ELA convoca una nueva jornada de huelga en las residencias navarras para el próximo 10 de abril

En una concentración frente al Parlamento, ELA ha anunciado la que será la 21ª jornada de huelga para reclamar el primer convenio del sector de residencias de Nafarroa. ELA exige al Gobierno Foral más implicación para mejorar las condiciones laborales y la calidad del servicio de un sector que se sustenta con dinero público.

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Se van acumulando las jornadas de huelga en las residencias de la tercera edad y personas dependientes de Nafarroa pero las condiciones laborales siguen sumidas en la precariedad. El convenio estatal que determina las condiciones laborales de sus trabajadoras marca una jornada de 1.792 horas anuales con salarios que apenas llegan a 1.000 euros, bajas que no se complementan y trabajando la mayoría de los fines de semana y festivos.

En mayo de 2021 se compuso la mesa negociadora del primer convenio del sector de residencias de la tercera edad de Nafarroa. Desde entonces, ha habido numerosas reuniones, hasta que en junio de 2023 las patronales decidieron romper la negociación. “Las principales reivindicaciones que se marca ELA, el sindicato con mayor representación del sector, para este convenio son una jornada anual de 1.592 horas y un salario mínimo de 1.500 euros, además de mejorar los ratios. Porque sin unas condiciones de trabajo buenas, no se puede tener un servicio de calidad”, dicen desde ELA, que recuerda que la lucha desarrollada en Bizkaia y el convenio allí logrado demuestra que “es factible”.

“ELA exige al Gobierno de Navarra una mayor implicación para conseguir un convenio que mejore las condiciones laborales en las residencias. Se trata de un sector sustentado con dinero público y dependiente de la Administración, por lo que la responsabilidad del Gobierno de Navarra es directa”. Además, las fuerzas políticas parlamentarias ya lo solicitaron la pasada legislatura.

Con la negociación del convenio bloqueada, ELA considera que hay que ir de nuevo a la huelga y denunciar tanto la actitud de la patronal como “la pasividad cómplice del Gobierno”.

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