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Sare Herritarra y la abogada Jaione Karrera han comparecido hoy en Iruñea para denunciar “el no sistemático” que están recibiendo los y las presas políticas vascas ante las peticiones de cambio de grado y en especial el caso del preso navarro, Xabier Sagardoi, que se encuentra en la cárcel de Soria y que el próximo 6 de abril quedará en libertad tras cumplir la totalidad de su condena.

Xabier Sagardoi, acusado de militar en Segi, cumple una condena de 6 años de prisión y se ha convertido en el primer preso político del EPPK en disfrutar de permisos de fin de semana en los últimos años. Se encuentra en  2º grado y la Junta de Tratamiento de la prisión de Soria emitió en diciembre un informe favorable a la concesión del 3º grado penitenciario, que permite acudir sólo a dormir a la prisión y disfrutar de permisos penitenciarios, y que también abre la puerta a la libertad condicional. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias está dilatando los trámites y la toma de esta decisión pese a que el preso cumple con todos los requisitos para acceder al 3º grado. Su abogada, Jaione Karrera, advierte de que esta decisión podría llegar cuando el preso ya haya acabado su condena, con lo cual IIPP evitaría dar el 3º grado a un preso del EPPK y sentar un precedente. Este es precisamente el objetivo de esta dilatación en el tiempo, opinan Karrera y Sare Herritarra, y se han mostrado muy críticos con el Gobierno del PSOE en materia penitenciaria. Jaione Karrera ha confirmado que aunque IIPP otorgara al preso navarro el 3º grado, ya sería imposible que el preso accediera a la libertad condicional por una cuestión de plazos.

Sagardoi ingresó en la cárcel en septiembre del 2013 y en octubre del 2017 cumplió las 3/4 partes de su condena. Durante todo este tiempo ha disfrutado de 6 permisos y todos los informes y notas de la Junta de Tratamiento y de la Dirección de la prisión de Soria han sido positivas. 

El 84% de lo presos y presas políticas siguen en 1º grado

Tras la decisión del Gobierno español de convocar unas nuevas elecciones, Sare Herritarra ha querido valorar la política penitenciaria de este Gobierno. A pesar de todos los pasos dados por ETA, desde octubre de 2011, hasta desmovilización en mayo de 2018, a día de hoy, alrededor del 84% de los y las presas vascas se encuentran en primer grado penitenciario desde su encarcelamiento, cuando en el caso de la población reclusa en general, esta situación de primer grado, solo se aplica al 2,1%. Sare Herritarra considera que estamos ante una “medida de carácter excepcional y de aplicación solo a los presos y presas vascos” para evitar que progresen de grado y puedan acceder a permisos y la libertad condicional.  “Es esta una condición que llevan exigiendo los diferentes Gobiernos españoles a los presos vascos, y cuando estos proceden a iniciar ese proceso, de manera sistemática, el Gobierno de turno y también los jueces, les deniegan ese derecho”, denuncia Sare.

De las peticiones realizadas hasta ahora, son muy pocas las que han recibido una respuesta favorable, la mayoría han sido denegadas (3 peticiones aceptadas y 69 denegadas, aún quedan 43 por revisar). Más aún, cuando se trata de pasar del segundo al tercer grado. Hoy por hoy, no se ha recibido ninguna respuesta favorable en ninguno de los casos. “Es decir, continuamos en la aplicación de un régimen de excepcionalidad, que si ya mientras ETA existía, no era aceptable, mucho menos lo es ahora, que la violencia de una de las partes, ha desaparecido”, remarcan desde Sare.

Los y las presas de las prisiones de Villabona y Burgos están también en una situación similar. Ante la petición de progresión de grado realizado por los presos, la dirección de estas prisiones está realizando informes contrarios para así denegar de manera sistemática esta posibilidad,” sin ninguna razón objetiva más allá de las ideológicas o políticas”, asegura Sare.

“Tímidos avances” que no acaban con la política de alejamiento

Sare recuerda al ministro de Interior Grande Marlaska “que la sociedad vasca, en repetidas ocasiones, con el apoyo de sus instituciones y la mayoría de las fuerzas políticas y la unanimidad de las fuerzas sindicales, ha mostrado la necesidad y voluntad de dar pasos en pro de la convivencia y la paz y por el fin de esta política penitenciaria de carácter vengativo” y que estas negativas ante las peticiones de cambio de grado y la actitud que se está dando desde las direcciones de las prisiones “son contrarias a las declaraciones que tanto el ministro, como el presidente Sanchez han realizado en diferentes ocasiones estos últimos meses sobre un cambio en profundidad de la política penitenciaria”.

Sare acusa al Gobierno español de hablar de una nueva política penitenciaria pero de haberse quedado en las palabras “que nada han tenido que ver con una política valiente y humana” para resolver la situación de los presos y presas vascos. ” Anunciaron el fin de la política de alejamiento, pero los movimiento que hasta ahora se han realizado no suponen ni el inicio de ese fin de esta política”, denuncian.

Sare defiende la necesidad de poner fin a esta vulneración de derechos y aunque cree que acercarlos a 250 kms de sus casas puede suponer “un tímido avance, no es en absoluto poner fin a la política de alejamiento que se aplica desde hace 30 años”, y piden que sea atendida la situación de los presos gravemente enfermos, “que de la misma manera que el señor Zaplana tienen todo el derecho de ser tratados en sus hogares y en las mejores condiciones para que puedan hacer frente a su enfermedad antes de que esta sea irremediable”.

Así pues, ante un nuevo ciclo de elecciones en estos próximos meses, que afecta tanto a las fuerzas políticas de Euskal Herria como del Estado Español, hacen un llamamiento a los partidos políticospara trabajar “a favor de la paz y la convivencia en este país”.

“Que dejen de utilizar come elemento de confrontación la situación de los presos y presas vascos y se comprometan a buscar una solución definitiva”, defienden. Sare reivindica un acuerdo en el tratamiento a todas las victimas de las violencias, “donde se deje de utilizarlas políticamente y se les proporcione reconocimiento y respeto” y “una solución definitiva a la situación de las cárceles y de los presos y presas vascos”.