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Han sido miles estas últimas décadas las personas obligadas a desfilar por delante de jueces omnipotentes, ególatras y narcisistas. En todos los casos la máxima ha sido la misma: una acusación virulenta, injustificada y poco fundamentada; una defensa acotada a unas reglas de juego basadas en el derecho penal del enemigo, y multitud de sentencias torticeras, sustentadas en confesiones arrancadas bajo tortura y pruebas periciales aportadas por los propios torturadores.

Por lo tanto, ¿de los acusados que se espera? De los estamentos jurídico-policiales, plena sumisión, no cabe duda. Que esta clase de procesos judiciales supongan un aviso a navegantes. Un cordón sanitario para que la disidencia política no avance.

En consecuencia, del enemigo, el consejo. Como otros tantos compañeros y compañeras, no desaprovecharemos nuestra oportunidad para desacreditar a todos y cada uno de los poderes que promueven la opresión sobre nuestro pueblo.

La Audiencia Nacional no es un tribunal democrático, entre otras cosas porque fiscales, jueces y forenses son plenamente conscientes de lo que en multitud de ocasiones ocurre en los calabozos de la Guardia Civil o la Policía Nacional.

En nuestro caso, disponen de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (con fecha 5 de mayo de 2015) que condena al Estado español por no investigar la denuncia por torturas interpuesta en sede judicial. Por si eso por sí solo no fuese suficiente, también existe un informe del Comité europeo para la Prevención de la Tortura, dependiente del Consejo de Europa, que otorga veracidad a nuestros testimonios (puntos 12 y 14 del informe de 2011).

¿Se imaginan un juzgado en alguna parte de Europa en el que se haga caso omiso a sentencias e informes de Tribunales y organismos internacionales sobre tortura? No parece excesivamente digerible ni jurídicamente aceptable continuar con un proceso judicial en el que dos organismos internacionales vinculantes para con el Estado y la judicatura española acreditan la existencia de tortura sobre los acusados.

Por ello, no vamos a cejar en el empeño de denunciar la vulneración de nuestros derechos humanos.

Es necesaria una acción efectiva para prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos en los centros de detención. El Gobierno de España, la Audiencia Nacional, las diferentes instituciones del Estado deben reconocer el daño causado, la utilización programada y sistemática de esta práctica.

Porque en momentos en los que el reclamo de la memoria, la construcción del relato de lo sucedido, adquiere especial relevancia el hecho de que ciudadanos navarros sigamos siendo ajusticiados por nuestra ideología. Esto también forma parte de un relato colectivo, el relato de los horrores del Estado español.

Si alguien está interesado en nuestro caso o en conocer más a fondo la práctica de la tortura, puede acudir a la conferencia que el 13 de febrero, a las 11:00, hemos organizado en el Palacio Condestable de Iruñea. Paco Etxeberria (antropólogo y médico forense de reconocido prestigio internacional), Jorge del Cura (portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura) y Lorea Bilbao (abogada de Torturaren Aurkako Taldea) abordarán en profundidad, como expertos en la materia, los pormenores de esta práctica.

Por último, no quisiéramos acabar sin hacer un guiño a los cinco de Askapena que acaban de ser absueltos, así como a los otros nueve compañeros y compañeras que deberán afrontar en el mes de mayo un nuevo juicio en la Audiencia Nacional, este también marcado por las denuncias de tortura. Besarkada bat zuentzat!