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Cuatro vecinos de Burlata (entre ellos el alcalde del pueblo) han sido citados a declarar en la Audiencia Nacional, en calidad de imputadas por un brindis celebrado en las pasadas fiestas de agosto. “Es el quinto año que nos llaman a declarar por lo mismo. El objetivo de estas imputaciones es tratar de aislar y evitar la solidaridad hacia los presos políticos vascos”, denuncian.

Pese a esta persecución, no cejarán en su trabajo solidario. “Queremos ratificar nuestra apuesta por seguir trabajando, más si cabe, en la defensa de los derechos de nuestros familiares y amigos. Uno de nosotros además ha decidido no acudir a la Audiencia Nacional, sumándose así al movimiento de desobediencia civil ante este tribunal de excepción. Tenemos claro que la solidaridad no es delito y por ello busca así hacer una humilde aportación en el camino de frenar la persecución política de los presos y la gente que se solidariza con estos. Si intentan detener la solidaridad hacia los presos políticos y la denuncia de su situación, les responderemos con el doble de compromiso”, aseguran.