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Asumía así el papel justiciero de la derecha estatal,
cuya principal estandarte durante toda la pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta hoy a uno de sus peores momentos tras la filtración de las
instrucciones expresas que su gobierno dio para que no se ingresara a personas mayores de
residencias en los hospitales madrileños. No parece oportuno el momento elegido por el
mandamás de UPN para transmitir una imagen de dureza ante un drama que se ha vivido en
toda Navarra y el resto de la geografía estatal, y que requiere una reflexión seria y profunda
sobre aspectos de gestión, por supuesto política y también directiva, en las residencias de
ancianas y ancianos, pero que nos lleva, indefectiblemente, a cuestionar todo el modelo de
cuidados y atención a mayores, privatizado (solo 2 de 71 residencias navarras son públicas)
apuntalado por la derecha. 

Pamplona no ha estado al margen de este drama, al contrario. El pasado 6 de abril la
concejala delegada de Servicios Sociales, María Caballero, dio una rueda de prensa para dar
cuenta de la gestión de su área durante la crisis del coronavirus. A su término, un medio de
comunicación le preguntó cuántas personas habían fallecido por COVID-19 en la Misericordia,
residencia con una especial relación histórica y política con el Ayuntamiento de Pamplona,
cuyo patronato preside el alcalde, Enrique Maya, acompañado por las concejalas delegadas de
Servicios Sociales y de Cultura, María Caballero y María García-Barberena. 

Para nuestra sorpresa y estupor, la señora Caballero respondió que habían muerto
cuatro personas, cifra siete veces menor a la realidad por esas fechas. Cuando en la Junta de
Portavoces preguntamos el porqué de esa desinformación a la ciudadanía y mostramos
nuestra absoluta discrepancia con los criterios opacos del gobierno municipal sobre la Meca, la
señora Caballero restó importancia al asunto. Tal vez porque se trataba de la Meca, institución
de honda raigambre en la ciudad, o porque se quiso aprovechar la ‘mentira’ lanzada
públicamente y que se había consolidado como verdad a través de los medios, el hecho es que
días después se nos dejó sospechosamente de enviar el informe sobre la situación en dicha
residencia que se nos mandaba a los grupos diariamente hasta ese momento. Y pese a que lo
solicitamos varias veces, jamás volvimos a tener por parte del gobierno municipal –
recordemos, miembro del Patronato- la cifra actualizada de personas muertas por COVID-19
(confirmadas o sintomáticas) infectadas y recuperadas. Ni ninguna otra información sobre la
situación interna en la entidad. 

Al retomar las comisiones, el 28 de abril, denunciamos la “ocultación de libro” que
había cometido Caballero y pedimos todos los datos. La concejala de Servicios Sociales se lavó
las manos y echó balones fuera: “a mí me dijeron con test cuatro fallecidos y decimos con test
cuatro fallecidos”, “si quiere datos acuda usted al Gobierno”; “es absurdo que traiga usted
aquí unas cuestiones que sabe que no tenemos la respuesta”. Incluso me acusó de mentir.
También preguntamos qué medidas de prevención se propondrían desde Servicios Sociales
ante la advertencia de la clase científica del riesgo de un rebrote en otoño que coincidiría con
la gripe, y conocerse un estudio que calificaba la zona de la Meca como la más vulnerable al
coronavirus de toda Navarra. Y Caballero respondió: “dice que ´tenemos que aprender´; por
supuestísimo, pero es que nosotros no tenemos ninguna competencia en las acciones de las
residencias”. ¿Es esta la manera de colaborar que defiende el señor Esparza en su entrevista

para evitar más muertes y contagios en las residencias, desentenderse y obviar la
representación cualitativa del gobierno municipal en la Meca? ¿Cómo puede exigir
transparencia a otros cuando la concejala de Servicios Sociales de Navarra Suma en Pamplona
ocultó la mayor parte de los datos sobre la Meca a la prensa y a los pamploneses y
pamplonesas el pasado día 6 de abril? 

Lo vivido, más allá del reparto de competencias, debe llevar a la Meca y al
Ayuntamiento a estudiar con el Gobierno de Navarra medidas específicas para evitar la
repetición de las situaciones dramáticas sufridas, optimizar la respuesta a futuro y mejorar la
calidad de vida de las y los residentes, la seguridad del personal y la tranquilidad de las
familias. Algunas ya se han puesto en contacto con las y los concejales de Pamplona pidiendo
mejoras en las condiciones actuales de las y los residentes. 

Si de algo pecó el gobierno de Maya desde el primer momento fue de
autocomplacencia. En solo tres días, el relato sobre la situación en la principal residencia de
Navarra pasó del todo va bien y se ha actuado con anticipación del viernes 20 de marzo a la
llamada de urgencia a los y las portavoces el lunes 23 de marzo para informar de que había 77
personas con síntomas. 

Cuatro centros de mayores de Iruñea (la Meca, con 66; Amma Argaray, con 35;
Oblatas, con 38 y La Vaguada, con 17) aglutinan el 38% de personas fallecidas por coronavirus
en las residencias en Navarra. Analizar las razones de este grave impacto y tomar medidas
eficaces para evitar que se repita es un mandato ético de todas las instituciones incluida el
Ayuntamiento de Pamplona. En la residencia El Vergel, con 161 residentes, no hubo ningún
fallecimiento. Tampoco en otras. ¿Qué hicieron bien? Esto es lo que debemos analizar, y
aprender de ello. 

El gobierno municipal de Navarra Suma era conocedor de lo que ocurría en la Meca y
tenía la obligación de informar a la ciudadanía y a los grupos. De la misma forma, ahora tiene
la obligación de exigir la revisión de protocolos, pedir medios suficientes y proponer medidas
preventivas para reducir riesgos futuros. Exigir responsabilidades cuando su partido no las
asume es miserable, señor Esparza.