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A las 6:30 de la mañana del lunes 13, con apenas seis grados y bajo la lluvia persistente de abril, más de sesenta personas fueron expulsadas del único refugio que les protegía del frío y de la intemperie. No se trataba de un operativo de emergencia para proteger la seguridad y salubridad de quienes ahí se alojaban, como se ha afirmado; sino de un desalojo ejecutado por el Ayuntamiento de Iruñea de la mano de EH Bildu, a través de su concejal de urbanismo Joxe Abaurrea y de la coalición Contigo-Zurekin, cuyo único concejal, responsable de Acción Social, Txema Mauleón, tampoco puede eludir su responsabilidad directa en lo sucedido.

Lo ocurrido en la vuelta de Aranzadi no es solo un episodio administrativo; es una fotografía nítida de una política que ha perdido el pulso humano y su propia razón de ser. ¿De qué sirve ostentar el poder si éste es empleado para ejecutar las mismas políticas de la derecha?

Durante, al menos, los últimos tres años, el antiguo convento de las Agustinas de San Pedro, de titularidad municipal y en estado de abandono prolongado, ha sido el hogar de facto de centenares de personas en situación de sinhogarismo. Allí desarrollaban su vida privada, guardaban sus pertenencias, conservaban su documentación, esencial para poder acceder a su proceso de regularización. Era, en términos constitucionales, su morada, cuyo allanamiento sin previo consentimiento es ilegal. Sin embargo, el pasado lunes 13 de abril, ese espacio fue desmantelado por la fuerza sin que, aparentemente, mediara resolución judicial alguna; ya que, según declaraciones públicas del propio concejal de Urbanismo, actuaron de oficio.

Aunque se viniera advirtiendo del mismo, el desalojo se llevó a cabo de forma sorpresiva, a horas intempestivas, sin previo aviso y, según relatan los afectados, mediante indicaciones confusas que no tuvieron en consideración el desconocimiento del idioma de muchos de ellos. Tal es así, que algunos se marcharon del lugar creyendo que se trataba de un desalojo provisional de dos días para labores de adecentamiento. Otros ni siquiera se encontraban en el lugar en el momento de los hechos; de modo que la mayoría de los moradores, a excepción de los que disponían de maletas, no tuvieron la opción de recoger sus pertenencias: documentos identificativos, enseres básicos o tarjetas de móviles; objetos todos ellos que, a día de hoy, no han podido recuperar a excepción de 18 chavales a los que, previa identificación, con los riesgos de posibles represalias que ello entraña, se les autorizó la entrada durante el día siguiente. Yo misma fui testigo presencial de cómo los múltiples agentes de la Policía Municipal que blindaban el acceso al recinto durante la tarde del lunes, una vez que la calma imperaba en los alrededores, impidieron a un jóven que deambulaba por la zona poder coger sus mantas. No se me olvida su petición desesperada ante el frío que ya se apreciaba con la caída del sol: “Por favor, están ahí mismo”, señalaba el muchacho desde el otro lado de la valla. “Déjennos entrar y salir con ustedes y bajo mi responsabilidad” les dije. “Obedecemos órdenes, llame usted al 092” fue la respuesta. Aún sigo abrumada por el trato vejatorio del Inspector Jefe 293 de la Policía Municipal que ante la llamada de una ciudadana solicitando una solución, amenazó con ordenar mi detención a sus compañeros allí presentes, antes de colgarme sin más explicación que un “vuelva usted a llamar mañana”.

La gravedad de este macro desalojo es, fundamentalmente, de carácter social, ético y humano; pero también jurídico. Las posibles implicaciones legales que lo rodean son ciertamente inquietantes: Desahuciar, presuntamente, sin autorización judicial un espacio que constituye la morada o lugar donde quienes la habitan desarrollan su vida más íntima, implica una flagrante vulneración de derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva y el de la inviolabilidad del domicilio, que según amplia doctrina del Tribunal Constitucional, no está exclusivamente ligado al derecho de propiedad.

Aparentemente, aquí no hubo procedimiento. No hubo juez. Solo una actuación administrativa ejecutada a través de la fuerza policial, amparada en una decisión arbitraria, ordenada por parte de las autoridades políticas. La pregunta es inevitable: ¿en qué momento se decidió que los más vulnerables pueden quedar fuera del amparo de la ley?

Si, señoras y señores, ilustres autoridades: Aunque se haya asumido con absoluta pasividad displicente que tras el calor que atraviesan los muros de nuestros hogares haya personas viviendo en la calle, éstas también tienen derechos y dignidad que no sólo ha de ser respetada, sino que es la que debe ordenar todas y cada una de sus actuaciones y decisiones políticas.

Estas personas no son números ni expedientes. Son vidas atravesadas por el frío, la exclusión y la incertidumbre. Personas que luchan por empadronarse, por regularizar su situación como única vía para poder acceder a derechos básicos y que, sin embargo, se encuentran con una nueva agresión por parte de las autoridades. Como si denegar en los últimos años cerca de 500 solicitudes de empadronamiento, según los cálculos de la asociación Apoyo Mutuo no hubiera sido suficiente; ahora se les arrebata incluso ese precario refugio, cuatro paredes sucias, donde guardaban la documentación imprescindible para iniciar su regularización, justo en el momento en que se abre el plazo para hacerlo.

Pese a que públicamente se ha afirmado que todas estas personas han sido realojadas, lo cierto es que solo a una mínima parte se les ha ofrecido una alternativa habitacional durante tres días, que concluye hoy. ¿Y después qué? ¿Dónde dormirán esta noche? ¿Quién asumirá la responsabilidad de su supervivencia? El silencio institucional ante estas preguntas es tan estruendoso como violento. Más doloroso, si cabe, al constatar que esta actuación se produce bajo un Ayuntamiento que se reivindica como progresista con el objeto de destinar el inmueble, mediante cesión de 50 años, al Grupo Vitalia, para la construcción y gestión de un centro de rehabilitación que ni siquiera cuenta todavía con licencia de obra. Una vez más, estamos ante un modelo de gestión público-privada que prioriza la transferencia de recursos y espacios públicos a manos privadas, como ya se ha visto en otros territorios.

La política social no puede reducirse a gestionar la pobreza expulsándola de la vista. El interés público exige algo más profundo: reconocer la dignidad de todas las personas y actuar en consecuencia. Eso implica regularizar a todas las personas desalojadas y habilitar de forma urgente recursos de alojamiento, alimentación e higiene para quienes han sido arrojados a la calle. Además, es imprescindible intervenir el mercado de la vivienda para garantizar el acceso efectivo a un hogar digno, por encima de cualquier lógica especulativa. Y también derogar un marco de extranjería que condena a miles de personas a la irregularidad y les niega, de facto, derechos fundamentales.

Lo ocurrido en Aranzadi no puede normalizarse. Exige responsabilidades políticas claras. Exige explicaciones públicas. Y, sobre todo, exige un cambio inmediato de rumbo.

Por eso, este sábado 18 de abril a las 12:00, os esperamos a todas y todos en la Plaza Recoletas de Iruñea.

Porque mientras unos duermen tranquilos, otros no pueden hacerlo. Y mientras haya quienes pernocten en la calle, no les dejaremos dormir.