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La campaña a nivel estatal para pedir la Regularización de todas las personas ha sido trasladad a las Administraciones e Instituciones locales en Nafarroa para que se sumen a la petición, la eleven a los organismos competentes y adopten compromisos en lo local.

Por ello, han remitido la siguiente petición a todos los Grupos Parlamentarios, a la Dirección General de Políticas Migratorias y Justicia y a la Federación navarra de Municipios y Concejos:

La Ley de Extranjería, representa la institucionalización y normativización del Racismo, porque supone en la práctica la creación de categorías de ciudadanía, supeditando los derechos de las personas a su origen y su condición, porque vincula el derecho a residir al cumplimiento de requisitos ligados con los intereses del mercado laboral, perpetuando un sistema en el que las personas son consideradas como mano de obra importable, a las que se puede incorporar o expulsar del sistema cuando sea necesario.

Lo hemos visto en las últimas semanas con las peticiones de personal necesario en ámbitos que se estaban viendo colapsados y afectados por la actual crisis, la situación de irregularidad y la dificultad de homologación de titulación requerida no han sido impedimento para que personas que así lo deseasen y pudieran desarrollar la actividad demandada, pudiesen hacerlo sólo ha sido necesario hacer una excepción burocrática.

 Pero entendemos que la motivación no ha sido garantizar la igualdad de derechos o dar pasos para derogar la actual ley de Extranjería que impide que estas personas puedan incorporarse al mercado laboral en igualdad de condiciones, si no dar respuesta rápida a un sistema que colapsa, de manera excepcional. Creemos que es el momento de hacer de esta excepción necesaria, la norma, es momento de ampliar derechos, urge reparar una de las consecuencias más tremendas que se desprende de esta ley de extranjería: la irregularidad administrativa a la que se ven sometidas miles de personas en el estado español.

Esta irregularidad, no sólo impide a las personas acceder al mercado laboral (regular), también dificulta o impide el acceso a otros derechos como la Sanidad, con denegaciones de atención médica, facturación en los servicios de urgencia, meses de espera para obtener tarjeta sanitaria, o la imposibilidad de conseguirla; derechos como la Educación, con la imposibilidad de acceder a cursos o a la homologación de los títulos; o la Vivienda, con la falta de acceso a todos los programas de vivienda protegida y la dificultad extrema de acceder a una vivienda de alquiler o al empadronamiento, así como un largo etcétera de prestaciones y servicios que vetan de manera o indirecta a todas las personas que no tienen permiso de residencia. Además, estar en situación irregular supone estar sometidx a un control constante y a la incertidumbre y vulnerabilidad que supone estar expuestx a la expulsión del territorio.
Seguimos exigiendo la derogación total de esta normativa, pero mientras nos veamos sometidxs a ella, exigimos la regularización de todas las personas que se encuentren en el estado, así como aquellas que se encuentran atrapadas en los limbos jurídicos, en territorio transfronterizo intentando acceder a suelo europeo. Si pretendemos “salir juntxs de esta crisis”, tal y como proclaman los y las representantes políticos, necesitamos garantizar los derechos de todas las personas. Además, el propio Reglamento de la Ley de Extranjería, ya prevé en su artículo 127 la posibilidad de regularización cuando menciona que se podrá conceder una autorización “(…) cuando concurran razones de interés público o seguridad nacional que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. A estos efectos, dichas autoridades podrán instar a los órganos competentes la concesión de la autorización de residencia a la persona que se encuentre en alguno de estos supuestos.”