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Las organizaciones y plataformas que reivindican la renta básica han querido expresar su opinión sobre la Ley de Renta Garantizada que hoy se ha aprobado en el Parlamento foral con los votos favorables de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra. Pese a considerarla un avance, creen que no es suficiente y que hay aspectos que suponen un retroceso con respecto a los anteriores textos legislativos. UPN, PSN y PP han votado en contra de la nueva ley.

La aprobación en Navarra en 1999 de la Carta de Derechos Sociales supuso un gran avance para la protección de los derechos sociales de las personas y la implantación de la Renta Básica que garantizaba el acceso a una vida digna, a través del cobro de una renta a quien lo necesitase. Pero en 2012, UPN y PSN derogaron la Renta Básica, sustituyéndola por la Ley de Renta de Inclusión Social, que según denuncian estos colectivos “rompió con los principios de la anterior ley, transformándolo en un derecho temporal y restringido a determinados sectores de la población Navarra, que dejó en situación de desprotección a miles de personas que la anterior ley protegía”. La movilización social, en colaboración con los partidos entonces en la oposición, logró que la Renta de Inclusión Social fuese reformada en varias ocasiones y de esta forma se consiguió recuperar la protección social para miles de personas.

La Ley de Renta Garantizada aprobada hoy contiene avances, opinan estas organizaciones, pero también existen retrocesos sociales. “La Renta Básica derogada garantizaba un ingreso mínimo a toda persona o unidad familiar que lo necesitase y llevase un año viviendo en Navarra. La Renta Garantizada, por el contrario, exige dos años de residencia para alcanzar este derecho”, anuncian.

Avances y retrocesos

Tanto la Renta Básica, como la Renta de Inclusión Social, planteaban unas prestaciones cuya cuantía quedaba muy por debajo del umbral de pobreza. “Ahora la Renta Garantizada aumenta las cuantías a percibir por las unidades familiares de varios miembros, avanzando en este camino, pero por otro, recorta el importe de la prestación a familias unipersonales”, critican.
Uno de los grandes avances de la Renta Garantizada ha sido incorporar a esta protección a sectores injustamente excluidos por la anterior ley, como son las personas mayores de 65 años y las personas en situación administrativa no regularizada.

Sin embargo, las personas de 18 a 24 años, sufren una merma en sus derechos de protección, ya que aunque se les reconoce el derecho a percibir una renta, se establecen para su acceso unos requisitos más restrictivos que al resto de la población: llevar emancipados dos años y un año de cotización. Además se excluye a aquellas personas no regularizadas.

La Renta Garantizada se podrá percibir mientras dure la situación que motivó su otorgación, lo cual supone un gran avance.

Carencias en la elaboración, carencias en los contenidos
Recordando el carácter de Ley de Iniciativa Popular de la Carta de Derechos Sociales, se critica cómo se ha elaborado la Ley de renta Garantizada ya que los procesos de consultas organizados por el Gobierno (mesas de debate y aportaciones por internet) no fueron suficientes y que además prácticamente no se aceptó ninguna propuesta. Estas organizaciones solicitaron a los partidos que sustentan el Gobierno la apertura en el Parlamento de una mesa de participación y debate del proyecto de ley, que fue rechazado expresamente.

“Valoramos que esta falta de participación ha podido contribuir a distorsionar el debate de la Ley de Renta. El debate se ha centrado exclusivamente en unos pocos puntos de discrepancia, no habiendo sido posible debatir sobre otros muchos aspectos, también importantes. El tema del régimen sancionador, de plazos para la resolución de solicitudes, aspectos que afectan a poblaciones minoritarias o reclusas, tiempos,… han pasado desapercibidos, no han sido debatidos ni se han creado los espacios para aportar propuestas, para su ajuste o mejora”, critican.

Ven necesario separar la inclusión social del derecho a percibir unos ingresos económicos para garantizar la cobertura de las necesidades básicas, y hay voces que plantean que lo que hay que conseguir es en realidad un SMI que evite la existencia de trabajadores y trabajadoras pobres. “La Ley de Renta Garantizada parece nacer, en algunos de sus aspectos, desde la prevención o el miedo al fraude, al abuso de ley, al efecto llamada o al peligro de hacinamiento, pese a que el fraude es inferior al 1%, según el Defensor del Pueblo.

Los tiempos de resolución de la Renta Garantizada (tres meses) son “inasumibles” por personas que no cuentan con recursos para su subsistencia y prolongan una innecesaria situación de máxima necesidad. “Se deberían acelerar los tiempos de tramitación, eliminado la doble valoración que se realiza en la actualidad, por parte de los Servicios Sociales de Base y del Gobierno de Navarra, o dotándole a este último de mayores recursos humanos”, opinan.

“La ley no atiende, no contempla, gran parte de la diversidad social existente, dejando sin dar respuestas a situaciones de necesidad no estandarizadas”, como por ejemplo a la población reclusa, población joven con tempranos o muy tempranos procesos de emancipación, como el de la juventud gitana, las personas jóvenes sin papeles, las familias trasnacionales, personas refugiadas, cuya protección de asilo es como máximo de un año y medio, quedando en ese momento, quien lo necesite, totalmente desamparada por no cumplir el requisito de dos años de residencia.

“Para justificar los límites de esta Ley de Renta Garantizada, se ha vuelto a oír eso de que “hay el dinero que hay”, por lo que hay que priorizar los sectores de población a proteger. Pero no se habla de política fiscal. Es prioritario, es imprescindible, garantizar la protección de la población más vulnerable, y para eso será necesario llevar a cabo la correspondiente y adecuada reforma fiscal”, subrayan.

“Valoramos en positivo los avances que la Ley de Renta Garantizada nos plantea. Pero no podemos apoyar esta ley porque, además de suponer un retroceso en derechos ya adquiridos, no consigue garantizar una renta que posibilite el acceso a una vida digna a todas las personas que lo necesitan”, concluyen. Por todo ello han presentado ante el Parlamento de Navarra una enmienda “in voce” para hacer escuchar “la voz de quienes no protege esta ley”. Desde el Gobierno foral se ha declarado “han escuchado la petición” y  que se “estará atento” a lo que pueda decir el cuatripartito que lo sustenta.