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Quienes queremos un mundo justo, igualitario, en el que todas y todos podamos vivir, en el
que la riqueza se reparta por igual, creemos firmemente que los servicios públicos (que son ni más
ni menos que aquellos servicios esenciales para vivir: sanidad, educación, cuidados, transporte,
vivienda, suministros básicos…), se deben gestionar desde el Sector Público. 

Quienes tienen un esquema piramidal de la sociedad, en la que unos muchos generan la
riqueza de la que disfrutan unos pocos, lógicamente, pretenden convencernos de que los servicios
públicos son más rentables si los gestiona la iniciativa privada. Y sí es cierto que lo son, para unos
pocos bolsillos, a costa de despojar a la mayoría de unos derechos que al fin y al cabo, se costean
desde los bolsillos de esta mayoría. 

En CGT, como no puede ser de otra manera, apostamos por lo público. El criterio para
prestar un servicio esencial ha de ser la efectividad y calidad, que sea adecuado y universal. Un
servicio público prestado con criterios de lucro, deja de ser público y pasa de ser un derecho a ser
un privilegio al que no toda la población puede acceder. 

En Nafarroa, con el cambio político al que hemos asistido después de las últimas elecciones
autonómicas y municipales, se ha abierto la puerta a varios procesos de reversión de servicios
externalizados (que es como llama la derecha a la privatización). Algo anunciado en sus programas
electorales. 

Sin embargo, estos procesos conllevan una serie de problemas de tipo legales, tanto en lo
concerniente a la figura jurídica que se adopta para esta reversión (es un proceso administrativo que
hay que abordar teniendo en cuenta una serie de condicionamientos), como en lo relativo a las
plantillas. Y no hay un modelo único viable para todos los casos. 

Y todo esto se debe hacer de una manera que queden blindadas estas reversiones, y que no
pueda venir un gobierno de otro signo a desmantelar lo recuperado. 

El tema de las plantillas, como sindicato que somos, nos preocupa primordialmente. ¿Cómo
conjugar los derechos que nos asisten en el Estatuto de los Trabajadores respecto a la subrogación,
con el principio de acceso a un puesto en la administración según los parámetros de igualdad,
mérito y capacidad? 

Es importante que estos procesos se hagan bien, para que no haya lugar a impugnaciones. 

En la actualidad se han llevado a cabo dos reversiones de servicios importantes en nuestra
comunidad. Y se han afrontado de forma diferente. En el servicio de Cocina del Complejo
Hospitalario, los puestos se han cubierto con personal de la Administración; la plantilla de la
empresa concesionaria ha engrosado la lista del paro. 

En los servicios de Atención a Domicilio, el proceso ha sido algo más complejo. Este
servicio se venía prestando por dos empresas, una municipal, en la que las trabajadoras pasaron un
proceso de selección, y otra empresa privada concesionaria de parte del servicio. 

Todas las trabajadoras han pasado a formar parte de la plantilla municipal como
“trabajadoras indefinidas no fijas.” 

Esta situación supone una vulnerabilidad absoluta. Estas trabajadoras se podrían ir a la calle
en cuanto se ofertaran las plazas, o por decisión de un nuevo gobierno municipal. Corresponde al
ayuntamiento establecer los mecanismos que blinden tanto los puestos de trabajo como las plazas
creadas. 

En la actualidad, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está impulsando el rescate
del servicio de recogida de basuras, en la actualidad en manos de FCC. 

Entendemos que la manera de blindar a la plantilla, en cualquier proceso de reversión a lo
público de los servicios externalizados, pasa necesariamente por que la plantilla entre a formar parte
de la administración o de una empresa pública. Y a día de hoy, con la ley en la mano, esto solo se
puede hacer a través de un proceso selectivo que se rija por las premisas de igualdad, mérito y
capacidad. Y la manera de cumplir con la legalidad, y no dejar desprotegida a la plantilla que ha
venido prestando el servicio durante años, sería la figura del concurso oposición, por el cual se
valora la prueba,y los méritos computables son el tiempo trabajado. 

Al hilo de todo esto, y con el fin claro de acotar los procesos de reversión de servicios
públicos a la administración, la última ley de Presupuestos Generales del Estado, establece, por
primera vez, que el personal que se integra en la Administración solo lo puede hacer por medio de
un proceso selectivo que se rija por los principios establecidos en el Estatuto del Empleado Público.
En definitiva, subrogación sí pero a una empresa pública, no a una administración pública. Si bien
no deja de ser cierto, que esta Ley de Presupuestos entra en competencias laborales que no son
suyas y por tanto en materias que podrían suponer que ese artículo sea denunciado. En cualquier
caso, los sindicatos debemos hacer frente a este nuevo ataque a la municipalización de servicios