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Lenin Moreno fue Vicepresidente de Rafael Correa en su primer mandato
presidencial, hasta que en abril del 2017 fuera elegido con los votos de la Revolución
Ciudadana, como continuador de los cambios realizados. Sin embargo, a los seis meses
de su elección ha renegado del legado de Rafael Correa y ha hecho de él su adversario
principal y pretende un nuevo liderazgo, basado en el consenso con las fuerzas políticas
que perdieron las elecciones y los opositores al cambio. 

Moreno cuenta con el apoyo de la derecha de corrupción más rancia del país, de
la Gran Banca y de las élites empresariales; cuyos grandes medios de comunicación
ofrecen el esquema de dos contrafiguras: Correa “el mafioso” frente a Moreno “el alma
bella”. 

Bajo el disfraz de la lucha contra la corrupción, el consenso y el diálogo subyace
el objetivo fundamental del Referendum-Consulta: acabar con Correa impidiéndole
presentarse a las elecciones presidenciales del 2021, como paso previo para
implementar políticas neoliberales y reducir el Estado al mínimo potenciando el sector
privado. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción enmascara la lucha contra el Estado
social y la regulación económica y desmontar la obra de Alianza País de Correa: las
Escuelas del Milenio, el Proyecto Jachay, las Hidroeléctricas, los hospitales, los medios
públicos de comunicación, la Banca Pública y la quita de la deuda. 

Los medios de comunicación y las alianzas políticas partidarias tejen un
entramado de poder asociados a trasnacionales y sectores internacionales que defienden
intereses políticos y económicos muy importantes, pero contrarios a los del país en
cuestión. 

Las democracias formales y sus instituciones ya no son vistas como amenaza
para los poderes fácticos, sino que son el instrumento perfecto para legitimar la
usurpación del Estado. Basta con que uno de los tres poderes del Estado de Derecho sea
favorable a impugnar el gobierno del cambio, para que cualquier iniciativa del ejecutivo
sea considerada delito. Y ello, con la inestimable ayuda de los grandes medios de
comunicación.

Es lo que ha ocurrido en Honduras, Paraguay, Brasil o los sucesivos ataques a
Venezuela. Y de manera más encubierta, también en Argentina. En este caso se
evidencia el poder de los medios de comunicación. La presidenta Cristina Kitchner
promovió (como explica Pascual Serrano en “Medios democráticos. Una revolución
pendiente de la Comunicación”) la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual

discutida durante cinco años con los sectores implicados. Dicha Ley fue recurrida por el
poderoso grupo Clarín, suspendida largo tiempo en los tribunales y cuando el nuevo
presidente Macri, quien además de corrupto en lo económico, apareció en los papeles de
Wikiliks como confidente de la CIA accedió a la presidencia del país, la rechazó en
pocos días. 

El papel de la prensa fue igualmente determinante en el caso de la destitución de
la presidenta de Brasil; y en el caso de ECUADOR, el nuevo presidente se ha
apresurado a privatizar también los medios de comunicación públicos. 

En España habría que señalar la falta de objetividad de la mayoría de los medios
de comunicación públicos – más que públicos, gubernamentales- y privados, con
relación a los países iberoamericanos, que se salen del guion marcado por el amo del
norte; con la servil connivencia de todos los gobiernos de la Democracia de esas
naciones hermanas que forman parte de la Hispanidad. 

Y ante tal situación, hace unos días la Junta electoral ecuatoriana impidió la
creación por parte de Rafael Correa de un nuevo partido Revolución Ciudadana,
después de que hace unos meses le desposeyera del partido por él creado Alianza País. 

Por todas estas razones, este Referendum-Consulta del día 4 de Febrero es una
peligrosísima maniobra contra Ecuador y su ciudadanía. 

Con señuelos como la anticorrupción, la ecología, los niños y niñas, el consenso y la
paz social se pretende terminar con los enormes avances del periodo de Rafael Correa. 

Frente al inmenso poder de manipulación y engaño de los grandes medios de
comunicación, sólo una ciudadanía crítica y movilizada en defensa de su patria y de los
intereses de las mayorías podrá impedir el triunfo del referéndum/consulta/fraude del
próximo 4 de febrero. 

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