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Hoy no es nada nuevo situar como sinónimos en el actual sistema penitenciario de los regímenes capitalistas cárcel y muerte. No es nada nuevo porque la cruda realidad nos muestra día si y día también como las prisiones son el escenario perfecto para que personas privadas de libertad mueran, como no, por causas naturales, a manos del Estado-gobierno, que es quien sostiene el sistema penitenciario.

Como ya es de sobra conocido el Estado guarda con escrupuloso mimo el monopolio de la violencia. Un monopolio violento que le concede el Derecho. Ese Derecho de Estado, que no al revés, que el Estado-gobierno se encarga de retorcer para que éste responda directamente a sus intereses. Y sus intereses no son otros que utilizar el Derecho como herramienta de sometimiento y opresión/represión contra la sociedad, entre ellos el eslabón más débil, la sociedad secuestrada en las prisiones.

Muchos son los autores que a lo largo de la historia han mantenido esta posición, pero hoy ésta está más viva que nunca asistiendo a la realidad de sometimiento inhumano directo que vive la sociedad de Euskal Herria con la política penitenciaria, que los sucesivos gobiernos españoles y franceses pusieron en marcha y siguen manteniendo.

Sin ningún tipo de pudor dirigentes políticos de estos gobiernos han reconocido que esta política penitenciaria, es sometida a la oportuna ingeniería jurídico-política para satisfacer los intereses de Estado que de una manera frontal confrontan, en el caso español, con los principios constitucionales de reeducación y reinserción social. Valores por cierto basados en una perspectiva básica de Derechos Humanos.

El objetivo del Estado-gobierno es la eliminación psíquica y física de las personas presas, y su ingeniería clara en lo que a la vulneración de los Derechos Humanos se refiere, basada en el castigo, la venganza y la impunidad.

El objetivo del Estado-gobierno es la eliminación psíquica y física de las personas presas, y su ingeniería clara en lo que a la vulneración de los Derechos Humanos se refiere, basada en el castigo, la venganza y la impunidad.

Tres son los ciudadanos vascos que han muerto en prisiones españolas desde que comenzó 2014. 38 en los últimos cuatro años en cárceles situadas en Euskal Herria o de ciudadanos vascos y vascas en cárceles situadas en el Estado español, según datos ofrecidos por Salhaketa.

Todas estas muertes, son responsabilidad directa del Estado-gobierno que es quien ha tomado la decisión política para que el resultado de muerte se produzca. Muestra de ello es además la última decisión de encarcelar de nuevo al preso político vasco Ibon Iparragirre gravemente enfermo razón por la que se encontraba en prisión atenuada en su domicilio. ¿Qué se pretende con la encarcelación de un preso gravemente enfermo? El objetivo es claro. Ésta consecuencia se extiende además al exterior de las prisiones, al ámbito afectivo más cercano a la persona presa, familiares y amigos/as. La dispersión cumple éste 2014 25 años con muchas muertes y heridas en las carreteras.

Esta política penitenciaria “ad hoc”, en los casos español y francés, se ha diseñado además para castigar en concreto a los presos y presas políticas vascas. Ese fue el fin último por ejemplo de la doctrina 197/2006 hoy derogada por inhumana.

De esta forma la única manera de alejar la muerte de las cárceles es dar paso a otra política en materia penitenciaria. Dejando atrás el alargamiento de las condenas y el régimen de aislamiento. Obteniendo la situación de libertad las personas presas enfermas y finalizando con la dispersión. Acabando con el esquema de castigo, venganza e impunidad.

La sociedad a través de su propio empoderamiento y activación, y hay una mayoría social para ello, es la palanca para conseguir una política penitenciaria basada en los derechos humanos. Porque además este cambio es el mejor activo para la resolución y la paz. Y para que en futuro cercano vivamos en una Euskal Herria sin cárceles con personas libres.