ahötsa_

El 3 de marzo de 1976 no es una fecha más en el calendario de Vitoria-Gasteiz ni en la historia reciente del Estado español. Han pasado cincuenta años desde aquella tarde en la que una asamblea de trabajadores, reunida en la iglesia de San Francisco de Asís, terminó con una brutal intervención policial que segó la vida de cinco personas y dejó decenas de heridas. Medio siglo después, la pregunta ya no es solo qué ocurrió, sino qué se ha hecho —y qué sigue pendiente— con esa memoria.
Los sucesos de Vitoria-Gasteiz se produjeron tras la muerte del dictador Franco, en un contexto en el que el franquismo seguía plenamente presente en las estructuras del Estado y en las prácticas represivas dirigidas contra el movimiento popular. Esta constatación se refuerza al observar otros episodios sangrientos de aquellos años, como los Sanfermines de 1978 en Pamplona/Iruñea. La socióloga francesa Sophie Baby cifra en casi 180 las personas que murieron por disparos de la Guardia Civil y de la policía entre 1975 y 1982.
Lejos de ser hechos aislados, Vitoria-Gasteiz 1976 y Pamplona/Iruñea 1978 forman parte de una misma secuencia represiva que acompañó a la denominada Transición española. Frente a los discursos que trivializan la dictadura o presentan la Transición como un proceso modélico y sin sombras, estos sucesos funcionan como un incómodo recordatorio.
Las huelgas de Vitoria-Gasteiz reflejaban a una clase obrera que reclamaba derechos laborales, libertades sindicales y prácticas asamblearias. En Pamplona/Iruñea se exigía amnistía, derecho a decidir, libertades democráticas y ruptura con el franquismo. La respuesta del Estado fue la misma: violencia represiva. Gases lanzados contra personas refugiadas en una iglesia, disparos efectuados “sin que os importe matar”, irrupciones violentas en una plaza de toros abarrotada, con golpes y fuego real dirigidos de forma indiscriminada contra la población civil.
Estas actuaciones no fueron improvisadas ni ajenas al poder político. Las órdenes partían de una cadena de mando claramente identificable y fueron ejecutadas por cuerpos policiales dependientes de ministerios dirigidos por responsables políticos procedentes directamente del franquismo, como Manuel Fraga Iribarne, Rodolfo Martín Villa o Adolfo Suárez.
El uso de munición real contra población civil —ya fuera en una asamblea obrera en una iglesia o en una plaza de toros— revela una misma lógica: cuando la protesta cuestionaba el orden establecido, la respuesta era la fuerza letal. La democracia no fue un regalo ni un camino sin víctimas. Fue conquistada mediante la movilización social, el conflicto y, en demasiadas ocasiones, la sangre. Olvidarlo empobrece el debate público y debilita la cultura democrática.
Cincuenta años después, la herida sigue abierta. Y lo está porque el Estado, ni en Vitoria-Gasteiz ni dos años más tarde en Pamplona/Iruñea, asumió su responsabilidad. En ambos casos, las víctimas comparten algo más que el dolor: el silencio institucional, la ausencia de verdad judicial y la negación sistemática de responsabilidades políticas. La impunidad es una pesada losa que sigue condicionando el presente sistema político.
El Estado, como último garante de los derechos de las personas físicas y jurídicas, no puede eludir su responsabilidad histórica. Fue el propio Estado quien generó estas situaciones y, por tanto, es el Estado quien debe afrontarlas y corregirlas. La injusticia producida no puede quedar sin reconocimiento ni reparación. La reconstrucción del cuerpo social exige asumir esa responsabilidad y avanzar decididamente en la reparación del daño causado.
Como recuerda la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas: “No es concebible el derecho al olvido sobre prácticas sistemáticas de atentados contra la condición humana, contra la vida de las personas, llevadas a cabo por funcionarios del Estado, porque entonces se convierte en derecho a la impunidad”.
Es cierto que en los últimos meses el Gobierno ha enviado reconocimientos personales a algunas de las personas que sufrieron esa violencia, pero esa actuación no puede quedarse en el ámbito individual. Es necesario un reconocimiento público y político de que existió violencia de Estado y de que esa violencia exige verdad, justicia y reparación. Estas graves violaciones —como las ejecuciones extrajudiciales o el uso letal y desproporcionado de la fuerza— no prescriben ni pueden ser amnistiadas.
Vitoria-Gasteiz, al igual que Pamplona/Iruñea, ha sido durante estos años un ejemplo de memoria persistente construida desde lo local. Asociaciones de víctimas, movimientos sociales y ciudadanía comprometida han mantenido vivo el recuerdo cuando el silencio parecía más cómodo. Esa constancia demuestra que la memoria no es una imposición, sino una demanda social que nace desde abajo.
A los cincuenta años, el 3 de marzo interpela especialmente a las nuevas generaciones. No vivieron aquellos hechos, pero heredan sus consecuencias. Conocer lo ocurrido en Vitoria-Gasteiz es comprender que los derechos laborales, las libertades o la protesta social no son conquistas irreversibles. Son logros que pueden perderse si se normaliza la violencia o se relativiza el totalitarismo.
Este aniversario debería servir para algo más que para mirar atrás. Debería impulsarnos a fortalecer una democracia que no tenga miedo de su pasado, que lo afronte con honestidad y que sitúe a las víctimas en el centro. Porque una sociedad que no asume sus responsabilidades históricas corre el riesgo de repetirlas. Como dice José Saramago: “Somos la memoria que conservamos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad, quizá, no merezcamos existir”. Reconocer la responsabilidad de los crímenes cometidos por el Estado es, en última instancia, una promesa y un compromiso de ser mejores.
El Estado español se ha convertido en un modelo de impunidad. Esta impunidad es consecuencia directa de la vulneración de los derechos de las víctimas: el derecho a la verdad —individual y colectiva—, el derecho a la memoria, el derecho a la reparación y el derecho a la justicia.
Vivimos un momento histórico en el que el totalitarismo vuelve a presentarse como una amenaza real. Frente a ello, necesitamos dotarnos como sociedad de herramientas basadas en la memoria, en la justicia y en la reparación. Solo así preservaremos los valores democráticos y afianzaremos un mundo común sustentado en la defensa de los derechos humanos.
Si de la memoria de aquellos hechos y la denuncia de la impunidad con la que se saldaron, emerge un llamamiento a la movilización ciudadana, a la libertad y a la justicia, entonces estaremos utilizando el pasado no solo para cerrar heridas, sino para comprender, confrontar y combatir los elementos más dañinos del presente.
Cincuenta años después, los sucesos del 3 de marzo de 1976 siguen interpelándonos porque el Estado no ha respondido y porque el poder judicial ha sido una pieza clave en la consolidación de esa impunidad. No solo ha habido falta de voluntad política: ha existido una negativa reiterada de los tribunales a investigar, juzgar y depurar responsabilidades por crímenes cometidos por agentes del Estado. El archivo sistemático de las causas, la aplicación interesada de la prescripción y de la Ley de Amnistía, y la resistencia a incorporar los estándares internacionales de derechos humanos han convertido a la justicia en un muro frente a las víctimas. Mientras esta impunidad política y judicial persista, la democracia española seguirá asentada sobre un silencio impuesto. No hay reconciliación posible sin verdad, ni convivencia duradera sin justicia. La impunidad no es una herencia inevitable del pasado: es una decisión sostenida, hoy, desde las instituciones del poder.