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El TSJN y el Tribunal Supremo han anulado los artículos 12.7, 13, 14.1 de la orden foral 106/2023 sobre la jornada escolar, por entender que erigían a las familias, sin respaldo legal, en un órgano decisorio con derecho de veto. Desde la plataforma por la jornada partida estamos de acuerdo con ellos en que la decisión sobre el tipo de jornada escolar no la deben tomar las familias, claro que no. Y también pensamos que tampoco la deben tomar los profesores en los consejos escolares. Igual que los horarios de los hospitales no los deciden ni los pacientes ni los profesionales sanitarios, y que los horarios máximos de las terrazas no los deciden ni los usuarios ni los hosteleros. Legisladores y gobernantes no pueden delegar en nadie decisiones que afectan al bien común, porque eso es dejación de funciones. Y al final, quien acaba pagando el pato es el alumnado de la mayoría de los centros públicos, que ven cómo sus profesores comprimen la materia cual prensa de hacer vino para impartirla como máximo hasta las 14:00, mientras que sus iguales de los centros concertados reciben los contenidos con la calma que merecen hasta las 16:30, a un ritmo asumible para la mayoría.

Con la anulación de los artículos de la orden foral se abre una nueva oportunidad para que el Gobierno haga lo que toca: priorizar el bien común y no entrar en el juego de los sindicatos que, pagados con nuestros impuestos, están dedicando su tiempo en buscar recovecos en la ley para obtener beneficios laborales a costa del bienestar del alumnado. Estamos de acuerdo con el Consejero en que no existen informes 100% concluyentes que identifiquen al mejor tipo de jornada para todos los indicadores. Cómo van a existir, si no se invierte en ello. Pero sí hay consenso en un indicador que consideramos clave: la equidad. De hecho, la evidencia existente en ese indicador fue suficiente para que, en 2022, el 90 % del parlamento vasco (Bildu, PNV, PSE y Zurekin-Podemos) firmara el Pacto Educativo, con el que consolidaron la jornada partida para todos los colegios, por equidad. Ni votaron ni enfrentaron a la sociedad: legislaron priorizando el bien común y basándose en la evidencia, la existente. En Navarra, sin embargo, y tal y como apuntaban en el pleno parlamentario del día 12, no ha habido una reflexión profunda, ni política ni pedagógica, sobre el tema. Y ya es hora de que la haya.

La orden foral basa todo su desarrollo en que, según la ley orgánica 2/2006, los centros ‘tienen autonomía pedagógica y organizativa’, pero añade ‘en los términos que establezcan las Administraciones Educativas’. Esto es, son las Administraciones, y no los consejos escolares ni los sindicatos, los que han de decidir el cómo y hasta dónde llega la autonomía de los centros. Teniendo esto claro, pedimos al gobierno que aproveche esta segunda oportunidad que le ofrecen los tribunales dejando la orden en stand-by para impulsar una reflexión política y pedagógica sobre el tema, que ojalá culmine con pacto parlamentario, y tras ello active el artículo 16 de la orden para validar una nueva jornada escolar, la misma para todos. Será probablemente la decisión más eficaz que tome durante esta legislatura por la equidad de la Navarra del presente y del futuro.