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Durante la Transición política de los 70 se nos dijo que la reconciliación entre cazadores y leones era necesaria, porque también éstos se habían comido algún que otro bwana. Y así fue que los reconciliadores (UCD, PSOE, PCE, PNV…) defendieron durante el debate de la Ley de Amnistía de 1977, que la historia del franquismo y sus cruentos safaris había que dejarla atrás, borrarla y olvidarla.

    Evidentemente, aquella argumentación no fue sino una patraña, porque las cacerías continuaron existiendo y la fauna africana siguió siendo diezmada en bacanales de sangre con el fin de ornamentar paredes y salones de miles de mansiones y palacios europeos. Buen ejemplo de lo anterior ha sido nuestro sátrapa y desvergonzado Borbón, quien siendo presidente de una ONG defensora de los derechos de los animales, no dudó en posar orgulloso junto a las piezas en peligro de extinción por él abatidas.

    Últimamente he tenido ocasión de acudir a distintas Jornadas en las que han participado actores cualificados de distintos procesos de transición política: Sudáfrica, Colombia, Portugal, Chile, Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador…. Pues bien, si valoráramos los avances dados en estos países en materia de investigación oficial de las violaciones de derechos humanos, el enjuiciamiento a sus responsables y el otorgamiento de reparación a sus víctimas, veríamos que, con mucha diferencia, el país que ocuparía el último lugar del ranking sería el estado español. Por lo tanto, no hay de qué presumir.

    La recién aprobada Ley de Memoria Histórica ha llegado tarde, muy tarde y se ha quedado corta, muy corta. La verdad en ella amparada abarca a un amplio abanico de víctimas, pero se niega a indagar sobre sus victimarios. Junto a ello, el acceso a la justicia sigue siendo ignorado olímpicamente y la reparación contemplada va poco más allá de ser meramente declarativa. Sin embargo, de lo que se trata es, no solo de levantar el mando del silencio que cubrió los crímenes del franquismo, sino también la losa de la impunidad que ampara a sus perpetradores, a quienes se sigue protegiendo.

    Una memoria histórica que se pretendiera democrática debería ir bastante más allá de conformarse con rellenar huecos en la historiografía recibida, reponiendo algunas de sus páginas arrancadas. Se trataría así, además de lo anterior, de reescribir el relato desde el principio y hacerlo desde el punto de vista de los leones y los porteadores, que no es otro sino el de la defensa incondicional de todos los derechos humanos, la condena de sus violaciones y la reparación para todas sus víctimas.

    En este sentido, la memoria histórica referida al estado español debería señalar que las violaciones flagrantes de estos derechos, si bien comenzaron el 18 de julio de 1936 (asesinatos, desapariciones,…), se han mantenido durante más de 80 años y tenido sus últimos episodios en la playa de El Tajaral –Ceuta-, y en las vallas que cercan el Barrio Chino de Melilla, donde hemos visto de nuevo imágenes de actuaciones policiales en las que seres humanos, como en el 36, eran tratados como animales.

    La Constitución de 1978 no puede ser punto y final para ninguna memoria histórica, pues existe un cordón umbilical que une la dictadura franquista con el régimen actual, cual es el de la impunidad. Cordón trenzado por gruesas hebras policiales, beneméritas, económicas, políticas y judiciales heredadas del franquismo, que explican, entre otros, hechos tales como el golpe de estado del 23-F, los crímenes de estado del GAL o los miles de casos de constitucionales torturas habidas en Euskal Herria en las últimas décadas.

    La afirmación de que “lo nuestro son errores, lo de ellos crímenes”, del ministro del Interior, Martín Villa, sobre los sucesos de Sanfermines de 1978, ha sido el guión seguido después por los posteriores ministros del Interior: Barrionuevo, Corcuera, Rubalcaba, Fernández Díaz… El actual, Grande Marlaska, ni siquiera ha admitido la existencia de errores en la actuación benemérita de Melilla, pues para él ésta fue razonable y proporcionada. La versión oficial afirma así que la única violencia que allí existió fue la de quienes después resultarían asesinados, desaparecidos y machacados. Nada nuevo bajo el sol. Nuevamente es el bwana, Grande Marlaska, quien escribe la historia del safari de Melilla. No es de extrañar en alguien que ha hecho oídos sordos y ojos ciegos ante las denuncias por torturas a él presentadas, razón por la que el Tribunal Europeo de DD.HH. ha condenado al Estado español en reiteradas ocasiones.

    Hay quienes tienen puestas grandes esperanzas respecto a lo que pueda suponer la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. ¡Ojalá éstas -lo decimos sinceramente-, puedan convertirse en realidad! Apurar hasta la última gota las posibilidades de la misma es una obligación indudable. Pero también lo es el seguir golpeando contra las puertas que sigue dejando cerradas: derogación de la Ley de Amnistía, acceso a la Justicia para poder juzgar los crímenes del franquismo, restitución de bienes apropiados e indemnización por daños causados, bebés robados,… De lo contrario, se podría estar vendiendo la primogenitura de la memoria histórica por un plato de lentejas con más o menos sacramentos.

    Frente a las grietas que se han abierto en el muro de la impunidad del franquismo aparecen hoy dos posibles políticas. La primera consiste en taponar aquellas con algunas reformas y tratar de cerrar así para siempre este capítulo. La segunda trata de agrandarlas a fin de que pueda caer de una vez por todas aquella muralla. Al igual que sucede en otros ámbitos (feminista, ecologista, sindical…), ésta segunda se sitúa dentro del ámbito de lo políticamente incorrecto. ¡Qué le vamos a hacer!