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Dada la actual situación de conflicto con la división del mundo en Estados –muchos de ellos fallidos– las naciones están obligadas a llevar a cabo el asalto al poder enarbolando la soberanía, como en Catalunya.

La Brunete mediática del constitucionalismo de Estado eleva sus estandartes amenazantes para influir en la decisión catalana de desconectar con España. Catalunya es una nación cuya elección de valores y toma de decisiones como sujeto colectivo les corresponde a los catalanes. En la frontera de la validación consensual de los juicios de valor de la españolidad que reclama  la titularidad de Catalunya para el reino de España está su Constitución. Una Constitución alumbrada en las contraluces del ocaso del franquismo a la que el soporte de su título VIII da validez como si fueran las Tablas de Moisés.

La palabra valor tiene más de un significado como acepciones de un único sentido. El valor como precio es aquello que se estima y aprecia sabiendo que tiene un coste. También es un mérito que se reconoce y tiene una utilidad que se reclama por el interés general que ofrece la futura República Catalana sin distinción de orígenes. Además, al recuperar su historia, fortalecen la vigencia de un pueblo con sus derechos actualizados. Y, sobre todo, enfrentan con su audacia y coraje la construcción de un sujeto político que haga de la justicia social el marco donde se unan las voluntades solidarias en un próximo futuro sin corrupción.

El valor está unido a la osadía para romper con los privilegios sociales, adquiridos durante el franquismo, ventajas para unas clases que hicieron de sus intereses la importancia de sus objetivos. La República Catalana constituyente debe situar en el frontispicio de sus libertades las prioridades de primer rango para que toda una sociedad sea tan libre como lo sean sus niveles inferiores. La extensión de los derechos humanos fundamentales a todas las personas es la consecuencia del ejercicio libre del derecho a decidir de cada individuo desde el respeto a la igualdad de oportunidades para todos.

La libertad de Catalunya para constituirse como sujeto político en igualdad de derechos con otras naciones, en concurrencia con la comunidad internacional, no es cuestión de tolerancia de la metrópoli. El Derecho Internacional en el siglo XXI ha superado el falso principio de la integridad de los Estados. En el 60 aniversario del ingreso de España en la ONU, la obcecación de Rajoy por preservar este principio de integridad territorial le sitúa al margen de la historia.