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Desde la Plataforma Navarra de Salud queremos reseñar que la Atención

Primaria sigue siendo uno de los pilares fundamentales en el seguimiento y control del

gasto farmacéutico, ya que en los centros de salud se atiende más del 85% de las consultas

socio-sanitarias de la población Navarra.

Este Plan Estratégico, reconociendo que supone un avance importante y que busca consenso en su tramitación, llega con año y medio de retraso (y todavía se da plazo hasta diciembre de 2017 para su aprobación), lo que es indicativo de que la AP, pese a ser la base del sistema sanitario, queda nuevamente postergada.

Hay que recordar que hace ocho años se aprobó el Plan de Mejora de AP, que afectaba

a más de dos tercios de la población Navarra. Este Plan ganó premios en Navarra y en Madrid,

pero debido a la crisis solo se desarrolló de manera parcial. En su elaboración y tramitación fue

parte importante el Sr. Gabilondo, con lo que no se acaba de entender que siendo

actualmente Director General de Salud no se haya impulsado su implantación. Lo ha dejado a

la espera del Plan para la Atención Continuada y Urgencias Rurales, que en anteriores

legislaturas no se resolvió de manera adecuada, ya que ciertamente no es de fácil articulación,

pero que no debe retrasar la puesta en marcha del primero, con las reformas pertinentes

recogidas en el actual Plan Estratégico. 

Desde hace quince años, en los centros de salud se trabaja con medicamentos

genéricos y se controla periódicamente el gasto farmacéutico, lo que está bien, pero por eso

mismo no se entiende que ese control no se extienda a la Atención Hospitalaria y

Especializada. 

Por otra parte, se estima que de las personas que acuden a urgencias solo el 10% son

verdaderas urgencias. Si el 90% restante fueran atendidas en sus centros de salud, el ahorro

sería considerable, ya que la consulta en los servicios de urgencias es considerablemente más

cara. 

Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevención de la salud

tiene que ser uno de los fundamentos de la AP, lo que también comporta un ahorro, ya que

prevenir es más barato, y mejor, que curar. En los centros de salud se trabaja desde hace

tiempo con programas de educación para la salud, protocolos de crónicos, visita domiciliaria y

toda una amplia cartera de servicios que tienen que estar en permanente revisión. A esas

actividades se van añadiendo constantemente nuevas posibilidades de solicitud de pruebas,

antes reservadas a los especialistas, lo que hace que el campo de actividad y la capacidad

resolutiva de la AP sea mayor, reduciendo la derivación a especializada menor, lo que también

incide en ahorro del gasto. 

Está bien dotar a AP de mayores posibilidades y descargar en ella más actuaciones, es

la instancia más cercana y accesible a la población, también la que le inspira más confianza y

con la que tiene el trato más fluido. Pero todo requiere tiempo; es necesaria la solicitud de la

prueba, prestar atención a sus resultados y trasladárselos al paciente. Todo esto no es posible

si no se mejoran los ratios de profesionales por población, cuya necesidad ya se indicaba en el

Plan de Mejora; sin esa adecuación de las plantillas la jornada queda absorbida por la atención

a los procesos agudos y semiagudos, en detrimento de la atención socio-sanitaria completa de

la persona y su entorno, del mantenimiento de una buena historia clínica y de la buena

utilización de esas nuevas pruebas diagnósticas, a las que podemos tener acceso por el

desarrollo tecnológico. 

En conclusión, la inversión en personal de AP sería un gasto sensato que derivaría en

un ahorro y permitiría la adecuación a las nuevas necesidades, devolviéndole su papel de pilar

del sistema sanitario: adecuar los ratios de personal a los nuevos cometidos de AP, acabar con

la interinidad mediante una OPE todo lo amplia que se necesite y las sustituciones al 100% por

bajas y vacaciones son medidas necesarias. 

Hay, además, que seguir primando la prescripción de genéricos, colaborando con las

farmacias en el control del uso de medicamentos, como permite la receta electrónica, y

negociando con las empresas farmacéuticas el precio de los nuevos medicamentos, muchos de

ellos de escaso valor añadido. 

Por último, como hemos dicho en otras ocasiones, una fiscalidad progresiva y un

mayor control del fraude, aportaría una disponibilidad suficiente para que la AP alcanzase el

25% del gasto sanitario sin reducir otras partidas, cumpliendo así las indicaciones de la OMS. 

En defensa de una sanidad pública, de calidad y universal.