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Inscribimos esta campaña de criminalización dentro de un discurso racista, homófobo, transfobo y machista protagonizado por ciertos sectores políticos, que tienen una clara intención de involución política y social, que se une a una progresiva derechización del discurso de quienes, sin encuadrarse en la extrema derecha, promueven sus argumentos de manera activa o desde la inacción. 

Por otro lado, queremos señalar a los responsables de estos discursos, que basan su argumentación en la construcción de bulos y mentiras, con el fin de favorecer su estrategia; sin olvidar a todos aquellos sectores políticos, sindicales y mediáticos que, con sus acciones y declaraciones, están contribuyendo a “blanquear” este discurso y a los sectores políticos que lo protagonizan.

Debemos recordar que las y los menores que viajan no acompañadas, ejercen un derecho legítimo a moverse libremente y a elegir dónde y cómo quieren desarrollar sus proyectos de vida y son los estados de este norte global los que impiden a través de múltiples formas de violencia que lo hagan en libertad. 

Son estos estados, a través de sus políticas migratorias, los que convierten este derecho en papel mojado, en un laberinto de obstáculos donde son sometidas/os sistemáticamente a examen en forma de pruebas de edad y múltiples trampas burocráticas que les mantiene muchas veces en limbos, impidiendo su acceso a derechos fundamentales y avocándoles a un futuro en la irregularidad.

Son estos mismos estados y sus representantes los que se llenan la boca hablando de integración y de convivencia, pero empujan todo aquello que consideran diversidad a los márgenes, los que hablan de protección a la infancia y adolescencia, pero desprotegen y criminalizan, los que condenan lo que interpretan como discursos de odio, pero los alimentan de manera sistemática categorizando a las personas por su origen y condición, precarizando las formas de vida y vulnerando derechos por acción y omisión.

En este sistema que habla de proteger e integrar pero que en la práctica discrimina, excluye y expulsa, es urgente fortalecer las redes de denuncia y apoyo mutuo, urge poner la vida con su diversidad en el centro de todo, esto pasa por que el estado cumpla con su deber de protección y tutela de manera real, efectiva y verificable, en este sentido, es urgente denunciar que el estado no está cumpliendo con su obligación de protegerlos/as a todos/as y en las debidas condiciones y es precisamente esta desprotección la que está siendo utilizada, por sectores políticos, no para denunciar la inacción del Estado, sino para atacar y criminalizar a los propios menores, despojándoles de su condición de menor y menoscabando su integridad. 

Por ello es imprescindible seguir blindando los derechos de todas las personas, especialmente de las que están bajo tutela, sin exclusión ni etiquetas, no son menores no acompañadxs, son menores, son nuestros menores.