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Tras un paréntesis en la elaboración del informe anual, la federación SOS Racismo ha registrado 523 denuncias en el año 2021, que junto a 66 casos recogidos en la web suponen un importante incremento de los casos registrados. De ese total, 185 corresponden al tipo “Racismo institucional”, 129 se engloban dentro de la categoría de “Denegación de acceso a prestaciones y servicios privados”, y 88 se enmarcan en “Los conflictos y agresiones racistas”, siendo la cuarta tipología más habitual la “La discriminación en el empleo” con 62 casos. Esta situación, vista en perspectiva, calca las tipologías más señaladas en el informe 2017 reflejando la necesidad de abordar mecanismos de intervención que palíen esta situación, indican desde SOS Racismo.

Respecto al agente discriminador, en 210 denuncias es una entidad pública, 127 corresponden a una entidad privada y 147 a un particular.

En cuanto a su finalización, hay que señalar que 164 denuncias no terminan en iniciativas judiciales bien por, en su mayoría, no desear interponer denuncia, siendo otro importante porcentaje los que finalizan a través de mecanismos extrajudiciales. Este elemento, central en este informe, marca una de las preocupaciones de la federación SOS Racismo, en la medida que “existe una importante infradenuncia, que no permite abordar la realidad en su conjunto, en tanto que la judicialización y reparación de las diferentes discriminaciones sufridas sigue siendo limitada, bien por la dificultad de probar la discriminación sufrida en vía judicial o por las limitaciones que ofrecen otras vías de reparación: mediación, procesos restaurativos, etc”.

Esta situación se refleja en la segunda parte del informe. En ella, y a través de metodologías cuantitativas, se constata que el 38,6% de las personas víctimas optaron por no denunciar, siendo sus testimonios las cifras ocultas de la discriminación racial.

Este estudio muestra que son las personas gitanas las que sufren mayores discriminaciones y violencias racistas, seguidas de las personas magrebíes, afrodescendientes, las de origen latinoamericano y asiático. En cuanto a las motivaciones, las personas entrevistadas apuntan a la cuestión histórica y por otro, la repercusión de los medios de comunicación en la perpetuación de ese imaginario social.

Necesidad de compartir lo sucedido y defender su dignidad

Entrando en las motivaciones para denunciar un acto racista, las personas entrevistadas señalan la necesidad de compartir lo sucedido, gestionar sus emociones (rabia, humillación, vergüenza principalmente), la defensa de la dignidad que sienten lesionada, poniendo el énfasis en que se conozca la verdad del hecho racista y no quede impune.

En cuanto a los diversos obstáculos para realizar una denuncia, además de la falta de conocimiento sobre los recursos disponibles y derechos propios y colectivos, se señala que es “una pérdida de tiempo” y que no se materializa en una consecuencia real que mejore la vida de las personas racializadas. También este proceso es visto con el miedo a “meterse en más problemas”, “el miedo a represalias”; “el gasto económico ligado a un procedimiento judicial que puede ser complicado y largo”; también los aspectos culturales dado que en distintos países existe “un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones de la justicia y en el tratamiento de la violencia racial”. Otro de los elementos presentes es “el miedo a ser ignorados” en la policía o en el juzgado, mostrando en muchos casos, una “importante desconfianza” sobre los espacios institucionales y los poderes públicos.

Todos estos elementos, presentes en otros informes anuales de la Federación SOS Racismo, muestran que, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, la situación poco o nada ha cambiado. En palabras de la federación “esta investigación muestra que el racismo y la discriminación están asentados en nuestra sociedad de forma estructural, por lo que debemos buscar la forma de abordarlos desde su raíz, contando con las personas que han sufrido estas violencias como parte de la solución”, en este sentido recuerdan que “en la fotografía de los informes anuales, se muestra una tendencia preocupante a dificultar el acceso de las personas víctimas a la restauración del daño, por lo que si queremos conocer la realidad del racismo y la discriminación en el estado español, es necesario generar estrategias para facilitar el acceso de las víctimas a sistemas de justicia ágiles, eficaces y garantistas”.

En este sentido, la Federación SOS Racismo, cierra el informe con un decálogo de propuestas que permitan abordar esta realidad a través de un nuevo enfoque de intervención independiente e integral de la víctima, la búsqueda de mecanismos de restauración del daño que no tengan que venir -necesariamente- por mecanismos penales, la formación de profesionales, las estrategias de empoderamiento de las personas racializadas, y lo que es más importante, hacer ver a la población que determinados comportamientos son inaceptables si realmente queremos apostar por una sociedad diversa. Para ello, y en el escenario actual, la Federación SOS Racismo, apuesta por un marco normativo que sirva como instrumento común para transformar, más allá de la retórica, nuestro presente en una sociedad antirracista.