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El debate sobre el futuro urbanístico del Valle de Egüés ha tomado en las últimas semanas un rumbo inquietante. Mientras el Ayuntamiento avanza en la elaboración de su Plan General Municipal —clave para un desarrollo equilibrado—, el Gobierno de Navarra impulsa en paralelo un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) que plantea la ampliación de Sarriguren con miles de nuevas viviendas.

La cuestión de fondo no es menor: ¿tiene sentido este proyecto? ¿Responde a una necesidad real o se está actuando al margen del contexto territorial y de la planificación local? El propio Pleno municipal, en su sesión del 29 de abril, ha sido claro al solicitar la paralización y retirada del PSIS. No se trata de una discrepancia política puntual, sino de una advertencia institucional sobre la falta de encaje del proyecto en el modelo de desarrollo que el municipio está definiendo.

A ello se suma un aspecto poco explicado pero fundamental: Sarriguren, como núcleo, no dispone de suelo propio para asumir esta ampliación. El ámbito previsto afecta a terrenos de tres concejos —Olaz, Badostáin y Ardanaz—, generando una situación administrativa compleja: nuevo barrio (así lo llama el concejero) vinculado urbanísticamente a Sarriguren, pero cuyos vecinos pertenecerían administrativamente a diversos concejos. Un escenario que recuerda al precedente de Erripagaña, aún sin resolver plenamente.

El principal argumento del PSIS es la necesidad de vivienda. Sin embargo, los datos invitan a la prudencia. En la Comarca de Pamplona hay previstas cerca de 40.000 viviendas en desarrollos ya planificados, mientras que la demanda susceptible de cuantificarse se sitúa muy por debajo (24.000 solicitantes apuntados en el censo de Nasuvinsa)

Pero el problema de fondo de las expectativas de demanda habitacional es estructural. Navarra cuenta con unos 270.000 hogares y una tendencia clara hacia la fragmentación: hogares cada vez más pequeños, envejecimiento acelerado y un aumento constante de personas que viven solas. No estamos ante una sociedad que demande únicamente más suelo urbanizado, sino ante una transformación profunda del modelo de convivencia.

Este cambio demográfico no es menor. Con un 20,7 % de la población mayor de 65 años —y una proyección cercana al 26 % en apenas una década—, el crecimiento de los hogares unipersonales responde en gran medida al envejecimiento. Surge así una paradoja silenciosa: muchas personas mayores viven solas en viviendas amplias, de tres o cuatro dormitorios, adquiridas en otra etapa vital. Mientras tanto, se proyectan miles de nuevas viviendas y una parte significativa del parque existente permanece infrautilizada, bloqueando oferta para familias jóvenes y agravando la ineficiencia energética del sistema residencial. Esta tendencia apunta hacia una necesidad distinta: priorizar alojamientos adaptados y soluciones residenciales específicas por encima del modelo tradicional de vivienda protegida.

Esta realidad deja una paradoja evidente: mientras se proyectan miles de nuevas viviendas, una parte significativa del parque existente permanece infrautilizado. El problema no es solo construir, sino gestionar mejor lo ya construido: rehabilitación, accesibilidad y movilización de vivienda vacía deberían ser prioridades reales antes de seguir expandiendo el suelo urbano.

Sin embargo, el PSIS no responde a esa lógica. Tampoco a una urgencia real: su desarrollo completo no llegaría hasta finales de la próxima década. Es decir, no es una solución inmediata, sino una apuesta de largo recorrido con efectos irreversibles sobre el territorio.

Aquí emerge otra contradicción. Incluso bajo escenarios conservadores, el precio máximo de una vivienda protegida podría situarse entonces entre los 250.000 y casi 300.000 euros. Frente a ello, la previsión de evolución del salario mínimo interprofesional para 2037 apunta a unos 25.300 euros brutos anuales. Si además se tiene en cuenta que el crecimiento de la población en Navarra se sustenta principalmente en la migración —con un saldo vegetativo negativo (más defunciones que nacimientos)—, la pregunta resulta obligada: ¿estamos hablando de vivienda realmente asequible? ¿O ante el riesgo de reproducir dinámicas hipotecarias que ya demostraron sus efectos en el pasado?

Frente a ello, el Plan General Municipal ofrece un modelo distinto: crecimiento por fases, adaptación a la demanda y capacidad de ajuste. Un enfoque más prudente, más realista y coherente con la evolución demográfica y social del valle. La diferencia no es técnica, sino de modelo. El PSIS apuesta por una lógica de expansión concentrada, masiva y dirigida desde fuera del ámbito municipal. El Plan General defiende un crecimiento equilibrado, integrado y gobernado desde el propio territorio. No son dos formas distintas de hacer urbanismo: son dos formas diferentes de entender el territorio.

Y aquí aparece la cuestión central: el PSIS es un instrumento excepcional, concebido para actuaciones de interés supramunicipal, no para sustituir la planificación local ni condicionar el modelo de un valle que ya está definiendo su propio futuro. Utilizarlo en este caso no es neutro: supone alterar el equilibrio institucional y debilitar la autonomía municipal. Las consecuencias de este modelo son previsibles. Concentrar miles de viviendas en Sarriguren puede agravar los desequilibrios internos del valle, debilitando los núcleos tradicionales y reduciendo la cohesión territorial. Al mismo tiempo, refuerza un patrón ya conocido en Navarra: la hiperconcentración urbana frente a un medio rural que pierde población de forma sostenida. En un contexto en el que la mayoría de los municipios navarros se encuentra en riesgo de despoblación, seguir alimentando un crecimiento concentrado no es una decisión técnica inocua: es una opción política clara sobre qué territorios se priorizan y cuáles se dejan atrás.

A ello se suman dudas evidentes sobre movilidad, infraestructuras y servicios públicos, ya hoy tensionados y que difícilmente absorberán un crecimiento de esta magnitud sin un impacto significativo.

El Valle de Egüés se encuentra, por tanto, ante una decisión que va mucho más allá de la vivienda. No se trata solo de cuántas viviendas caben en Sarriguren, sino de qué modelo de territorio se quiere consolidar: uno basado en la acumulación intensiva y centralizada o uno que respete los límites, distribuya oportunidades y atienda a la realidad social y demográfica. Un modelo basado en la expansión constante del suelo, desconectado de los límites ecológicos y de la planificación local, no puede justificarse simplemente con etiquetas o promesas de sostenibilidad (añadiendo el prefijo “eco” o “bio”). La sostenibilidad no es un eslogan: exige coherencia territorial, equilibrio y respeto institucional. Por eso la cuestión ya no es técnica ni siquiera urbanística. Es democrática. Y en ese sentido, resulta difícil sostener que decisiones de esta magnitud puedan adoptarse sin el valle y contra el criterio del propio valle.

El futuro del Valle de Egüés no es un espacio disponible para ser decidido desde fuera. Es un proyecto colectivo que debe construirse desde dentro. Y cualquier intento de imponer otro modelo, por más grande o urgente que se presente, no solo es discutible: es profundamente cuestionable.