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En un momento en el que el Estado español, a través de sus agonizantes y desquiciados acólitos encargados de formar y mantener el próximamente derrocado Régimen en Nafarroa, hacen alusión a una situación caótica y apocalíptica únicamente comparable a la “Alemania prenazi”; la Audiencia Nacional rechaza plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la normativa española de acumulación de condenas que afecta al colectivo de presos y presas políticas vascas, y volver así a cometer otra gran injusticia.

De esta manera de los 20 magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 11, junto con la opinión de la Fiscalía, se han pronunciado en contra de aclarar esta cuestión sabedores que actúan de manera ilegal, tal y como lo hicieron con la mal llamada Doctrina Parot. Por tanto, han decidido acatar la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo, que después de reconocer presiones del Gobierno español acabó cediendo a la Razón de Estado impuesta por el Gobierno del PP. Así, en contra de la justicia y la imparcial, han considerado innecesario plantear la mencionada cuestión prejudicial y castigar por partida doble a los presos y presas políticas vascas, evitando su libertad.

En consecuencia el Derecho de Estado (aquel que persigue y defiende judicialmente a través de la profesión jurídica la Razón y los intereses de Estado) mantiene firme la decisión del Gobierno español de alargar las condenas para que los presos y presas políticas vascas mueran en las prisiones, o sus familiares y amigos/as en las carreteras. Haciendo caso omiso a lo que estableció Europa ya en 2008 a través de la Directiva Marco 675/2008 del Consejo de Europa traspuesta en el Estado español en la Ley 7/2014. Todo esto por encima de la ley y el Derecho, o mejor dicho, utilizando la ley a través de su incumplimiento para cumplir con el programa del Gobierno español en materia penitenciaria.

Atendiendo al desarrollo de los acontecimientos por parte de la judicatura española con la ilegal y vulneradora de los Derechos Humanos Doctrina 197/2006 (“Doctrina Parot”), un proceder así por parte de 11 magistrados de la Audiencia Nacional no puede más que suponer una complicidad por parte de estas personas con decisiones que se saben contrarias a Derecho, y que sus consecuencias van a ocasionar daños irreparables.

El Derecho en este sistema capitalista establece el ideal del legislador, y son los profesionales jurídicos, en este caso los magistrados de la Audiencia Nacional, los agentes del Estado encargados de hacer funcionar el sistema de acuerdo a los intereses del Estado, en lo que es la corrupción de la ley, aquello que hace legal la ilegal voluntad del gobierno del Estado. En este caso para seguir manteniendo una política penitenciaria criminal, vulneradora de los Derechos Humanos y que es enemiga de la paz.

Tal y como actuaron los jueces en la Alemania nazi.