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La recusación parte de una resolución de la propia Sala de apelación, dictada el pasado 1 de octubre, en la que se anuncia a las defensas que dos de sus Magistrados también han sido condecorados con la orden del mérito de la Guardia Civil, y se añade que según su criterio este extremo “no es motivo de abstención”.

Se da la circunstancia de que las defensas ya habían recusado a uno de los componentes de la Sala que se encargó del enjuiciamiento, la Magistrada Concepción Espejel, precisamente por haber sido condecorada con la orden del mérito de la Guardia Civil, así como por estar casada con un coronel de dicho cuerpo, recusación que fue inadmitida a trámite por la Sala, por considerar que estaba presentada “fuera de plazo”.

Este hecho ha llevado a las defensas a incluir en su recurso esta cuestión, a fin de que la Sala de Apelación valore si la Magistrada tenía o no motivos para ser apartada del Tribunal. Como quiera que la Sala ha anticipado cuál va a ser su respuesta a dicho planteamiento, al advertir que a su juicio recibir una condecoración de la Guardia Civil no es motivo bastante para abstenerse en este proceso, las defensas razonan que, en realidad, la propia Sala de Apelación “está admitiendo su propia falta de neutralidad para resolver esta cuestión, pues antes del examen de los argumentos de la defensa (todavía no se ha examinado el recurso) ya se ha posicionado sobre uno de sus motivos del mismo”, dicen en una nota emitida.

Los jueces José Ramón Navarro, designado ponente del recurso, y Eloy Velasco, han sido condecorados por la Guardia Civil, como la propia Sala reconoce. Las defensas argumentan que no se enjuicia solo unas lesiones causadas a dos guardias civiles, sino que se acusa a los jóvenes de “una hipotética campaña de acoso” contra la Benemérita denominada “Alde Hemendik” “que ponía en tela de juicio la legitimidad de su presencia en el País Vasco, todo ello basado en informes de la propia Guardia Civil, quien igualmente está presente en el proceso a través de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que ejerce la acusación popular, y de la Abogacía del Estado, acusación particular en representación de los dos guardias civiles lesionados en la refriega”. Por ello entienden que estos jueces puedan no ser imparciales.

Las defensas también destacan dos declaraciones a medios de comunicación de uno de los magistrados de la Sala, y que pondrían en duda su imparcialidad. Se trataría de las manifestaciones del magistrado Eloy Velasco en noviembre de 2017, participando en unas jornadas organizadas por COVITE (quien también ejerce la acusación popular en este caso), en las que alertaba «del peligro de “los jóvenes de la disidencia de ETA” ya que aunque ve difícil la vuelta a la confrontación estima que “dentro de poco van a salir a la calle activistas fuertemente ideologizados”».

Ese mismo Magistrado realizó también otras declaraciones, refiriéndose en concreto a este caso, en marzo de 2018, en el que señalaba que la Audiencia Nacional tenía más conocimiento del fenómeno del terrorismo, lo que explicaba la discrepancia entre ésta y la Audiencia Provincial de Navarra, quien descartó que el caso Alsasua pudiera ser enjuiciado como terrorismo, como finalmente sucedió.

Estas manifestaciones del Magistrado, según las defensas, también suponen unos “posicionamientos apriorísticos respecto de los hechos que debe revisar en grado de apelación”, por lo que “cabe dudar de que el referido Magistrado pueda actuar con la neutralidad que su posición exigiría”, señalan en una nota hecha pública en el día de hoy.