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Estos últimos años nos ha tocado resistir ante una avalancha de falsedades, medias verdades y mentiras intencionadas con la finalidad clara de crear en la sociedad una actitud favorable al despliegue de macroproyectos para la generación de energías renovables.

Aprovechando la crisis energética generada en Europa por la guerra de Ucrania, la maquinaria neoliberal bien engrasada debilitó el marco legal europeo para la protección ambiental. A la vez ofertó una ingente cantidad de dinero en forma de ayudas al sector, para favorecer el desarrollo y la generación de tecnologías renovables.

Teniendo en cuenta que no hay energías limpias ni inocuas, semejante propuesta necesitaba una justificación de orden. Y en este caso, no podría ser otra que la imperiosa necesidad de descarbonizar la economía, puesto que ésta es la base fundamental para ralentizar el cambio climático. Urge la necesidad de una transición energética hacia un nuevo modelo energético que aminore las emisiones de gases de efecto invernadero, en eso estamos de acuerdo.

En nuestra tierra todo ello ha aterrizado con leyes como la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética en Nafarroa o la Ley 4/2019 de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética y la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático, ambas para la CAPV; leyes que han obtenido el respaldo de la mayoría de los partidos de ambos parlamentos.

Recientemente, hemos leído en la prensa a representantes de la izquierda independentista que la alternativa al actual modelo energético se daría: “electrificando en su mayor parte (movilidad, industria, calefacción); basado en renovables distribuidas territorialmente; con almacenamiento y redes públicas o comunitarias; con participación ciudadana real en la propiedad y gestión; con soberanía energética como pilar de la política económica” (Energía para la paz, 17 de enero). Cuando saben que ni el ordenamiento actual, ni la no planificación vigente y mucho menos el desarrollo tecnológico para la generación de energía a gran escala, dependiente de las empresas multinacionales del sector, apuestan por ese modelo. Por lo visto, aprueban en parlamentos leyes contrarias a sus propuestas ideológicas y programáticas.

En otro artículo publicado el 29 de enero (Berriztagarri gehiagorekin, demokrazia gehiago), defienden, contraponiendo como ejemplar el proyecto fotovoltaico Sarbil en Etxauri a los fotovoltaicos de Solaria en Araba, que el enfoque que debe guiar la transición debe ser: “aceptar inversiones de diversa procedencia, pero construir marcos políticos y jurídicos que maximicen la participación de las instituciones públicas y la ciudadanía en los proyectos energéticos”. ¿Para beneficio de quién? Porque “crear una estructura público-comunitaria de generación y comercialización de energía, capaz de ofrecer esta energía renovable directamente a la ciudadanía, administraciones o diversos sectores productivos” es posible, pero a pequeña escala. Hoy en día, generar energía eléctrica renovable suficiente para sustituir a las fósiles, sin cambiar el modelo productivo y de consumo, es una quimera, además de un despropósito medioambiental.

Por otro lado, existen una serie de iniciativas sociales que cíclicamente alzan la voz en favor de la aceleración de la transición energética, y la legitimación del discurso y prácticas expresadas en párrafos anteriores. El último manifiesto “Bizitzaren alde, STOP fosilak” (A favor de la vida, STOP fósiles), además de evidenciar los efectos que está causando el cambio climático con aseveraciones tan peregrinas como que la población de salmones se ha visto afectada por el descenso del caudal y el cambio de temperatura de los ríos, o que en el 2022 se quemaron en Navarra 17.000 hectáreas, titulan el manifiesto con un oxímoron: “A favor de una transición energética justa y rápida”.

Una transición energética rápida sólo sería posible manteniendo las bases materiales y energéticas de nuestro modelo productivo; es decir, reemplazando las energías fósiles con renovables; y, hoy en día, eso sólo sería posible con el hidrógeno renovable. Esta posibilidad, lejos de ser una realidad, está en manos de empresas tan justas como Repsol. Algunos se lo tendrían que hacer mirar. En ese manifiesto se puede leer, además, que “el dilema no es el decrecimiento o las energías renovables, sino que necesitamos ambas cosas y a la vez: reducir el consumo energético y expandir las energías renovables”. Como si dentro del sistema capitalista el decrecimiento fuera posible o como si la generación de energías renovables, per se, posibilitaran el decrecimiento. Un sinsentido.

En una sociedad industrial como la nuestra, con un consumo energético superior a la media europea y una producción energética casi nula en comparación, decir que tenemos un problema con la energía es una obviedad. Pero pretender ilusionar a las gentes con propuestas que lejos de enfrentar el problema, empeorarían su salud y afectarían gravemente al medio natural, es una temeridad.

Crear un modelo energético basado en renovables distribuidas territorialmente; con almacenamiento y redes públicas o comunitarias; con participación ciudadana real en la propiedad y gestión; con soberanía energética como pilar de la política económica pasa por legislar la publificación de la red eléctrica española para descentralizar su disposición, reconvertir la industria, planificar el transporte público de cercanías, crear comunidades energéticas universales y autosuficientes, además de cambiar los modelos de consumo. Y, aun así, no revertiremos la dimensión del problema si no disminuimos el consumo total de energía a niveles inferiores a los ya planificados. Ya estamos tardando.