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Se está negociando la reforma legal de la Ley de  Prevención de Riesgos Laborales en un grupo de trabajo de la mesa estatal del llamado diálogo social en el que participan las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias junto al Ministerio de Trabajo.

Sería de interés general y un ejercicio de transparencia el conocer las propuestas que se están presentando desde la Administración y los agentes sociales intervinientes en el debate. Sorprende que existiendo foros tripartitos permanentes de participación como la Comisión Nacional (estatal) de Seguridad y Salud en el Trabajo y consejos territoriales autonómicos, se habilite este grupo exclusivo con  ausencia de las Comunidades Autónomas de las que dependen los órganos técnicos y sanitarios de la Administración pública en materia de salud laboral.  También se excluye a sindicatos de carácter mayoritario ajenos a esta mesa de diálogo social pero presentes en los órganos territoriales.  La limitación de participación se ve reflejada así mismo en el envío de una carta firmada por más de un centenar de académicos universitarios con aportaciones de cambios a desarrollar en la LPRL remitida a la vicepresidenta del Gobierno en el mes de abril de este año en la que se ofrecen para ser parte activa en el debate de modificación de esta Ley.

Revisando recientes publicaciones, CCOO reclama resolver la subdeclaración de enfermedades profesionales, en especial el cáncer, reforzar el marco normativo sobre los riesgos psicosociales e incluir los daños mentales en el listado de enfermedades profesionales, reforzar los criterios de control y acreditación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales e integrar la perspectiva de género en la gestión preventiva (Gaceta Sindical CCOO nº 517, abril 2024).

UGT apuesta por reducir la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, reclama la creación de una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales para empresas sin representación sindical, dotar a la Inspección de Trabajo de mayores recursos para vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y dotar de mayores medios a la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral para que investigue y depure responsabilidades (UGT | Es fundamental impulsar el diálogo social para acabar con la siniestralidad laboral 12 mayo 2023).

La comisión de Trabajo y Seguridad Social de la CEOE para el año 2024 se plantea recuperar la vigencia del marco normativo relativo al sistema de incentivos por reducción de la siniestralidad implantado por Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, mejorar la aplicación de la normativa, simplificar y revisar su contenido, adaptando los requisitos legales al tamaño y sector de las empresas, definir materias como las de riesgos psicosociales y salud mental, abordar la transiciones digital, ecológica y demográfica y racionalizar y simplificar la estructura institucional en la que se enmarca la Prevención de Riesgos Laborales (Comisión de Trabajo y Seguridad Social|CEOE).

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano técnico estatal referente en salud laboral y la DGT (¿Dirección General de Trabajo?) en documento conjunto de uso interno fechado en marzo de este año han presentado sus propuestas  de cambios normativos a la mesa de diálogo social (1080-INSST-DGT-Inf-MESA-DIaL-LPRL-RSP.pdf (asnala.com) concretando algunos de los prolijos puntos contemplados en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027. Muy resumidamente lo hace en cuanto a establecer obligadamente recursos preventivos internos en las pequeñas empresas, apoyar técnicamente el abordaje de los riesgos psicosociales, Integrar la perspectiva de género en la normativa y establecer determinadas interpretaciones de algunos conceptos normativos referidos a colectivos laborales más vulnerables.

La Academia universitaria (Comunicacion-carta-abierta-academicos-actualizacion-LPRL-final.pdf (aedtss.com)) propone 11 ámbitos de modificaciones de la LPRL, que no repetiremos, de diferente calado. Algunos son coincidentes con los propuestos por los agentes sociales. Aporta fórmulas para premiar el cumplimiento de la norma y castigar su incumplimiento, integrar la gestión de la prevención en la gestión de las pequeñas empresas, abordar la retirada segura del amianto instalado, crear una comisión de estudio de las consecuencias de la globalización y digitalización de la producción, atención al trabajo autónomo, coordinación de las políticas medioambientales y de salud pública con la salud laboral, impulsar una perspectiva de género en la gestión de los riesgos, identificar y atender de grupos sociales más vulnerables (migrantes, jóvenes, LGBTQI+, mayor edad…), e implantar un máster oficial universitario en prevención.

Como puede verse las modificaciones propuestas son numerosas y de diferente calado. Esto puede despistar de los cambios más necesarios quedando el resultado en cambios de entidad menor.

Desde la Plataforma Navarra de Salud /Nafarroako Osasun Plataforma, sin pretensión de ser exhaustivos queremos aportar puntos que no están recogidos entre las propuestas realizadas y que creemos de mayor importancia para su consideración por el poder legislativo.

• Otras Políticas en relación al trabajo

1. Salud laboral en todas las políticas públicas que pueden afectar la salud de las/os trabajadores (trabajo y empleo, medio ambiente, desarrollo económico, agricultura, ganadería y forestal, educación…). La academia formula esta consideración y concreta en restricciones a la contratación de empresas con antecedentes de incumplimientos graves a la normativa preventiva.
2. Desarrollo de políticas a favor del empleo estable y digno dada la estrecha relación entre precariedad laboral y los riesgos de accidentarse y enfermar por el trabajo.

• Otro sistema preventivo

• Cobertura de colectivos hoy excluidos o desconsiderados por el sistema preventivo actual: Trabajadoras del hogar, ETT, Trabajo Autónomo, trabajo informal, Pequeñas empresas… En caso de daño producido por su trabajo las personas de estos colectivos acuden al Sistema Público de Salud para su atención sanitaria. Sin embargo  el mismo carece de recursos y competencias preventivas.
• Frente a la actual externalización generalizada de la prevención a empresas mercantiles (Servicios de Prevención Ajenos) publificación del sistema preventivo. Habilitación de recursos técnicos y sanitarios en la atención primaria de salud que garantice la universalidad de la salud ocupacional tanto preventiva como asistencial. Para ello aplicación de las previsiones de publificación de las mutuas, hoy convertidas en uno de los caballos de Troya de la privación del sistema público de salud, que deben tras su integración deben ser significativamente reforzadas en materia preventiva.
• Integración de la prevención en la gestión empresarial. Apertura de un proceso negociador en todas las empresas para establecer competencias preventivas de toda la estructura jerárquica de la empresa. Designación, formación y blindaje de trabajadoras/es designados en todas las empresas como coordinadores/tutores de las actividades preventivas (Incluido en el documento INSS/DGT).
• Integración real de la salud laboral en la salud pública: Inclusión de variables laborales en la Historia clínica del sistema público de salud, dotación de recursos epidemiológicos al área de salud laboral de la Comunidad autónoma, estudios sobre el riesgo atribuible a los riesgos laborales en los daños de salud pública más frecuentes (cánceres, cardiovasculares, mentales, infecciones …).

• Otras prácticas técnicas y sanitarias

• Fortalecimiento de los primeros pasos del ciclo continuo de gestión de los riesgos, a saber, la identificación y análisis de los riesgos (denominada evaluación inicial en el documento INSST/DGT) y la habilitación de medidas inmediatas para su corrección a niveles lo más razonablemente posibles.
• Participación de las y los trabajadores y sus representantes en todos los pasos del ciclo de gestión de los riesgos.
• Abandono de la aplicación del llamado método binario de evaluación de riesgos, de actual aplicación subjetiva, no participada y en muchas ocasiones al dictado de las direcciones de las empresas.
• Moratoria de los reconocimientos médicos a las y los trabajadores mientras no se estudie su coste-eficacia en términos individuales y colectivos (detección precoz de daños laborales, aplicación en el establecimiento de objetivos en la programación preventiva, evaluación de la eficacia de las medidas implantadas).
• Garantía de la realización de investigación retrospectiva de las causas de los accidentes de trabajo y su registro en el Parte de Accidente de Trabajo.

Otras formaciones

1. En cuanto a temas de formación

1. Inclusión de la salud laboral  en los grados técnicos cuyos proyectos y decisiones profesionales tiene efectos sobre la salud de las y los trabajadores  (arquitectura,  ingenierías, gestión de recursos humanos…)
   1. Inclusión de materias de salud laboral en la Licenciatura de Medicina
   1. Desarrollo de formación en salud ocupacional a las/os profesionales de medicina y enfermería de la atención primaria de salud.
   1. Habilitación de grado universitario de formación en prevención de riesgos laborales. No compartimos la propuesta académica de asentamiento de los másteres universitarios actuales.
   1. Ampliación de contenidos formativos de todos los niveles preventivos en materia de habilidades de negociación, técnicas cualitativas de investigación, comunicación etc.

Los órganos técnicos de las CCAA han sido excluidos del debate, otros Ministerios concernidos más allá del de Trabajo no sabemos en qué grado están participando (Sanidad, Seguridad Social) aunque sería precisa su participación.

La negociación en marcha debiera haber sido sobre todo una oportunidad de movilización de las y los trabajadores en exigencia de la mejora de las condiciones de empleo y trabajo, de compartir sus experiencias y centrar las propuestas de los cambios necesarios en salud laboral. Una dinámica participativa y movilizadora hubiera reforzado las probabilidades de logro del cambio de modelo preventivo necesario frente a unos representantes empresariales que a buen seguro impondrán su veto a cualquier propuesta que ponga en riesgo el aumento de sus beneficios económicos, que libere la prevención de su dictado, que en pos a la democratización de las mismas empodere a las y los trabajadores en las empresas. El marco de debate excluyente por el que se ha optado no resulta tampoco un buen augurio para la satisfacción de los intereses de salud de las y los trabajadores.