantice unas pensiones dignas al final de la vida laboral es una lucha del conjunto de la sociedad que exige la participación y movilización de la misma. En este sentido os anunciamos que el próximo día 30 en Iruña y el 5 de diciembre en la CAV, en el máximo de pueblos posibles y en las tres capitales, realizaremos movilizaciones en defensa de las reivindicaciones expuestas en este manifiesto.