El reto de construir la memoria

El reto de construir la memoria de nuestra historia reciente, de elaborar lo que se da en llamar el relato de lo ocurrido en Navarra y Euskal Herria en los últimos cien años, no es tarea fácil. Debe afrontarse con honestidad y responsabilidad, si realmente queremos construir una reconciliación digna, que garantice una convivencia sana y duradera.

EA Nafarroa

2016-ko maiatzak 12

FRANQUISMO. Nuestra historia de violencia hunde sus raíces en el alzamiento militar

fascista planeado en Iruñea en1936. Consecuencia de aquello, solo en Navarra, sin

frente de guerra, hubo casi 3.500 personas asesinadas. En su mayoría yacen aún en las

cunetas, víctimas de un abandono que se está saldando con más de 80 años de

retraso. Decía hace poco el ex alcalde de Pamplona y miembro de UPN, Enrique Maya,

que han “llegado tarde” al tema de la memoria. Sin restar importancia al gesto de

asistir por primera vez al acto que convocan familiares de fusilados en la Vuelta del

Castillo, hay que decir que la derecha aún no ha llegado a ningún sitio en el tema de la

memoria. Si se está viendo obligada a avanzar se debe a la presión social y a la labor e

iniciativa de otros. ¿Acaso UPN hubiera acudido si no hubiera habido cambio de

gobierno en Iruñea?

Aquel golpe militar dio paso a una dictadura de casi 40 años. Un régimen represivo que

fusiló, encarceló y obligó al exilio a miles de personas. 40 años de imposición de un

proyecto monolítico, el nacional-católico, que ha dejado rastro. Resulta muy difícil

evaluar el coste de una dictadura. Porque se expresa, además de en vidas truncadas,

en libertad cercenada y en retroceso ideológico. Y se cobra en generaciones futuras.

TRANSICIÓN. En la lucha contra el franquismo y su dictadura surgió ETA, legitimada

socialmente por muchos ciudadanos y por la mayor parte de la oposición a la

dictadura. En la llamada transición, la negociación política se produjo bajo ruido de

sables. Posteriormente, el Tejerazo y la LOAPA se tradujeron en una limitación del

alcance legal de las aspiraciones legítimas de las fuerzas de izquierdas y abertzales; así

como de la democracia y las libertades en su conjunto. No hubo ruptura con el

régimen anterior. Ni siquiera se desmontaron los engranajes represivos. Al contrario,

con la excusa de la continuidad de ETA se afianzaron y adaptaron a las nuevas

circunstancias perpetuando sus prácticas. La reconciliación estuvo dominada por la

impunidad y el silencio. La Ley de Amnistía exoneró a criminales franquistas y causó un

vacío en la memoria colectiva.

ETA. En los años 80, la decisión de ETA de perpetuar su actividad armada deja un

reguero de víctimas y lleva al entonces lehendakari, Carlos Garaikoetxea a liderar las

primeras manifestaciones contra sus atentados. En 1986 se fundó Eusko Alkartasuna,

partido que recogió como un pilar esencial de su proyecto –con el derecho a la

autodeterminación de Euskal Herria, la socialdemocracia, la participación institucional

y el objetivo político de la independencia- la condena nítida de toda violencia y la

defensa activa de los derechos humanos. Eusko Alkartasuna no solo se opone a la

violencia de ETA sino también a otras violencias provenientes del Estado, así como a la

estrategia de dispersión de las personas presas, por considerarla inhumana y entender

que penaliza –aún hoy- a las personas allegadas. El asesinato de Miguel Ángel Blanco,

concejal del PP, en 1997 conmocionó a la sociedad y profundizó un cisma entre la

sociedad vasca y ETA que se fue agrandando inexorablemente. En total, ETA ha

matado a más de 800 personas a lo largo de su trayectoria.

GAL Y TORTURA. Entre 1982 y 1996, durante los gobiernos de Felipe González, se da

carta de naturaleza a una guerra sucia parapolicial que venía funcionando desde el

franquismo. El Estado organizó y financió con fondos públicos los GAL, organización

terrorista que cometió secuestros y asesinatos como los de Santi Brouard o Lasa y

Zabala, entre otros. También en los 80 asesinaron al diputado de HB, Josu Muguruza

en Madrid. Se producen asesinatos en comisaría como los de Joxe Arregi y Mikel

Zabalza. Tras aplicar el protocolo de Estambul a millares de vascos, un profesional de la

talla de Paco Etxeberria afirma que el número de torturados en las últimas décadas en

Euskal Herria supera los 3.500. Lo que le lleva a concluir que su práctica ha sido

sistemática; amparada y silenciada por jueces y otros estamentos del Estado, como lo

evidencian las cinco condenas del Tribunal de la Unión Europea a España por no

indagar las denuncias.

PAZ. Eusko Alkartasuna, firmemente comprometida con la paz, se implica en todos los

intentos por alcanzarla, desde el primero hasta el último y definitivo. Destaca su papel,

junto con otros partidos y agentes sociales, en el Pacto de Lizarra, con un gobierno del

PP. Más aún su implicación en el proceso de 2006, ya con Rodríguez Zapatero,

frustrado por el atentado en la T4. Pese a todo, Eusko Alkartasuna insiste en explorar

vías de diálogo con la izquierda abertzale, y coadyuvar en la labor de quienes

integraban Bateragune. El 20 de octubre de 2011 ETA anuncia su cese definitivo. Los

elementos expuestos a grandes rasgos son solo algunos de los muchos que creemos

deben ponerse sobre la mesa al abordar la cuestión de la paz, la memoria, la

convivencia y el necesario reconocimiento y reparación a todas las víctimas. Es

fundamental partir de toda la verdad, sin ocultar ninguna de las expresiones de

violencia. Y es preciso también el reconocimiento del daño causado. En este sentido

debemos reconocer el paso de gigante dado por la izquierda abertzale al expresar con

claridad su responsabilidad. Aun así, es de justicia afirmar que queda mucho por hacer

aún en relación con la disolución de ETA y el reconocimiento y la reparación a sus

víctimas.

Por otro lado, hemos de decir que no hemos visto gestos equivalentes por parte de

otros sectores políticos que también han tenido responsabilidad directa en graves

episodios de violencia. Es obvio que queda casi todo por hacer en torno a las víctimas

del Estado. No son de recibo la decisión del Supremo de retirar las ayudas a las

víctimas del GAL, el BVE o la Triple A, o el recurso del PP a la Ley de Víctimas policiales

de Navarra. Si queremos asentar la convivencia es imprescindible actuar con respeto a

todas las víctimas. El reto de construir una memoria digna, que sirva para la

profundización democrática en nuestra sociedad, es una responsabilidad de todas y

todos.

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