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Tras la declaración del Estado de Alarma en el Estado español y el confinamiento obligatorio en el Estado francés por la pandemia global de Covid 19, se suspendieron las comunicaciones en todas las prisiones de ambos países, lo cual no ha hecho sino aumentar la preocupación y la desinformación por lo que pueda estar pasando en el interior de las prisiones.

En las prisiones del Estado francés el número de personas encarceladas ha descendido de 72.575 el 16 de marzo, a 61.000 el pasado 23 de abril, ya que en el país galo se ha excarcelado a miles de personas por el coronavirus aliviando así el hacinamiento existente en sus prisiones. En el Estado español no ha ocurrido lo mismo, y son más de 59.000 las personas encarceladas sin guardar el tan famoso distanciamiento social que en la calle se nos exige.

De todas ellas, 236 son presas y presos políticos vascos: 199 en cárceles del Estado español -donde también se encuentran, junto a sus madres, 3 niños menores-; 34 en cárceles del Estado francés y, finalmente, 3 cumplen condena en casa por enfermedad grave e incurable.

Salvo en el caso de los regímenes penitenciarios más duros, en los que apenas abandonan sus celdas, presas y presos comparten durante toda la jornada dependencias comunes; espacios cerrados en su mayoría, en los que se concentran decenas de personas: comedores, salas, duchas y aseos, talleres, patios…y, en ocasiones, también las celdas son compartidas. Un entorno de alto riesgo ante un patógeno con una capacidad de contagio tan alta como el Covid-19.

Se trata, por otra parte, de una población debilitada por la dureza del propio régimen penitenciario, por la alimentación deficiente y con un índice alto de inmunodepresión, lo que contribuye a elevar aún más el riesgo de contagio. A esto hay que añadir las deficiencias de los servicios médicos en prisión. Por lo general, hay un médico para atender a varios cientos de internos y pueden pasar semanas desde que se solicita ser atendido hasta que la consulta tiene lugar.

Las recomendaciones de organismos internacionales no tienen efecto en el colectivo de presos vascos
Las recomendaciones de los organismos internacionales para tratar de evitar que el coronavirus afectara de forma fatal a la población reclusa no parece haber sido tenida en cuenta por las autoridades españolas. La ONU, la Organización Mundial de la Salud y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa recomendaban a los Estados miembro alternativas a la privación de libertad para paliar los efectos del coronavirus en prisión. La OMS iba un paso más allá al afirmar que el esfuerzo mundial para hacer frente a la propagación de la enfermedad puede fracasar si no se presta la debida atención a las medidas de control de la infección dentro de las prisiones. En concreto, proponían un “mayor uso de alternativas a la prisión preventiva, conmutación de sentencias, libertad anticipada y libertad condicional, al tiempo que re-evaluar las necesidades de continuar en internamiento involuntario de pacientes psiquiátricos, alta o liberación de los residentes de hogares de atención social, cuando sea apropiado, y abstenerse de detener en la mayor medida posible a las personas migrantes”.

Por su parte, alrededor de 70 asociaciones pro derechos humanos de todo el Estado español suscribían un documento en el que solicitaban medidas urgentes para evitar la propagación del coronavirus dentro de las cárceles y garantizar los derechos fundamentales de las personas presas. Reclamaban, entre otras medidas, reforzar las plantillas de personal sanitario dentro de prisión; el aislamiento de las personas afectadas por el coronavirus en una instalación médica en lugar de una celda y la excarcelación inmediata de enfermos graves y de más de 70 años por constituir un grupo de doble riesgo, y recordaban que el ordenamiento jurídico español cuenta con medidas alternativas a la privación de libertad dentro de prisión para aquellas personas enfermas o mayores.
Sin embargo, el Estado español ha desoído estas peticiones, mientras que el Estado francés ha excluido a los y las presas vascas de las excarcelaciones que ha realizado.

Desinformación y falta de datos fiables sobre el número de contagios
La falta de información es la tónica general, según Etxerat. Los datos que semanalmente ofrece IIPP “minimizan” la pandemia dentro de las prisiones, dicen desde la asociación de familiares. Según estos datos, las personas presas infectadas serían muy pocas, pero sin embargo en el colectivo de funcionarios de prisiones los casos registrados se cuentan ya por centenares. “Es impensable que en una población de casi 60.000 personas, conviviendo por centenares en las condiciones que ya se han comentado, se hayan dado menos de 50 contagios, mientras que entre los funcionarios, los contagios son más de 500”, dice Etxerat. En las últimas jornadas se ha sabido que se procederá a realizar test rápidos a los y las presas y funcionarios. habrá que verlo.

Por su parte, Etxerat se queja de que las medidas de prevención que se han tomado hasta el momento “han sido las puramente restrictivas: suspensión de visitas y vis a vis, suspensión de permisos de salida y suspensión de actividades ocupacionales a cargo de personal externo”. Y además, duda de que estas hayan sido muy efectivas, puesto que para cuando se suspendieron las comunicaciones con el exterior, el virus ya podía haber entrado. A pesar de esto, las personas presas no tienen siquiera la opción de acceder a las medidas básicas prevención que tenemos en el exterior: guantes, alcohol o hidroalcohol… En cuanto a la lejía, en algunas cárceles les echan un tapón en el cubo de fregar. En otras, han tenido que recurrir al juez la prohibición de usarla.

La convivencia diaria en espacios comunes, es otro factor de riesgo. En algunos casos han permitido que los presos puedan permanecer en sus celdas para evitar el patio y las salas comunes. Sin embargo, en el Estado español, están obligados a concentrarse en los comedores tres veces al día y en filas durante el reparto de comidas.

Etxerat se hace eco de un documento de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior español, en el que se recogen medidas de prevención dirigidas a los funcionarios. En él se verifica la diferencia entre las medidas y recomendaciones dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores de prisiones y las contempladas para las presas y presos. Llama poderosamente la atención que en el documento se llegue a contemplar la posibilidad de “aislar” en una misma celda a varias personas con Covid-19.

Para hacer frente a la suspensión de visitas y el consiguiente aumento del distanciamiento con familiares y amistades, IIPP preveía la realización de videollamadas, algo que no tiene costo económico y que es totalmente viable con la tecnología actual. Sin embargo, estas videollamadas no se están realizando con regularidad y en algunas cárceles han sido expresamente prohibidas. Algunos presos vascos encarcelado en el Estado español han podido hacer una única videollamada. En el Estado francés no se contempla esta medida. Lo que si se ha hecho es aumentar el número de llamadas semanales, e incluso en el Estado francés se les ha dado una pequeña cantidad de dinero para financiarlas.

En el caso de las comunicaciones intermodulares, también suspendidas, las direcciones de los Centros penitenciarios de Alacant I, Granada, Villabona, Jaén, y Topas, no han autorizado estas videollamadas. Por lo tanto, las parejas cuyos miembros están en la misma prisión no pueden comunicarse, ni siquiera cuando existe una hija de por medio, como es el caso de dos presos vascos que se encuentran en Aranjuez y cuyo padre lleva semanas sin poder ver a su hija.

Otro caso sangrante es el una presa vasca cuya hija, menor de tres años, se encontraba pasando unos días con la familia fuera de la prisión. La declaración de la emergencia motivó que no tuvieran tiempo de llevar a la niña con su madre, antes de que se suspendieran los desplazamientos y las visitas. Quedan pocos meses para que la niña sea separada de su madre al cumplir 3 años, y el confinamiento está restando semanas a un tiempo que, para las dos, madre e hija, es primordial.

¿Cuando se reanudarán las visitas?
Esa es la pregunta que se hacen tanto presos y presas como familiares y amigos. Además de la prohibición de las visitas, está la cuestión del alejamiento. Aunque IIPP permitiera ahora mismo realizar comunicaciones entre presos y familiares, la gran mayoría de estas visitas no se podrían realizar por la prohibición de salir de las provincias. Es por ello que Etxerat reclama que se proceda al acercamiento de los y las presas. En este sentido, la asociación de familiares ha aplaudido la declaración realizada por partidos políticos vascos, catalanes, gallegos y de ámbito estatal (incluido Unidas Podemos, socio del Gobierno de Madrid), en la que se pide el final de la dispersión y la excarcelación de los y las presas gravemente enfermas y de aquellas mayores de 65 años, entre otras medidas.