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Todos los partidos políticos sin excepción nos apoyaron y nos ofrecieron su
ayuda mientras que desde la mayoría de los medios se hacían eco de nuestras
reivindicaciones y se criticaban las exigencias de la multinacional. 

Finalmente, el 23 de febrero de 2016, el desenlace de la situación tal y como se
dio a conocer: La plantilla de ZF-TRW acepta en votación la propuesta de la empresa
(convenio + 123 despidos). 

La sensación que puede quedar tras todas las movilizaciones, ruedas de prensa
y reuniones con la clase política que se dieron durante aquel proceso es que, por parte
de los sindicatos, se hizo todo lo posible para evitar los despidos. En nuestra opinión,
nada más lejos de la realidad. 

Después de varias semanas en huelga de 4 horas por turno, la empresa se
negaba a negociar su última propuesta (que incluía 123 despidos). 

Entonces, se abrió lo que parecía un nuevo marco de negociación. El Comité
Europeo y 2 representantes del nuestro (CCOO y UGT) se reunieron con la
multinacional y nos trasladaron su compromiso de reanudar las negociaciones si
levantábamos la huelga. 

Esta opción se discutió en el seno del comité y se llegó a la conclusión de que
pausar la huelga con el único objetivo de que la dirección retirase de inmediato los
despidos de su propuesta no implicaba el no volverla a convocarla si la empresa no
reculaba. La declaración del presidente del comité fue la siguiente: “En un acto de
buena voluntad, para favorecer el marco de la negociación, hemos acordado realizar
una pausa en la huelga”. 

En contra de lo que nos había transmitido el Comité Europeo a través de los
representantes de CCOO y UGT (obviamente nos engañaron entre todos), la dirección
no cumplió su parte y siguió negándose a negociar, dejándonos con la única opción de
reanudar la huelga. 

Sin embargo, en ese preciso momento, el resto de sindicatos del comité tomó
una decisión que desvelaría unos objetivos totalmente contrarios a los que habían
aparentado hasta entonces: CCOO, UGT, ELA y LAB decidieron llevar a votación en
asamblea la propuesta de la empresa que incluía, además del peor convenio de
nuestra historia, 123 despidos. 

CGT advirtió de que retomar la huelga directamente era la única posibilidad de
evitar los despidos pero esa opción fue rechazada por todas las secciones sindicales.

Finalmente, la plantilla decidió (por 327 síes frente a 223 noes) aceptar la propuesta de
la empresa. 

LAB y ELA, tras defender en asamblea una votación cuyo resultado sabían que
iba a imposibilitar la huelga indefinida, decidieron apoyar, precisamente, la huelga
indefinida. Una actitud hipócrita con la que pretendían mantener su pose
reivindicativa cuando ya habían optado por ayudar a la empresa a despedir a 123
compañeros. 

CGT, evidentemente, también optó por el NO en esa votación impuesta por
CCOO, UGT, ELA y LAB. El hecho de que CGT participase en ella ha sido utilizado por
estos sindicatos para dar a entender que también nosotros avalábamos su realización.
Nada más lejos de la realidad, tal y como expusimos en el seno del comité y en la
propia asamblea. 

Al mes de comenzar a ejecutarse el ERE, la empresa contrató a 200 eventuales
para suplir a los despedidos, lo cual evidenciaba, además de la grave enfermedad
mental de quienes urdieron todo esto, que no faltaba trabajo. Por este motivo, CGT
comenzó una huelga indefinida en solitario a la que finalmente no se unió ningún
sindicato. 

Poco después, la resolución judicial sobre el ERE constató lo que ya nos
temíamos, que éste no estaba ajustado a derecho. Las causas económicas y
organizativas que alegaba la empresa fueron desestimadas por el juez, por lo que los
despidos se convertían en Improcedentes (a excepción de 14 que fueron nulos). Paul
Parnham, un psicópata de bajo intelecto impuesto por la multinacional para dirigir la
fábrica y hacer el trabajo sucio, había mentido a la plantilla, a los sindicatos, al
gobierno y al juez. Nuestros compañeros fueron despedidos con la intención de suplir
su trabajo mediante personal eventual y aplicando los puntos de flexibilidad y
reducción de descansos reflejados en el nuevo convenio. 

Las reformas en el Estatuto de los Trabajadores permiten que la empresa
(pagando una indemnización) despida de forma Improcedente a cualquier trabajador.
En estos casos, donde la ley deja desamparadas a las víctimas de la codicia
empresarial, corresponde a los sindicatos utilizar sus recursos para reparar la injusticia. 

Sin embargo, CCOO, UGT, ELA y LAB continuaron negándose a realizar acciones
sindicales encaminadas a revertir el ERE, limitándose a criticar a la dirección en escritos
y ruedas de prensa. 

Su argumento: respetar el resultado de aquella votación, obviando que la
misma había estado totalmente condicionada por las amenazas (250 despidos e
incluso cierre de la planta en 2019) de una dirección que nos situaba al borde del
abismo si no accedíamos a todas sus pretensiones alegando unos motivos que, como
se demostró en la resolución judicial (recientemente constatada por el Tribunal
Supremo), eran falsos. 

Por otra parte, los partidos políticos (y en especial los que forman gobierno)
que en su día nos mostraron tanto apoyo y solidaridad para aparecer en la foto cuando
la noticia era muy mediática, tras el fallo judicial no han mostrado ninguna intención
de presionar a la dirección para revertir el ERE. ¿Qué se puede esperar de un gobierno
que permite a una empresa, que ha recibido millones de euros en ayudas, despedir a
trabajadores fijos con más de 20 años de antigüedad para sustituirlos por eventuales? 

A día de hoy, solo CGT seguimos dispuestos a hacer lo necesario para obligar a
la dirección a readmitir a todos lo que fueron injustamente despedidos y quieran
volver. Junto a LAB y ELA, pese a ser minoría frente a CCOO y UGT (quienes solo
parecen representar los intereses de la dirección), alcanzamos un amplio sector de la
plantilla que puede ser más que suficiente para presionar a la empresa. Sin embargo,
ELA y LAB continúan negándose a realizar acciones sindicales, ni por este ni por ningún
otro motivo. Ni siquiera apoyan las huelgas que, desde los despidos, CGT convoca para
todos los fines de semana y festivos que obliga el convenio. Mientras, la empresa sigue
contratando personal eventual (actualmente alrededor de 100 personas) para suplir el
trabajo de nuestros antiguos compañeros y mantiene un excedente de 29.000 horas,
lo que supone el trabajo de 17 personas durante 1 año. 

Lo que ha ocurrido en ZF es solo un ejemplo más de lo que está sucediendo en
el resto de empresas del sector. En estos momentos, en la Opel de Figueruelas se
encuentran en un proceso similar, de amenazas. 

Los directivos se aprovechan de la desprotección de los trabajadores tras las
reformas laborales del PP-PSOE para infundir el miedo mediante amenazas de
despidos o el cierre de la planta si no se acatan sus condiciones. Para crear ese clima
pre-apocalíptico no dudan en ocultar futuras cargas de trabajo, mentir a quien haga
falta o enviar sindicalistas (si es que se les puede llamar así) para extender la
incertidumbre entre los trabajadores. Las empresas, a cambio de recortes brutales,
solo ofrecen cargas de trabajo a corto plazo para poco después volver a plantear una
situación similar. 

Esta dinámica está diseñada para acabar sistemáticamente con todos los
derechos laborales conseguidos tras años de lucha obrera. 

El papel de los sindicatos en estos chantajes empresariales es fundamental. Los
sindicatos tenemos la obligación de defender a todos los trabajadores y trabajadoras y
disponemos de recursos para protegerlas de la codicia de los empresarios sin
escrúpulos. Sin embargo, por lo general, tras un paripé mediático para lavar su imagen,
se recurre a estratagemas como traspasar la responsabilidad a una plantilla
amenazada y manipulada cuya mayoría siempre aceptará cualquier barbaridad a
cambio de un par de años más de trabajo. 

Un comité de empresa no es un mero representante de la mitad más uno de la
plantilla, sino el responsable de proteger a todos los trabajadores. Que CCOO, UGT,
ELA y LAB continúen asumiendo el resultado de una votación que ha conllevado
despidos, incluso después de conocer que las amenazas de la empresa estaban
basadas en mentiras, supone una traición a la esencia del sindicalismo. CGT considera

que un comité que renuncia a tomar acciones sindicales en situaciones tan graves e
injustas es un comité que ha abandonado las armas y ya no está interesado en
proteger a los trabajadores y trabajadoras, razón por la que no acudimos a sus
reuniones. 

En CGT seguimos en disposición de luchar por todos quienes deseen recuperar
su puesto de trabajo y, en ese sentido, nuestra mano está tendida a cualquier sindicato
que decida retomar la acción sindical, aunque sea en minoría.