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Organismos sociales y culturales de Nafarroa se han pronunciado a favor de los ocho jóvenes de Alsasua acusados de delitos de terrorismo a raíz de los hechos acaecidos el pasado 15 de octubre, de madrugada, en un bar de dicha localidad.

“Desde el compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios que deben configurar un Estado de Derecho, queremos mostrar nuestra preocupación por estos hechos”.

Consideran fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial “observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad” y se respete la presunción de inocencia de los jóvenes. “Se les ha negado el derecho al Juez natural y, como han señalado reputados juristas, las garantías procesales (derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad, no arbitrariedad…) han quedado en entredicho”, denuncian.

También rechazan la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo y a la solicitud de penas de cárcel de entre 12 y 62 años, que en total suman 375 años, así como al mantenimiento de tres jóvenes en situación de prisión preventiva de manera arbitraria desde hace diez meses. “La inadecuación de las calificaciones penales a los hechos, el no cumplimiento de los requisitos jurídicos necesarios para el sostenimiento de dichas imputaciones, la falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva de los tipos penales vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger”, dicen.

La calificación penal de los hechos y las desproporcionadas penas solicitadas “generan alarma social” y “no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos”, recuerdan. “Un sistema judicial que no actúa debidamente produce desamparo e inseguridad a toda la sociedad, provoca un recorte de libertades y supone un antecedente peligroso al afectar a toda la sociedad y a sus derechos civiles”, remarcan.

Para acabar, solicitan la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, el levantamiento de las medidas cautelares de prisión preventiva y la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Iruñea. Asímismo hacen un llamamiento al conjunto de la sociedad a que muestre su rechazo a esta vulneración de derechos y se implique en la defensa de los principios y la calidad democrática de un Estado de Derecho.