ahötsa_

En nuestra memoria están aún las imágenes de quienes se manifestaron pocos días después, llenando las calles de gritos de dignidad, exigiendo justicia. No olvidamos los testimonios, las imágenes de las cámaras, que hablaban por sí solas, contradiciendo la versión oficial redactada escuetamente, desde la impunidad, dejando en el aire preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Y es que, dos años después, seguimos sin saber por qué le pararon y le detuvieron, por qué de manera violenta y por qué no le trasladaron a un centro médico. El silencio jugó un papel protagonista en este caso, como suele ocurrir con tantas muertes bajo custodia de un estado que se convierte en cómplice.

Tampoco podemos olvidar los intentos de archivo de la causa, argumentados desde la (in)suficiencia de pruebas, con informes forenses que hablaban de muerte natural, dando por correcto todo lo sucedido antes, durante y después de ese espacio de tiempo que acabó con la vida de Elhadji.

Han sido dos años de impunidad, en los cuales respecto a los controles por perfil étnico, nada ha cambiado, controles que venimos denunciando desde hace muchos años.

A los numerosos estudios estatales e internacionales, se le ha unido el reciente informe de agosto de 2018, del Grupo de Trabajo de Expertos sobre afrodescendientes, que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas y que concluía: “el establecimiento de perfiles raciales de los afrodescendientes es un problema endémico en España”. El informe incluía además las recomendaciones propuestas por los expertos de Naciones Unidas sobre la creación de un mecanismo independiente de revisión de las actuaciones policiales y mayor formación en el seno de la policía, para prevenir y terminar con las prácticas discriminatorias.

Seguimos exigiendo lo mismo que entonces: la urgencia de implantar protocolos verificables respecto a las actuaciones e intervenciones policiales. Sin cambios en la normativa, es difícil combatir la mala praxis, porque sigue siendo difícil de detectar y visibilizar y más aún de denunciar y probar. En este sentido la vía judicial sigue siendo, en muchos casos, cómplice del sistema y de su racismo institucional.

En esta fecha queremos hacer memoria contra el olvido y contra la impunidad, para recordarnos que debemos seguir visibilizando y combatiendo la violencia estructural que nos oprime.

Sabemos que debemos seguir denunciando el racismo institucional que sostiene parte de esta violencia y sobre todo, debemos seguir tejiendo redes de apoyo, solidaridad y resistencia, ya que entendemos que son la clave política y social para construir cambios estructurales y profundos, en una sociedad que aún mira hacia otro lado ante el racismo.