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Desde LAB hemos calculado que mediante diversas medidas de recortes en los salarios, el  gobierno de UPN-PSN ha hecho que las plantillas de las Administraciones Públicas de Navarra hayamos “perdido” en el montante total de nuestras retribuciones 400 millones de euros.

400 millones que nos han expoliado con la excusa de la crisis y aduciendo la “necesidad” de contención del gasto público como fórmula para paliar la misma. 400 millones que no se han empleado en mantener puestos de trabajo en dichas administraciones, y en que estas mantuvieran las carteras de servicios que tenían hasta que se tomaron esas medidas.

Por el contrario, todos los sacrificios que hemos realizado los trabajadores y trabajadoras públicos no han tenido una contrapartida que pudiera justificarlos en aras de cubrir las necesidades de salud, educación o bienestar social de la ciudadanía de Navarra.

400 millones a los que se les podía dar un destino y se les ha dado otro. Mientras en Educación y Osasunbidea se han destruido unos 800 puestos de trabajo respectivamente, se han aumentado las partidas a la enseñanza concertada y las clínicas privadas (CUN, San Miguel). Mientras se recortan los recursos de la enseñanza de 0 a 3 años, se ha levantado un monumento a lo “inútil” como el Pabellón Arena. Mientras se reducen las ayudas a la dependencia y se aumentan los ratios de usuarias/os en los centros de bienestar social, se empeñan en construir un millonario TAV con destino a ninguna parte. Mientras en Osasunbidea las listas de espera se disparan por falta de recursos humanos y materiales, se permiten los desfalcos a Hacienda de unos directivos corruptos de Osasuna.

Así pues, el robo de esos 400 millones, que se ha acompañado de pérdidas de cientos de puestos de trabajo y aumento de cargas de trabajo, ha tenido como destino final proyectos ajenos al bien general, y más bien, muy ligados a los intereses particulares de los gobernantes de UPN-PSN y sus grupos económicos afines.

Todo ello aderezado con la consiguiente campaña de desprestigio orquestadas desde UPN y sus medios afines, en los que se hablaba de nuestro nivel de absentismo, gasto de representación sindical o se manipulaban datos sobre nuestras retribuciones (mezclándolas con las de los altos cargos y puestos de designación politica).

Son 400 millones de razones para denunciar un expolio generalizado a los empleados y empleadas públicas y exigir responsabilidades.